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OVP finalizó con éxito 3° Simposio “Los Estragos del Hambre en Venezuela”

Este lunes 12 de diciembre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre, con el 3° Simposio “Los Estragos del Hambre en Venezuela”, el cual tuvo lugar en el hotel Pestana de Caracas y en el que además participaron numerosas organizaciones no gubernamentales.

Humberto Prado, director del OVP, brindó la más cordial bienvenida a los presentes, a quienes les recordó que la escasez de alimentos y el alto costo para acceder a muchos de ellos, atenta contra los derechos fundamentales de todos los venezolanos, incumpliendo de esta manera con lo dispuesto en los tratados internacionales para garantizar que toda persona sea digna del máximo respeto y consideración.

Durante su ponencia sobre las cárceles venezolanas, Prado enfatizó que “el 100% de los detenidos en el Centro Policial de Cumaná, estado Sucre, sufre escabiosis (sarna), incluso los policías están padeciendo de esta enfermedad. Los presos en Venezuela solo deben lidiar con la falta de medicamentos, el hacinamiento y la violencia, sino que la hambruna ya traspasó los barrotes de la cárcel, y algunas ya han muerto de desnutrición”.

También reveló que el monto para la alimentación diaria de los presos es de 11.015 bolívares, incluyendo las tres comidas. “¿Quién está instando al canibalismo en las cárceles? ¿Quién insta a que los presos vean a un perro y un gato como un pollo para comérselo? La culpa es del Estado, porque no puede ser que bajo su responsabilidad ocurran todo tipo de crímenes que atentan contra los derechos de los privados de libertad”.

Susana Raffalli, investigadora de Provea, sentenció que la alimentación vista como derecho humano está contenida en el impacto de los derechos universales de la humanidad. “En el año 1999, todas las naciones, incluyendo a Venezuela, se comprometieron a honrar el derecho a la alimentación. Incluso, en 2004, la FAO emitió lineamientos sobre una hoja de ruta práctica para hacer posible este derecho”.

Asimismo, añadió que “el garante de la alimentación en Venezuela es el Estado y eso se resume en tres obligaciones, que se resumen en facilitar directamente que la gente coma, respetar a los otros actores que hacen posible que todos las personas coman (industrias, supermercados, etc), y proteger al ciudadano de cualquier factor externo que lo influya a ir en detrimento de la capacidad de comer. El incumplimiento de todas estas obligaciones se traduce en la duplicación de la desnutrición infantil, que reporta un 22% a 30% en menores de cinco años”.

Por su parte, Gloria Perdomo, directora de la Fundación Luz y Vida, refirió que los niños, niñas y adolescentes son los más afectados por la falta de acceso a la alimentación en Venezuela. “El derecho de nuestros niños a un nivel de vida adecuado está previsto en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de otros instrumentos legales. Estudios en esta materia revelaron que hay niños que solo comen dos veces al día, que se desmayan en los colegios o liceos, e incluso en algunas oportunidades ni siquiera comen en todo el día, principalmente los adolescentes que protegen a sus hermanos más pequeños”.

Luis Francisco Cabezas, presidente de Abuelos Miranda, manifestó que “el mundo envejece y Venezuela no está exenta del fenómeno y lo hará a un ritmo muy rápido. En cuanto a la alimentación de los ancianos en los programas de alimentación impulsados por la Gobernación de Miranda, por déficit presupuestario les brindamos almuerzo fijo y ocasionalmente desayuno”.

De igual manera, recalcó que el 78% de los inscritos en Abuelos Miranda son de escasos recursos, mientras que 38% no cuenta con asignación económica por parte del Estado. “Gracias al ahorro de los alimentos que les proporcionamos, a siete de cada diez abuelos le alcanza un poco más el dinero para comprar medicinas. No obstante, desde julio a noviembre de este años la pérdida de peso mensual en los ancianos es de 1,3 kilos”.

En tanto, Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, aseguró que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución nacional, entre otros instrumentos legales, además de crear un espacio propicio para la corrupción. “El sistema de los CLAP es esquemático de destrucción, que genera un apartheid político a través de la comida, porque la línea directa que exige el Gobierno para acceder a este beneficio es a través del partido oficialista. Son una herramienta de control político para humillar a la población”.

Recalcó que el Gobierno venezolano no garantiza la soberanía alimentaria y viola los derechos humanos al faltar al marco jurídico, el amedrentamiento y la discriminación. “Cabe destacar que los grupos más afectados por la escasez de alimentos son las embarazadas, los niños en edad escolar, los adolescentes, pues se ve afectado su desarrollo tanto físico como cognitivo; y las personas de la tercera edad, quienes desarrollan rápidamente enfermedades latentes”.

Por último, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, informó “que los venezolanos no se han quedado callados ante la frecuente violación contra sus derechos humanos, pues durante este año se han registrado 5.672 protestas, siendo un 26% de ellas para exigir el derecho a la alimentación, con un pico en el mes de junio. Entre enero y octubre de 2016, hubo un incremento del 70% en las protestas por alimentos, lo que quiere decir que este es el principal problema de los venezolanos”.

Finalmente, sentenció que “desde el Estado venezolano han querido hacer ver que las protestas son lideradas por partidos políticos o agentes internacionales, pero diversos estudios reflejan totalmente lo contrario. Incluso, en este año se han registrado 711 saqueos o intentos de saqueos, con un incremento del 199% en comparación con el 2015, así como también se incrementaron la cantidad de personas hurgando en la basura y los detenidos por robo de productos alimenticios”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.