Familiares contaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) las preocupaciones de los privados de libertad porque iniciaron las clases y, aunque muchos ya estaban inscritos, no pueden ponerse al día con las actividades porque siguen tras las rejas.
“Los profesores nos dicen que nos van a apoyar, pero es una de sus preocupaciones, me dice: mamá estoy perdiendo muchas clases, me voy a atrasar. Yo siempre le he dicho que estudie porque es lo que pobremente uno le puede dejar, pero que estudie y aprenda bien”, cuenta la madre de un jóven detenido en Caracas.
Los niños, niñas y adolescentes en prisión tienen derecho a la educación y es obligación del Estado venezolano hacer todo el esfuerzo posible por brindar esta atención a los privados de libertad. Humberto Prado, director del OVP, explicó que en prisión se debe garantizar este derecho y ejercerse plenamente.
Los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño destacan la importancia de que a los jóvenes privados de libertad se le asegure el derecho a la educación, en el marco de un sistema de ejecución orientado a la plena integración social y a que “éste asuma una función constructiva en la sociedad”.
Mientras que el artículo 526 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece que el sistema penal de responsabilidad de los adolescentes debe contar con entidades de atención donde se brinde formación socio-educativa e integral para los menores de edad detenidos.
“El deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal”, explicó Prado.
El OVP conoció que algunos familiares hacen diligencias para lograr que los jóvenes detenidos reciban educación dentro del sitio de reclusión, sin embargo no se concretan todavía. En Caracas, una madre cuenta con el apoyo de la escuela técnica donde estudia su hijo y con la cooperación del lugar donde está detenido.
“Los profesores me dijeron que contamos con ellos, que cuando lo autoricen le envían las guías a mi hijo o si es necesario se trasladan hasta donde está preso para ayudarlo y darle clases. Esperamos con la autorización del sitio donde está privado de su libertad”, cuenta la madre, quien inició el trámite hace tres semanas aproximadamente.
Mientras que en el estado Lara los padres y madres también llevan a cabo trámites para lograr que sus hijos, estudiantes de bachillerato, no pierdan el cupo que tanto les costó y reciban educación en prisión. Por otro lado, el OVP conoció el caso de dos jóvenes que tenían sus cupos asignados en Ingeniería Civil y Fisioterapia, que con tanto esfuerzo lograron con sus notas desde bachillerato, pero hasta ahora no han podido iniciar en la universidad.
Amigos y compañeros de los privados de libertad les envían cartas o mensajes con sus familiares, quienes se los transmiten en cada visita con la intención de abrazar su tristeza y calmarles la ansiedad que les producen estos tres meses de detención arbitraria. Los adolescentes y jóvenes aunque unos días se quiebran, no pierden las esperanzas de salir libres y reencontrarse con sus compañeros de clases y profesores.
Las detenciones arbitrarias en Venezuela se registraron a partir del 29 de julio, luego de que un grupo de ciudadanos salió a manifestar en rechazo a los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones presidenciales, que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Desde entonces los privados de libertad fueron sometidos a distintas violaciones de sus derechos como la prohibición a tener una defensa de su confianza, la violación al debido proceso, troturas, tratos crueles e inhumanos, así como la ejecución de audiencias telemáticas sin presencia de los representantes, en el caso de los menores de edad.
El OVP exige al Estado venezolano dejar en libertad y sin restricciones a todas las personas privadas de libertad de forma arbitraria, respetar el derecho a la educación y que puedan seguir sus estudios. “Eso hace un estado respetuoso, pero aquí se aplica más la sanción como un castigo”, finalizó Prado.
