La denuncia la hicieron los familiares de los reclusos ante el OVP. Ya están identificados 3 de los 9 arrestados que murieron en los sucesos del jueves
El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, rechazó los sucesos registrados en el centro penitenciario Fénix, del estado Lara, donde hubo 11 muertos y 25 heridos; 2 de los fallecidos fueron los custodios Yender Ramón León Ruiz y Anderson Rivero.
Están identificados tres de los reclusos: Carlos Luis Vizcaya, Yorvy José Silva Ramos y Darwin Rafael Caro Artega. Cuatro de los fallecidos recibieron tiros, uno de ellos fue impactado por un proyectil en la cabeza. Cuatro murieron por heridas cortantes y otro recibió una golpiza.
La información obtenida por el OVP indica de parte de los familiares de los presos que todo comenzó por parte de 70 detenidos luego de culminar la visita, el jueves a las 3:00 pm. Los privados de libertad estaban molestos porque desde el martes fueron trasladados al patio del penal en el que permanecieron tres días bajo tratos crueles. Parientes de los arrestados indicaron al Observatorio Venezolano de Prisiones que los reclusos no reciben alimentación adecuada ni les dan suficiente agua por lo que solicitan la destitución de la directora de ese establecimiento, Carla Sara.
“He ido a visitar a mi hijo y lo encuentro con los labios pálidos, deshidratado porque no toma suficiente agua”, refirió una madre a representantes del OVP. A eso se agrega que las mujeres son sometidas a una intensa revisión antes de entrar a la visita; explicó una madre que también deben quitarse la ropa, luego salgar o pujar hasta que la custodia quiera.
Otra de las mujeres relató que el sábado 5 una de ellas se orinó pues los funcionarios no les permitieron utilizar el baño de la cárcel.
El OVP destacó que otra queja de los familiares de los fallecidos fue que Daniel Mendoza, coordinador de la Dirección de Familia del Ministerio del Servicio Penitenciario no dio trato adecuado a los parientes de las víctimas porque alegó que primero resolvería el caso de los custodios muertos.
Humberto Prado dijo que desde esa ONG se le hace un llamado al Estado para que cubra los gastos funerarios porque la mayoría de los familiares son de escasos recursos. “El Estado está obligado a proteger la vida de las personas privadas de libertad, según el artículo 43 de la Constitución”, explicó.
Fénix tiene una población de 2.030 presos y su capacidad es para 1.400 personas. El hacinamiento se ubica en 145%, explica un informe del OVP. “Esto empeora las condiciones de reclusión de los privados de libertad”, dijo Prado.
El OVP pide abrir una investigación
El OVP instó a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la AN a abrir una investigación inmediata e imparcial sobre el caso.
Humberto Prado dijo que cuando ese penal fue inaugurado en octubre de 2013, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que estaban capacitados con tecnología de alta calidad para hacer requisas a fondo.
Luego indicó: “Deben explicar e investigar por qué en el recinto hay armas y otros artículos ilegales. Los presos siempre responden al sitio donde los tienen recluidos y cuando están hacinados, con calor, sin agua, en pésimas condiciones de salud y mala alimentación, hay un temperamento muy fuerte”. Agregó: “Los responsables deben quedar a la orden de la justicia. Exigimos brinden información a familiares y respondan por los daños causados”.
Nota de prensa El Nacional
