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En la cárcel de Yaracuy familiares pagan más causas que los presos

Más de 1.400 presos permanecen en el Internado Judicial de San Felipe ubicada en el estado Yaracuy y conocida como La Cuarta, este penal es de régimen abierto en donde existe figura del pranato y según sus normas semanalmente los presos deben cancelar una causa de 5 mil bolívares.  

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) tuvo conocimiento que los presos cancelan su dinero en efectivo, es su familia quien mayormente les provee el efectivo o adquieren los billetes dentro de la propia cárcel con un costo de 30 % más. Quien no cancela la causa tendrá problemas con el pran (líder), será castigado o incluso le puede costar la vida. 

Pero en La Cuarta se está viviendo una situación grave con los familiares de los presos a la hora de la visita y es que ese penal según fuentes internas que denunciaron a OVP manifiestan que los visitantes deben dejar en la puerta productos de la cesta básica o dinero antes de entrar. Según exponen a OVP es que supuestamente y según la información aportada por los informantes indican que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quienes cumplen función de seguridad de la parte externa del penal les están cobrando a los familiares la cantidad de 5 mil bolívares por el derecho a entrar a la cárcel; las cancelaciones se realizan a través de efectivo, también tienen la opción de pago móvil o un artículo de la cesta básica, no bastando con este primer cobro que se realiza en la puerta de La Cuarta existe otra modalidad de cobro de vacuna también realizada por estos uniformados para aquellas visita que no desean hacer cola para entrar o simplemente no quieren pasar por una requisa pueden cancelar entre 5 a 6 mil bs. 

Aunque para los altos costos de vida en el país 5 mil bolívares puede ser considerado poco pero para un privado de libertad significa un gran esfuerzo porque muchos no tienen la forma de hacer dinero y debe ser suministrado por los familiares que suelen ser personas de escasos recursos o que dependen de un sueldo mínimo, sumado a que para visitar deben cancelar 5 mil bolívares más y la visita en la cárcel de San Felipe es tres veces a la semana una persona para visitar a un preso puede gastar entre 20 a 40 mil bolívares semanal.  

Los privados de libertad de La Cuarta consideran que prácticamente son extorsionados por parte de los funcionarios para dejar pasar a sus familiares. 

Otra de las situaciones denunciadas al equipo de OVP es que dentro del recinto penitenciarios existen bastante presos con tuberculosis y no tienen atención médica, ni son sacados a los centros asistenciales a la hora que se presentan una emergencia, no cuentan con una ambulancia ni vehículo para traslado tampoco. 

Para salir a los tribunales la falta de vehículo hace de las suyas y particularmente deben buscar la forma de cancelar el transporte el cual deben pagar hasta 5 dólares por un traslado. 

Humberto Prado, coordinador general de OVP manifiesta que estás prácticas que se vienen haciendo en el estado Yaracuy no son más que corrupción por parte de funcionarios del Estado venezolano y deben ser sometidas a una investigación exhaustiva e imparcial de forma inmediata. Prado también denuncia que existe una sobrepoblación en ese penal en el que actualmente se encuentran 1.402 reclusos cuando su capacidad es de 450 personas. 

El coordinador general de OVP  explica que está situación de Yaracuy será notificada a la Comisión Interamericana de DDHH, al Relator de Personas detenidas en Las Américas de la CIDH, Sistema Interamericano a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad y Relator de Venezuela de CIDH, al Sistema Universal al Comité Contra la Tortura y otros Tratos Crueles Degradantes e Inhumanos a la Relatoría de Detenciones Arbitrarias.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones