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Sentenciados a pena de muerte: la cruda realidad de las cárceles en Venezuela

Aunque la pena de muerte no está establecida en la Constitución Nacional del año 1999, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en el Informe correspondiente al  2018, aseguró que estar preso en Venezuela “es una condena de muerte”.

Al presentar el documento, el director del OVP, Humberto Prado, informó que durante  2018 un total de 291 privados de libertad perdieron la vida.

“Desde el año 1999 hasta la fecha han muerto 7.270 personas dentro de las cárceles venezolanas”, dijo Prado.

Agregó que otras 17 mil 179 han resultado heridas en hechos registrados dentro de los recintos penitenciarios.

“En total, 24 mil 449 personas han sido víctimas de la violencia carcelaria venezolana”, precisó el experto.

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Sobran razones para morir

Humberto Prado explicó que entre las razones de muertes en las cárceles figuran las siguientes:

1.- Casos relevantes de violencia carcelaria: asesinatos en la cárcel de Valencia (69 fallecidos), motín en la Centro Penitenciario Fénix, estado Lara (11 fallecidos) y fuga en Poliaragua (242 fallecidos).

2.- Situación de salud: hay enfermedades dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias  que cobran vidas a diario.

Hasta este momento se han presentado innumerables casos de sarna y tuberculosis dentro de las cárceles venezolanas.

Aún no se conoce el impacto que han tenido los apagones. Tampoco la falta de agua potable en los ya deteriorados recintos penitenciarios del país.

Cifras

Humberto Prado informó que la población reclusa del país asciende a la cantidad de 46 mil 775 personas.

“44 mil 192 son hombres y 2 mil 583 son mujeres”, informó.

Prado explicó que a pesar del llamado “Plan Cayapa”, decretado por el régimen de Maduro, la mayor parte de la población reclusa sigue siendo procesada.

“Los procesados ascienden a un 63% mientras que los penados alcanzan solo un 36%”, informó .

Destacó que solo un 1% se encuentra en depósitos policiales o régimen de confianza.

Problema mayor

El OVP considera que el mayor problema que presentan los centros de reclusión en Venezuela, además del ocio,  es el hacinamiento.

“La población reclusa en Venezuela es de 46 mil 775 personas y solo hay una capacidad instalada de 20. 766 personas”, señaló Humberto Prado.

Dijo que la conclusión salta a la vista: hay un excedente de 26.009 personas.

“En hacinamiento es crítico y alcanza el 125 por ciento”, dijo.

Población femenina

Según el referido informe las mujeres representan 6% de la población reclusa a nivel nacional.

De acuerdo al trabajo de campo realizado por el OVP solo existe un centro penitenciario para ellas, en consecuencia, son internadas en anexos para la población masculina.

“Además no se les permite recibir visitas conyugales”, dijo Prado.

Agregó que muchas presentan fuertes dolores de cabeza o de columna vertebral debido a los ejercicios a los cuales son sometidas (orden cerrado).

Otro de los problemas que destaca el OVP es la ideologización de la población reclusa.

La ONG destacó que en febrero un nutrido grupo de privados de libertad manifestó su disposición para obstaculizar la entrada de ayuda humanitaria.

“Se trata de un hecho inaceptable que tuvo lugar en el puente Tienditas, del estado Táchira”, dijo Prado.

Sobre el OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) es una ONG creada en el año 2002. Tiene como misión promover y vigilar que los derechos humanos de los privados de libertad sean garantizados por el Estado venezolano.

“Durante más de 16 años de trabajo ininterrumpido, el OVP ha cumplido con presentar periódicamente su informe anual”, indica el documento.

La metodología utilizada para realizar dichos informes contempla entrevistas a los privados de libertad y a sus familiares.

También utilizan artículos de prensa, investigaciones desarrolladas por miembros de Comisiones de DDHH en diversos estados del país e informes elaborados por abogados y profesores litigantes.

Nota de prensa

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.