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Humberto Prado informó que la CIDH mantiene a Venezuela en el Capítulo IV en vista de las graves violaciones de DDHH en el país

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ubicó a Venezuela dentro del capítulo 4 que agrupa a los países con graves problemas de violación de Derechos Humanos.

“Los países que aparecen como Guatemala, Cuba y Venezuela en el capítulo cuarto tienen problemas estructurales de violación de Derechos Humanos en cada una de esas regiones y ha sido calificada como el país que tiene uno de los más graves problemas carcelarios en todo el continente”, explicó.

Prado dijo que las cárceles deben ser descentralizadas y deben estar bajo la custodia de un sólo organismo de seguridad para que exista un verdadero control sobre el  ingreso de armas a los penales.
 
La guardia tiene la seguridad externa y el ministerio penitenciario la seguridad interna la seguridad interna le echa la culpa a la guardia y la guardia a la seguridad interna como no pueden haber 2 organismos y uno le responde al capital y el otro al director la guardia nacional tiene que salir y tiene que formarse un sólo cuerpo para que sea la responsabilidad de un solo organismo de lo contrario seguiremos teniendo estos problemas por más de 50 años”, acotó.

Exhortó a la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela, a revisar los planes que promueve y atender las necesidades de las personas privadas de libertad.

También resaltó la grave situación que se registra en los calabozos de las policías del país, al no recibir cupos para traslados, destacó que los policías no están formados para custodiar reclusos sino para la seguridad ciudadana.

Humberto Prado: “Las cárceles requieren educadores, no represores”

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.