En protesta por el hacinamiento y la desidia de la que son víctimas desde hace años, 35 reclusos de la cárcel de Lagunillas en el estado Mérida iniciaron una huelga de sangre. La situación entristece y preocupa en gran magnitud al director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, quien incansablemente ha denunciado el colapso del sistema penitenciario ante la mira inerte del Gobierno venezolano.
Al respecto, Prado enfatizó que los reclusos se hastiaron de solicitar la visita de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, por lo que en una muestra de desesperación decidieron iniciar la huelga de sangre en horas de la tarde del pasado domingo.
Los privados de libertad denunciaron que más de 15 hombres permanecen encerrados en celdas de cuatro metros cuadrados sin baños, ni siquiera una letrina, y deben esperar largas horas hasta que los custodios decidan llevarlos a hacer sus necesidades. Algunos no aguantan las ganas de orinar y lo hacen allí mismo, incluso defecan en bolsas, en el mismo espacio donde deben comer y dormir.
De igual manera, resaltaron las altas temperaturas a las que están expuestos las 24 horas al día, pues los calabozos están a nivel subterráneo y no cuentan con ningún tipo de ventilación, esto aunado a los malos olores que se acumulan en cada rincón.
En ese sentido, el director del OVP informó que algunos presos se cortaron las piernas y amenazaron con arreciar la protesta si no reciben respuestas oportunas. Todas estas denuncias las hicieron a través de un comunicado, donde además aseguraron que son víctimas de maltrato físico y psicológico.
“Nos hemos dado cuenta de que somos discriminados, hay detenidos que no habitan en estas celdas y ni siquiera en el comando policial, quienes gozan de beneficios fuera de los órganos regulares”, aseguraron los presos en el comunicado, a través del cual también pidieron un televisor y materiales para manualidades, con el fin de organizar actividades y liberar el estrés al que están sometidos a diario.
Por último, los reclusos exigieron respeto hacia sus familiares y el cumplimiento de los traslados a tribunales. En virtud de su labor como defensor de los derechos humanos y director de una organización sin fines de lucro, Prado emitió una comunicación al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para exigir que se pronuncien y agilicen la resolución del conflicto, tomando en cuenta que el ministerio de Servicios Penitenciarios se ha mostrado incompetente al respecto.
