El día de hoy, 19 de marzo de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y delegaciones de Estados Partes denunciaron en el período 55º de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, las violaciones a los DDHH en Venezuela: cierre y ataques al espacio cívico y democrático; las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, malos tratos propiciados por agentes de seguridad del Estado a privados de libertad.
De acuerdo a lo expuesto por la Comisionada Adjunta, Nada Al-Nashif, en 2023 se registró un total de 69 liberaciones de personas cuya detención había sido monitoreada por el equipo de la Oficina, de las cuales 9 emanaba de decisiones relativas al Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, pidiendo la inmediata liberación de todas las personas que continúan en detención ilegal.
Por otro lado, para enero de 2023 el equipo de la Oficina documentó 18 casos de desaparición forzada efectuados por los servicios de inteligencia del Estado y las fuerzas de seguridad, donde las víctimas habían permanecido incomunicadas durante horas o inclusos semanas.
Durante el período en el que estuvieron incomunicadas, las autoridades negaron el reconocimiento de la privativa de libertad u ocultaron el destino de las personas detenidas y que, posteriormente, la mayoría de las personas habían enfrentado acusaciones relativas a conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, traición y lavado de dinero.
Con respecto a la situación de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la Oficina manifestó su preocupación y reiteró los llamamientos anteriores, en relación con procesos electorales en Venezuela para que sean transparentes, inclusivos y participativos, expresando su preocupación por: “las medidas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición”.
En ese sentido, instó al cumplimiento del Acuerdo de Barbados, como paso positivo para establecer condiciones para que las elecciones sean creíbles y recordó a las partes que los DDHH deben ser el centro de cualquier negociación. Así, acogió positivamente la liberación de, por lo menos, 34 personas que estaban en privación de libertad después del acuerdo, pero señaló que muchos siguen sometidos a procesos penales.
Tal como ha hecho en actualizaciones anteriores, la Oficina también se refirió a la situación de los defensores de DDHH, afirmando que estos continúan siendo víctimas de represión, detención arbitraria y amenazas, y destacó los casos de los defensores de DDHH Javier Tarazona y Rocío San Miguel, así como también solicitó a las autoridades abstenerse de adoptar el Proyecto de Ley sobre la supervisión de la regularización, funcionamiento y financiación de organizaciones no gubernamentales y conexas, lo cual podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria “que salva vidas”.
Con respecto a la situación penitenciaria del país, la Oficina indicó haber recibido alegaciones de que había detenidos que sufrían malos tratos propinados por agentes de seguridad o servicios de inteligencia, algunos equivalentes a tortura. De igual forma, precisó que desde julio de 2023, la Oficina llevó a cabo siete visitas a centros de detención, con el apoyo de las autoridades. Con ello, desde 2019, contabilizó un total de 70 visitas y alentó a las autoridades a tomar más medidas para mejorar “las condiciones de detención, garantizar el acceso al agua y alimentos adecuados, y a la salud”.
La Oficina también se pronunció sobre la decisión adoptada por el Gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades que prestaba la Oficina de Asistencia Técnica del Alto Comisionado en el país, declarando que dicha acción era “inconsistente con lo previsto en el Memorándum de Entendimiento entablado entre el Gobierno Venezolano y la Oficina”.
Durante la sesión, la delegación de Luxemburgo intervino en nombre de Bélgica y Países Bajos, y lamentó que, como se acercan las elecciones presidenciales, sistemáticamente se esté silenciando a oponentes políticos y miembros de la oposición. Asimismo, resaltaron su preocupación por la situación de los prisioneros en Venezuela y pidieron a las autoridades que respeten el derecho fundamental de los detenidos, como el acceso a cuidados médicos, asistencia jurídica y contacto con los familiares.
Igualmente, la delegación de Paraguay, en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador y Guatemala, instó al gobierno de Venezuela a implementar las recomendaciones enunciadas en repetidos informes de la Oficina del Alto Comisionado, y a colaborar de manera auténtica y transparente con la Oficina y todos los mecanismos del Consejo de DDHH.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) celebramos, con beneplácito, que en la actualización oral expuesta por el ACNUDH se haya incluido la situación de las personas privadas de libertad en el territorio nacional. Sin embargo, participamos que la crisis de nuestro sistema penitenciario no se circunscribe a la necesidad de mejorar las condiciones de detención, garantizar el acceso al agua, alimentos adecuados y a la salud, por ser más compleja e incluir problemáticas graves como los elevados índices de hacinamiento, la falta de capacitación del personal penitenciario, el retardo procesal, las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa, la corrupción, entre otros.
Sucede, además, que la Oficina del Alto Comisionado no contempló las consecuencias y el significativo impacto en este ámbito, de las siete intervenciones carcelarias llevadas a cabo por el gobierno nacional durante el segundo semestre de 2023, y por las que hubo un traslado masivo e indiscriminado de un total de 8.016 internos.
Hasta el momento, en el OVP hemos documentado la utilización del sistema de justicia para violar el debido proceso e imposibilitar la designación y juramentación de abogados de confianza, contrario al mandato constitucional.
Designar nuevos sitios de reclusión para estas miles de personas, se ha traducido en mayor hacinamiento, y menores alcances para el goce y disfrute efectivo del derecho alimentación, salud e higiene, que por sí mismo el Estado no garantiza a los presos venezolanos, quienes dependen de sus familiares para sobrevivir.
En este contexto, el contacto con el mundo exterior es uno de los derechos más afectados. Si bien estándares internacionales prevén que la cercanía con sus familias y los tribunales que conocen sus causas es determinante para decidir el traslado de los reclusos, observamos la separación por miles de kilómetros que impiden la entrega de la paquetería, la preservación de los lazos familiares por medio de las visitas, incluyendo las de abogados, y la continuidad de sus procesos legales, con repercusiones negativas en el debido proceso.
Tampoco se hizo referencia de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario, desde sus inicios, ha adoptado como una práctica reiterada la imposición de normas represivas para el adoctrinamiento paramilitar de los reclusos, hoy día bajo la amenaza de traslados a la población penal.
De igual manera, no hubo referencia expresa a que el Internado Judicial Capital El Rodeo I se ha consolidado como una cárcel especial para presos políticos, quienes actualmente están siendo sometidos a condiciones de detención contrarias a los derechos humanos y a la dignidad humana.
Bajo tales consideraciones, desde este espacio instamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a ser más objetivos y contundentes en sus apreciaciones sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
