Un total 291 muertos y 331 heridos fue el fatídico saldo de la violencia desatada en los recintos penitenciarios de Venezuela durante el año 2018, un incremento del 103% en la cifra de fallecidos (143) y 175% en la de heridos (120), en comparación con el 2017. Así lo informó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante la presentación del Informe Anual 2018 “Estar preso en Venezuela es una condena de muerte”, en la parroquia universitaria UCV.
Prado también informó que, a siete años de la implementación del Plan Cayapa, la mayor parte de la población reclusa es procesada, y precisó que el 63% corresponde a procesados, 36% penados y el 1% están en depósitos policiales o régimen de confianza. En tanto, la ardua investigación de campo ejecutada por el equipo del OVP determinó que actualmente se cuenta un total de 46.775 presos (44.192 hombres y 2.583 mujeres).
Durante su alocución ante los medios de comunicación, Prado recordó que actualmente hay nueve cárceles bajo medidas provisionales: Internado Judicial de Monagas (La Pica), Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Uribana), Internado Judicial Capital Rodeo I, Internado Judicial Capital Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I, Centro Penitenciario Metropolitano Yare II, Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Internado Judicial de Bolívar (Vista Hermosa) y Centro Penitenciario de la Región Andina.
En ese sentido, se conoció que en los calabozos policiales del territorio nacional sobreviven un total de 5.171 reclusos, siendo Polisucre el de mayor hacinamiento con 1.088 presos. El director del OVP también manifestó que en Venezuela hay un 125% de hacinamiento crítico, pues los penales tienen capacidad para 20.766 personas, lo que representa un excedente de 26.009 reclusos.
Como las causas del hacinamiento se identificaron el retardo procesal, las reformas al Código Orgánico Procesal Penal, la falta de construcción de nuevos recintos de reclusión y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva.
Situación de salud
Con respecto a la crisis de salud en las cárceles venezolanas, Humberto Prado precisó que este derecho se vulnera constantemente, pues no existe atención médica durante las 24 horas y en la mayoría de los centros de reclusión no se cuenta con el personal ni con los equipos e insumos necesarios para atender emergencias. Las enfermedades más frecuentes son dermatológicas, gastrointestinales y respiratorias, y el Estado no ofrecen tratamiento para aquellos internos que lo requieren; no obstante, son los mismos familiares quienes cubren los gastos de medicamentos.
Casos relevantes de violencia carcelaria
En el año 2018 se registraron tres casos que conmocionaron a la población nacional, siendo estos totalmente evitables con las recomendaciones emitidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y que en todo momento han sido ignoradas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios. El primero al que se refirió Prado fue a los asesinatos en la cárcel de Valencia, donde el miércoles 28 de marzo fallecieron 67 presos y 2 visitantes durante un motín y posterior incendio dentro de los calabozos.
“La incertidumbre en que se mantuvo a los familiares y la agresión que sufrieron al tratar de ser retirados del lugar, mediante el empleo de gases lacrimógenos, constituye otro incumplimiento de compromisos normativos de acuerdo con el Código Orgánico Penitenciario y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, refiere el Informe Anual 2018.
El segundo caso fue el motín en el Centro Penitenciario Fénix-Lara, donde el 16 de mayo se reportaron un total de 11 muertos y 28 heridos durante un motín entre presos y custodios, cuyas causas aún no han sido esclarecidas. Entre las razones se mencionan maltratos, falta de alimentos y fallas en el último Plan Cayapa.
Mientras que el tercer caso que causó gran consternación fue la fuga de 242 detenidos en los calabozos de la Policía de Aragua. Al parecer, este grupo de reos sería trasladado a Tocorón, penal en el que nunca se registró su ingreso. La situación fue finalmente descubierta cuando familiares de tres de los reclusos denunciaron que estos fueron localizados muertos en la vía pública.
Ideologización de la población reclusa
Otra de las denuncias formuladas por el OVP en el Informe Anual 2018 fue la ideologización de la población reclusa, quienes incluso han sido movilizados hasta la sede del Ministerio Público y al puente Las Tienditas en la frontera de Venezuela con Colombia (Estado Táchira) para mostrarse a favor del Gobierno. “Hoy estamos privados de libertad, pero mañana estaremos en la calle para ayudar al ciudadano Nicolás Maduro y a usted ministra (Iris Varela) a defender esta patria sagrada, lo que tanto luchó Chavéz”, dijo un recluso durante su alucoción en un acto gubernamental.
Finalmente, en el informe se denunció la insuficiencia de personal de seguridad y custodia con credenciales académicas, la mala clasificación entre procesados y sentenciados, las malas condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, las deficiencias en los programas de vinculación en el exterior, entre otros.
Mientras que en ese sentido se recomendó destinar un presupuesto adecuado para una alimentación balanceada que reúna las 2.800 calorías requeridas, la creación de la figura del Defensor del Preso, la creación de un grupo interinstitucional para la solución del retardo procesal, la salida de la Guardia Nacional del servicio penitenciario, la instalación de bloqueadores de teléfonos celulares en el perímetro de las cárceles para erradicar diversos delitos, la construcción de cinco centros de detención preventiva
y un plan de reparación en los penales del país.
Informe Anual 2018
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
