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La ONU pide a México tomar medidas para afrontar la crisis carcelaria

Monterrey, Mexico, February 11, 2016. REUTERS/Daniel Becerril
Monterrey, Mexico, February 11, 2016. REUTERS/Daniel Becerril

Las oficinas en México de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos humanos (ONU-DH) pidieron hoy a las autoridades mexicanas hacer frente a “la grave situación carcelaria” que vive el país.

En un comunicado, llamaron a “analizar las causas estructurales que dieron origen a los graves hechos ocurridos en Topo Chico”, donde una disputa entre dos grupos rivales por el control de ese penal de Monterrey causó la muerte de 49 reos, y a tomar medidas para prevenir tragedias similares en el futuro.

Las instituciones resaltaron la necesidad de “investigar los hechos ocurridos de manera diligente, procesar a las personas que resulten responsables de los mismos y proveer información fidedigna a las familias de las víctimas”.

Recordaron que “al privar a una persona de su libertad, el Estado tiene la obligación de proteger su vida e integridad”.

Sin embargo, señalaron, en México se combinan la violación de los derechos humanos de reos, “las debilidades de la política de rehabilitación y reinserción, serias deficiencias en las condiciones de detención y la transformación de facto de varios centros (…) en lugares de reclutamiento de las organizaciones delictivas”.

Por ello, pidieron a las autoridades reforzar las políticas penitenciarias bajo un enfoque de reinserción social, respeto y garantía a los derechos humanos, “así como mejorar de manera sustancial las condiciones de detención”.

La UNODC y ONU-DH reiteraron su disposición a “brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.