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En la cárcel de Uribana

“Nuestros hijos se están muriendo por favor ayúdennos”

“Un exterminio es lo que están haciendo en contra de los presos de la cárcel de Uribana. La falta de atención médica, la alimentación y la falta de agua es lo que está matando a estos muchachos y el Estado sigue sin dar respuestas” indica Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y es que este viernes 18 de enero falleció otro preso, sería uno de los seis que se encontraba hospitalizado en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara y el segundo en morir en un lapso de 48 horas.

Llamados de auxilios por parte de los presos, de sus madres, esposas y demás familiares de los presos del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana y ubicado en el estado Lara, es lo que llegan al OVP, “nuestros hijos se están muriendo por favor ayúdenos, háganlo público”, es lo que se escucha a través de la bocina del teléfono al preguntarle los síntomas, todos son similares, fiebres altas y diarreas y el denominador común “no los quieren sacar”.   

Un desfile de presos es lo que se ha visto en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda desde este jueves a quienes han traído y llevado, los síntomas, fiebre, y diarrea, los ingresan deshidratados y muy débiles, muchos son estabilizados y devueltos al penal, el jueves 16 de enero se presentó el caso de tres presos a quienes ni siquiera atendieron porque no habían insumos. El jueves 17 de enero había un reporte de seis presos hospitalizados por diversas causas, uno de ellos era Adolfo Elías Lucena Silva (24), quien a las 12:30 de la medianoche de este viernes falleció.   

“Gracias a Dios mi hijo no murió solo allí tirado, por lo menos Dios me dio la oportunidad que muriera aquí a mi lado”, cuenta la señora Beatriz Lucena. Ella con gran tristeza cuenta que perdió al segundo de sus tres hijos, quien dejó huérfano de padre a una niña de 3 años, asegura que se entregó en cuerpo y alma a su muchacho. Adolfo Elías fue detenido el 3 de junio del 2012 por el delito de droga, estaba en condición de procesado, los 45 días que correspondían para que se llevara a cabo su audiencia se convirtieron en 6 años y 7 meses, fue víctima del retardo procesal, nunca lo sacaban, la diferían, siempre había una excusa.

Beatriz comenta al equipo de OVP que su hijo estaba recluido en la cárcel de Fénix, penal que se encuentra a unos metros de Uribana y en el mes de noviembre cuando los presos salieron de sus módulos desesperados a recoger agua de lluvia, a ellos los castigaron y allí a Adolfo Elías lo pasaron a Uribana el 18 de noviembre, donde lo aislaron, no había tenido contacto con su familia, sin embargo desde diciembre comenzó a recibir mensajes de otros presos que le decían que su hijo estaba mal, desde el 20 de diciembre presentaba fiebres altas. “El tiempo que duró mi hijo aislado rebajó como 20 kilos, me decía a través de cartas que no comía y no le daban agua. Yo angustiada iba hablaba con el director y la respuesta de él es que si le daban comida, pero yo sé que me mentía. Cuando mi hijo lo sacaron este jueves 12 de enero porque tenía mucha diarrea, vomito y fiebre, me lo entregaron muy flaquito, algunos no lo reconocían”.

Beatriz Lucena explica que al ser ingresado a la emergencia del Hospital Central el mismo día lo pasaron a observación y ya el lunes lo subieron a 4to piso, le estaban colocando antibióticos, soluciones y además un medicamento para restaurar la flora bacteriana porque la diarrea no cesaba. “El médico que lo atendió nos dijo que era una bacteria que había contraído en Uribana, la misma había afectado vías digestivas, pulmones y ya nos habían dado las ordenes para los exámenes y determinar que bacteria era pero no dio tiempo”, relata la madre del preso, a la misma vez que denuncia que le están diciendo que murió de un dengue hemorrágico y ella sabe que eso no era lo que tenía su hijo.

“Eso no es una epidemia, lo que hay en Uribana es una pandemia son muchos los presos que están enfermos y yo hoy hablo no porque quiero arremeter contra el penal, sino que quiero salvar vidas, no quiero que sigan muriendo más muchachos, no quiero que otra madre pase por este dolor”, expresa a OVP Beatriz.

Ahora quedan cinco presos hospitalizados. Uno de los que está en el Hospital Central fue intervenido de emergencia la noche del jueves 17 de enero, luego de hacerle un eco supieron que tenía una obstrucción intestinal la cual había afectado el intestino, además tenía una peritonitis, ahora su estado se agravó. A sus familiares le han pedido todos los insumos en el principal centro asistencial de la ciudad, soluciones, yelcos y compresas, además de los exámenes que han debido efectuarlos por la vía privada porque tampoco cuentan con un laboratorio. Hasta ahora el Estado no ha respondido por los gastos de tratamiento, ni tampoco por los gastos funerarios, de las dos personas que han fallecido en Uribana en este lapso de 48 horas.

El OVP exige una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial e insta al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo,  debido a la cantidad de fallecidos y personas hospitalizadas y atendidas en el centro médico con los mismos sistemas se amerita establecer un estudio con carácter de urgencia de etiología del brote infeccioso, para establecer las causas y prevenir que haya un costo mayor de presos muertos en esta prisión.

Humberto Prado hace hincapié que el Estado no puede tomar a la ligera lo sucedido en este penal, pues el mismo se encuentra bajo medidas provisionales emitida el 2 de febrero del 2007 por la Corte IDH, y el Estado debe responder por la vida de la población reclusa, los funcionarios que trabajan en este establecimiento, los familiares y los que puedan ingresar en un futuro en esta cárcel.  Las muertes de Reinaldo José Moreno (51) y Adolfo Elías Lucena Silva (24) serán notificadas por el OVP ante la Corte IDH y el Estado debe resarcir a los familiares porque ellos estaban bajo la custodia del Estado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.