Humberto Prado: “Les cerraron la puerta para matarlos, quemarlos y dispararles a quemarropa”

El 28 de marzo de 2018 se registró una de las masacres más violentas de Venezuela en donde fueron asesinadas 69 personas, 67 presos que estaban bajo la responsabilidad del Estado y dos mujeres que pernotaban dentro de los calabozos de la Comandancia de la Policía del estado Carabobo.

Humberto Prado, coordinador general de Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó junto a todos los coordinadores regionales de esta organización una investigación realizada con los testimonios de 21 familiares, sobrevivientes de la masacre de PoliCarabobo, además de consultas de expertos donde se evidencia que se está en presencia de un homicidio. “Aquí no se trata que les abrieron la puerta como el retén de Catia, sino que les cerraron la puerta para asesinar a 69 personas, 67 presos bajo la responsabilidad del Estado que desde el momento de la detención es responsable de la vida y la integridad física de cada uno de los detenidos en esos calabozos policiales que lamentablemente dejaron huérfanos, dejaron hogares sin la presencia de uno de los miembros de esa familia y que murieron también dos mujeres que se encontraban pernoctando en esos calabozos en total 69 personas.

Como les dije no es que les abrieron la puerta para dispararle sino es que les cerraron la puerta para quemarlos, y además de quemarlos para dispararles a quemarropa”.

Según la investigación de OVP el principal responsable es el Estado y el Gobernador de ese estado y la Ministra de Asuntos Penitenciarios porque tienen un Centro Penitenciario, más el centro de reclusión el Hombre Nuevo tienen cupo y los mantenían en ese centro de detención policial y no eran trasladados.

“Aquí no se trata de que aquí no me compete a mí, que eso es responsabilidad mía porque el sistema carcelario funciona como un reloj suizo, hay quien se encarga de la detención y hay quien se encarga de la reclusión y si una de las partes no funciona el sistema se paraliza, entonces no se trata de evadir responsabilidades, sino que hoy lamentablemente se están cumpliendo más de esos 7 meses de esos hechos tan lamentable y hasta la presente fecha lo que tenemos es cinco personas imputadas y que algunos no sabemos si están en libertad, porque dicen que están en su comando detenido pero no sabemos si están en libertad”, manifiesta Prado.

Así mismo OVP presentará un informe a al relator de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y al relator de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela, sobre este caso ya que las instancias nacionales no han hecho una investigación, sino una imputación sin individualizar las participaciones de los responsables.

“Murieron 69 seres humanos, 67 bajo la responsabilidad del Estado y dos mujeres que hay que preguntar quién dio permiso para que se quedaran en esos calabozos policiales, porque que yo sepa las visitas al centro de detención es que usted visita y se va, no es que se queda durmiendo como si fuera un hotel. Tienen que haber responsabilidades también en cuanto a ese tipo de acción y por ello no espero de parte del Estado ninguna acción de justicia a tiempo sino que hay justicia a destiempo y el Estado de derecho ustedes saben cómo están que hay personas detenidas que llevan más de un año allí.

Como es posible que 69 personas fueron asesinadas y aquí no pasó nada a 7 meses y 3 días tenemos esposas simplemente diciendo yo lo que quiero es justicia, cuando el Estado además de justicia le tiene que resarcir los daños materiales y morales a los familiares, esos muchachos dejaron hijos que deben estar por parte del Estado por lo menos con sus estudios pagos por lo menos para garantizarles una educación por lo menos hasta la universidad porque le quitaron la vida a sus padres, se la quitaron lo asesinaron”, declaró el coordinador de OVP.

OVP además develó que los sobrevivientes de la masacre de PoliCarabobo y sus familiares denuncian a un funcionario activo del Cicpc, identificado como José Luis Aldana como responsable directo de esta masacre el cual está cumpliendo funciones en una delegación del estado Carabobo.

Wilcar González, María Rincones, Nelly Guerrero y Milaydis Navas fueron parte de los seres queridos quienes acompañaron  a Prado en la presentación del informe sobre la Masacre de PoliCarabobo.

Wilcar González en representación de Erickson Zapata (fallecido), de 24 años de edad, padre de dos hijos, expresa que se cansaron de ir a Fiscalía para denunciar lo ocurrido con su esposo y el resto de las víctimas y de tanto trasladarse fue que desde el Ministerio Público decidieron atenderlas y no la totalidad de víctimas, tan solo recibieron a siete familiares y fue en el mes de abril en donde tan solo dieron una declaración por familiar. Especificó además que la audiencia preliminar del caso no se ha realizado porque ha sido diferida en cinco ocasiones.

Nelly Cecilia Guerrero, madre de Charles Jhanier Guerrero (23), víctima de la masacre indicó que hace ocho días fueron al Ministerio Público y el representante de la Fiscalía 35 le manifestó que si querían llegar a un juicio los familiares de las 69 personas fallecidas debían buscar evidencias, además de las actas de defunción de cada uno de los fallecidos y hasta le recomendó buscar un abogado. “Ellos no han actuado como debieran actuar, nosotros como familiares sabemos más que la Fiscalía, porque esas personas no estaban enteradas que el 28 de septiembre había audiencia y la única que estaba era yo y como no llegaron los defensores de los PoliCarabobo la difirieron haciéndome firmar un acta dándome por notificada para la nueva audiencia que es el 19 de noviembre y hasta la fecha ninguna de las víctimas han sido notificadas”.

Se pudo conocer a través de la investigación realizada por el OVP que la mayoría de los fallecidos en la Masacre de PoliCarabobo estaban sentenciados, no debían permanecer en un centro de detención.

La señora Wilcar González además explicó que su pareja tenía 10 meses recluido en la comandancia por el delito de robo agravado en grado de frustración y debió encontrarse en uno de los tres penales de Carabobo porque tenía 8 meses sentenciado, pero alegaban que no había espacio, confesó que para hacer un traslado a un penal debían pagar y en el mes de marzo del 2018 la tarifa “para ser llevado a un Hombre Nuevo era de 400 mil bolívares, para Tocorón era un millón de Bolívares”. En  esa comandancia policial existía tarifa para la visita, para los días que no eran de visita y uno quería ver su familiar había que pagar, para pernoctar había que pagar, si querías pasar una colchoneta, un ventilador, algo para que tuvieran mejores condiciones de vida tenías que pagarle a los funcionarios y las tarifas dependían de los efectivos estuvieran de guardia”.

“Gracias a Dios que nos puso al doctor y sus abogados en nuestro camino porque son los únicos que nos han apoyado y dado la cara, comentó Nelly Guerrero, al hacer referencia al OVP, aseguró que el Gobernador de la región “dio la orden para que todo sucediera, pusieron presos a quienes estaban en el momento, pero a los verdaderos autores del hecho andan libre. Él se cree Batman, que está en ciudad gótica y nosotros somos wasones, él dijo que iba a intervenir, pero no creíamos que de esa forma, deja la orden y se fue. En su momento dijo que lamentaba lo que había sucedido, pero con eso no va a revivir a mi hijo, ni a nuestros seres queridos, ni nos da una aclaración a lo que está sucediendo.

Aquí no hay justicia, aquí estamos esperando la justicia de Dios porque la de los hombres en esta tierra no hay, por lo menos en este Estado, ni tribunales, ni fiscales, ni presidente nadie, nadie nos ha dado una mano, ni nos ha dicho que paso. Nosotros estábamos presente cuando mataron a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares y escuchamos, vimos todos”, comenta Guerrero.

Los familiares de los fallecidos de la Masacre de PoliCarabobo no han decaído en la búsqueda de la verdad y la justicia por eso han relatado a OVP que han sido víctimas de ataques y amedrentamientos por parte de funcionarios policiales.

A la misma señora Nelly Guerrero, hace cuatro meses caminaba desde el cementerio hasta su casa, la persiguieron unos motorizados encapuchados, “quédese quietecita como en la cedula y no le eche paja a los superiores, quédese con la boca cerrada para que no le entren las moscas”. Otra de los familiares fue víctima de un allanamiento en su vivienda en donde se encontraba el funcionario de apellido Aldana, quien es señalado por sobrevivientes y familiares como autor de los hechos destaca el coordinador general de OVP.

Mientras María Rincones, madre de José Manuel Pedro Rincones (fallecido), fue víctima de un ataque por parte de un policía, a ella le dispararon en las afueras de su vivienda hace dos meses, por fortuna no la hirieron porque ella se tiro en el piso, pero el efectivo si le dio un mensaje: “eso es para que estés sapeando a los compañeros míos”.   

OVP por la Masacre de Carabobo solicita una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos, que se realice la exhumación de cadáveres ya que muchos de ellos presentaron impactos por arma de fuego, se realice una investigación y se sancione a los responsables materiales de estos hechos, a los posibles autores intelectuales y aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión y ponerlos a la orden de los tribunales penales, entre ellos al funcionario José Luis Aldana, quien aparece mencionado por familiares y sobrevivientes y no ha sido imputado. Que se indemnice a las víctimas y sus familiares, incluidos conyugues e hijos, por los daños morales y materiales causado por la muerte de sus seres queridos

EL OVP reitera que siempre va acompañar a los familiares de las víctimas que son objetos de tortura de maltrato, de víctimas de homicidios

 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones