Washington, 18 feb – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, estado de Nuevo León, México, en los que 49 personas perdieron la vida, y 12 resultaron heridas.
La Comisión Interamericana urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables.
El 11 de febrero de 2016 tuvo lugar un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, capital del estado de Nuevo León. De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el motín inició debido al enfrentamiento entre integrantes de Los Zetas y del cártel del Golfo.
Las autoridades retomaron el control del centro de detención aproximadamente 90 minutos después de iniciados los hechos. Los informes de prensa nacional indican que el despliegue de la fuerza estatal incluyó participación de miembros del Ejército, la Marina y las fuerzas federales.
Ante esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), emitió un comunicado de prensa en que condenó esta situación de violencia, demandó el pleno esclarecimiento de estos hechos y determinó atraer el caso para investigarlo.
Según información recibida luego de los hechos, el Estado de Nuevo León habría determinado el traslado de aproximadamente 230 internos del penal de Topo Chico a otros centros de detención.
Los familiares señalaron que aún no habrían sido informados sobre los internos que serían trasladados ni dónde. En los casos de traslados colectivos de internos como medida de seguridad, el Estado tiene el deber de informar sin mayor dilación acerca de la nueva ubicación y las condiciones personales de los internos.
De conformidad con declaraciones del gobernador de Nuevo León, los hechos de violencia referidos tuvieron lugar en una situación crítica de hacinamiento. En este sentido, la CIDH urge al Estado mexicano a adoptar pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo de medidas alternativas a la misma.
Por otra parte, la Comisión Interamericana llama al Estado mexicano a continuar con la investigación de estos hechos, y recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.
Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.
