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Alto Comisionado Zeid pronunció discurso en ocasión de visita de Presidente Maduro al Consejo de Derechos Humanos

Zeid Ra’ad Al Hussein Alto Comisionado

Este jueves 12 de noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó a una reunión especial con ocasión de la visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la sede de este órgano de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió una declaración en oportunidad de la visita. La declaración completa está disponible aquí:

Declaración del Alto Comisionado en la Reunión Especial del Consejo de Derechos Humanos con ocasión de la visita del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

12 de noviembre de 2015

Sr. Presidente,
Distinguidos Miembros del Consejo,
Excelencias,

Permítanme darle la bienvenida a Su Excelencia, el Presidente Nicolás Maduro al Consejo de Derechos Humanos. Recibo con beneplácito la oportunidad que tiene el Consejo de escuchar al Presidente Maduro hablar sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, en particular dada su reciente reelección a este importante órgano.

Ser miembro de este Consejo conlleva la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos en el propio país, así como en el escenario mundial. Es mi sincero deseo que Venezuela se esfuerce por lograr progreso concreto en ambos frentes.

Doy la bienvenida a la participación de Venezuela en el Examen Periódico Universal, EPU, del Consejo y en su examen este año por parte del Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aliento a Venezuela a continuar con su cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Mi Oficina, en particular nuestra Oficina Regional para América del Sur, se encuentra lista para proveer asistencia técnica en la implementación de las recomendaciones hechas por los Comités y en el EPU de Venezuela, así como en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Igualmente, exhorto a Venezuela a ratificar de nuevo la Convención Inter-Americana de Derechos Humanos.

Un buen número de órganos de derechos humanos de la ONU, incluidos el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y el Comité de Derechos Humanos, así como mi propia Oficina, han expresado serias preocupaciones sobre la independencia del poder judicial en Venezuela, la imparcialidad de los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos políticamente sensibles. Los casos de la Jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López son ilustraciones evidentes de estos problemas. El Comité de Derechos Humanos recientemente también expresó su preocupación, que yo comparto, sobre la intimidación, amenazas y ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. Aprovecho esta oportunidad para instar a Venezuela a cumplir con las recomendaciones hechas por parte de estos mecanismos internacionales de derechos humanos y asegurar que estas personas no sean sometidas a presiones de ningún tipo en el desempeño de su importante trabajo.

Como notó recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Venezuela ha logrado progresos significativos en la reducción de la desnutrición y la pobreza. Sin embargo, en años recientes, se ha dado lo que el Comité describió como una “tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza”, la cual necesita ser abordada.

La declaración de un amplio estado de excepción en 24 municipalidades, que suspende varias garantías a los derechos humanos, es sumamente preocupante y debe ser retirada.

Una de las obligaciones primordiales de un Estado soberano es proteger los derechos humanos y defender incluso a aquéllos – en efecto, especialmente aquéllos – que no están de acuerdo con las políticas del Estado. Es así que construimos sociedades que son estables, resistentes y prósperas./ACNUDH

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.