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16 años visibilizándo la crisis carcelaria en Venezuela

El 24 de septiembre día la Virgen de las Mercedes y día Nacional del Interno fue creado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) una organización no gubernamental que nació en el 2002 para velar por el respeto de los derechos humanos de la población reclusa en el territorio nacional.

De la mano de Humberto Prado como coordinador general de OVP la organización ha ido creciendo convirtiéndose en un equipo conformado por Politólogos, Criminólogos, Sociólogos, Arquitectos, Penitenciaristas,  Abogados, familiares, estudiantes y voluntarios quienes han contribuido a verificar y recibir las denuncias de cada uno de aquellas vejaciones, maltratos y situaciones irregulares que se viven en los centros penitenciarios de Venezuela.

La trayectoria de OVP ha querido ser descalificada, judicializada y criminalizada, atacada por el Estado, pero el compromiso y la imparcialidad con la que trabaja todo el equipo han visibilizado la crisis carcelaria en Venezuela. Aunque el Gobierno nacional no muestra números reales de lo acontecido dentro de los penales, desde el años 2005 OVP comenzó a presentar informes anuales llevando una data de los internos fallecidos, heridos dentro de los recintos penitenciarios, así mismo las huelgas, motines y hechos irregularidades; además se documenta cada una las denuncias de los reos y los propios familiares y  con cada una se va dejando en total evidencia que en nuestros penales la violación de los Derechos Humanos se siente con mayor fuerza con el pasar de los años.

Es por ello que OVP nos sentimos más comprometidos para ser una voz de quienes no tienen voz  que están detrás de las rejas. Así mismo se han publicado doce informes temáticos, entre ellos uno muy importante que es el compendio de normas y estándares nacionales e internacionales sobre personas privadas de libertad que contiene todos los instrumentos que reglan el Sistema Interamericano, Universal y Europeo de los derechos de los presos y además el cruce de sentencias de fondo de la Corte IDH, Sistema Europeo y Sistema Universal. Se han realizado  contundente denuncias en estos 16 años, siendo las más recientes: el caso de la desaparición de un privado de libertad en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y posterior se hizo el hallazgo de osamentas humanas en una fosa común dentro del penal; la masacre del retén policial de Amazonas; la denuncia de los 69 muertos en los calabozos de PoliCarabobo, entre otros.

Entre los logros de OVP nos encontramos como beneficiarios por  la Corte Interamericana IDH de Medidas Provisionales sobre los centros penitenciarios La Pica, Yare I, Yare II, Rodeo I, Rodeo II, Tocorón, Uribana, Vista Hermosa, de la región andina CEPRA y medidas cautelares de la CIDH en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez en Carúpano, estado Sucre.

Somos usuarios del Sistema Interamericano y Universal de los Derechos Humanos, asistiendo como invitados a sus períodos de audiencia y reuniones de trabajo de las violaciones de Derechos Humanos de los presos en el país. El Estado ha pretendido que se levanten las medida de  protección como si no estuviera pasando nada, pero desde OVP se sigue demostrando que la situación en los penales es grave por ello no ha sido posible acabar con la misma.

Humberto Prado, coordinador general de OVP se siente satisfecho con la labor de todo su equipo, expresa que continuarán trabajando de la mano de todos sus coordinadores regionales y todo el equipo que conforma está organización para visibilizar la grave crisis en los penales y que se está extendiendo a Centros de Detenciones Policiales, en donde continúa la violencia, el hacinamiento haciendo de las suyas. Expresó Prado que la crisis humanitaria también ha llegado a los penales y es que las constantes denuncias sobre la falta de alimentación, la muerte de presos por desnutrición y enfermedades. Agradecemos a todos los medios de comunicación: radiales, medios audiovisuales, impresos, diferentes páginas web por su apoyo continuo a los trabajos que presenta nuestra organización sobre la pobre justicia humana que hay en el servicio penitenciario de nuestro país.

“Es una labor que no tienen descanso, es una labor muy necesaria y urgente en estos tiempos y pone de relieve la verdad de lo que es el sistema carcelario venezolano que nunca se ha preocupado por solventar los problemas de los que están tras las rejas sino que más bien ha agudizado el problema y han hecho de las cárceles venezolanas un gran negocio” expresa el padre Raúl Herrera, director  del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV.

Mientras que para Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) manifiesta que la labor que cumple OVP en el país es  indispensable y a favor de las personas más olvidadas, en sectores muy vulnerables, “es de las ONG que más trabajo de base tiene y eso le da unas raíces populares muy importantes”.

Marino Alvarado, activista de Derechos Humanos, asesor jurídico de OVP, de Provea y de Amnistía Internacional, asegura que estos 16 años de trabajo del Observatorio no han sido fácil. “Desde que nació como organización ha tenido que afrontar los ataques permanentes del Gobierno, pero de distintos gobiernos como el de Chávez y Maduro, que se han empeñado en obstaculizar la labor de OVP, de buscar intimidar; sin embargo el equipo del Observatorio ha sabido dar respuesta, manteniendo un vínculo  no solamente con los presos y las presas de las distintas cárceles del país, también defendiendo sus derecho, interponiendo acciones a nivel nacional y a nivel internacional en donde se ha llevado la grave situación que se vive en las cárceles venezolanas”

El trabajo y labor de OVP se ve reducido a la más reciente entrega del premio de “Activismo Destacado” de manos de Amnistía Internacional Venezuela.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones  

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.