Defender los derechos humanos se ha vuelto un oficio extremadamente peligroso de acuerdo al último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo publicado hoy por Amnistía Internacional. Usualmente, las defensoras y defensores son víctimas de amenazas, difamación, ataques, tortura, desapariciones forzadas y hasta asesinatos a manos de agentes estatales y no estatales. Las personas que corren especial peligro son las que se dedican al periodismo, la abogacía o la judicatura, así como los opositores políticos y los testigos de algún crimen.
Con frecuencia los gobiernos pocas veces avanzan en las investigaciones de casos donde alguna defensora o defensor de derechos humanos sufre ataques y son muy pocos los responsables que están respondiendo ante la justicia. Las mujeres activistas por los derechos humanos sufren reiterados actos de violencia, especialmente si pertenecen a comunidades históricamente excluidas.
En las Américas ejercer el derecho a defender derechos te puede costar la vida
Honduras y Guatemala son los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Las amenazas, los cargos falsos, las campañas de difamación, las agresiones y los homicidios están a la orden del día. En marzo, el asesinato de la destacada lideresa indígena hondureña Berta Cáceres puso de manifiesto la violencia generalizada contra las personas que trabajan para proteger estos derechos.
En Venezuela, defensoras y defensores de los derechos humanos son blanco de ataques e intimidación por parte de los medios de comunicación estatales y de alto cargos gubernamentales. En abril, Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), fue, una vez más, víctima de amenazas e insultos al ser pirateadas sus cuentas de correo electrónico y redes sociales tras la publicación de una entrevista en la que denunciaba la violencia en el sistema penitenciario. En mayo, mientras atendía a personas heridas durante una manifestación en el estado Mérida, Rigoberto Lobo Puentes, miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, recibió disparos de perdigones en la cabeza y la espalda efectuados por unos agentes de policía. Los agentes siguieron disparándole tras meterse él en su automóvil. En junio, los abogados Raquel Sánchez y Oscar Alfredo Ríos, miembros de la ONG Foro Penal Venezolano, fueron atacados por un grupo de encapuchados que destrozaron el parabrisas y los espejos retrovisores laterales del automóvil en el que viajaban por el estado Táchira. Raquel Sánchez resultó gravemente herida al ser golpeada en la cabeza cuando salía del vehículo.
La crueldad de las autoridades venezolanas quedó manifestada cuando se negó al activista LGBTi gravemente enfermo, Rosmit Mantilla, someterse a una operación quirúrgica. Solo a raíz de la intensa presión nacional e internacional, Rosmit Mantilla recibió la atención médica que necesitaba y, en noviembre, fue puesto en libertad.
En Argentina, la lideresa social Milagro Sala fue detenida y acusada formalmente por protestar pacíficamente en Jujuy. A pesar de que se ordenó su puesta en libertad, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales contra ella para mantenerla recluida. En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la detención de Milagro Sala era arbitraria y recomendó su liberación inmediata. En el norte de Perú, Máxima Acuña — campesina inmersa en una batalla legal contra Yanacocha (una de las mayores minas de oro y cobre de la región) por la propiedad de la tierra en la que vivía— fue galardonada con el Premio Goldman 2016, un prestigioso galardón medioambiental.
En Cuba, a pesar de las afirmaciones de apertura política y del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos el año anterior, la sociedad civil y los grupos de oposición denunciaron un aumento del hostigamiento a quienes criticaban al gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas políticos fueron tildados públicamente de “subversivos” y de “mercenarios anticubanos”.
Desapariciones forzadas de defensoras y defensores de derechos en África
En África los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas fueron blanco de violaciones de los derechos humanos a través de nuevas olas de amenazas y ataques contra quienes ejercían su derecho a la libre expresión y a la disidencia, especialmente en Botsuana, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Kenia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo y Zambia.
En Kenia, un destacado abogado de derechos humanos, su cliente y el taxista que los transportaba fueron víctimas de desaparición forzada y homicidio extrajudicial a manos de la policía. Formaban parte de los más de 177 casos de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente por los servicios de seguridad durante el año. En Sudán, el asesinato del estudiante universitario Abubakar Hassan Mohamed Taha, de 18 años, y de Mohamad al Sadiq Yoyo, de 20, a manos de agentes del servicio de inteligencia se produjo en un contexto de intensa represión de la disidencia estudiantil. En Somalia, unos agresores que no fueron identificados mataron a dos periodistas.
Además de encarcelamiento, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos también sufrían agresiones físicas, intimidación y hostigamiento en muchos países como Chad, Gambia, Kenia, Somalia y Sudán del Sur.
En Zimbabue, unos agentes de seguridad del Estado agredieron brutalmente al hermano del desaparecido periodista y activista en favor de la democracia Itai Dzamara por llevar un cartel en un acto celebrado en Harare al que asistió el presidente Robert Mugabe. En Uganda sucedieron varios ataques contra oficinas de ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos. La persistente falta de rendición de cuentas por estos delitos demuestra que las autoridades consienten y toleran esas acciones.
El gigante asiático nuevamente ocupa un sitial de deshonor en cuanto al respeto de su sociedad civil
En China defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y activistas sufrieron, de manera sistemática, actos de intimidación y hostigamiento, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos. Las autoridades incrementaron el uso de la forma de detención conocida como “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, que permitía a la policía recluir a personas durante periodos de hasta seis meses al margen del sistema formal de detención, sin acceso a asistencia letrada de su elección ni a sus familiares. También aumentaron los casos de personas detenidas a las que se obligaba a “confesar” en televisión, y las autoridades siguieron bloqueando miles de páginas web.
En octubre, Ilham Tohti, conocido intelectual uigur que fomentó el diálogo entre la población uigur y la población chinade etnia han, recibió el Premio Martin Ennals 2016 para defensores y defensoras de los derechos humanos por su profundo compromiso en una situación de gran peligro. Aún Ilham Tohti cumple cadena perpetua por cargos de “separatismo”. En Hong Kong, los estudiantes Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law fueron condenados por “participar en una reunión ilegal” debido a su papel en los actos de 2014 que desencadenaron el movimiento en favor de la democracia conocido como “Revolución de los Paraguas”.
A lo largo del año, decenas de ONG independientes en Rusia, que recibían financiación del extranjero fueron incluidas en la lista de “agentes extranjeros”, entre ellas el Centro Ruso de Derechos Humanos Memorial.
Corea del Norte ejerció una represión extrema, y violó casi todo el espectro de los derechos humanos. La libertad de expresión estaba severamente restringida, no existen medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil nacionales e independientes. Hasta 120.000 personas continúan recluidas en campos penitenciarios, donde la tortura y los malos tratos, incluidos los trabajos forzados, eran generalizados y habituales. El control, la opresión y la intimidación a manos del Estado se habían intensificado desde la llegada de Kim Jung-un al poder, en 2011.
En Corea del Sur se aplicaron restricciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, que ahora adoptaban nuevas formas, como entablar demandas civiles. Las autoridades recortaron la libertad de prensa, al aumentar su injerencia en la labor periodística y limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica, a menudo con la excusa de proteger el orden público.
Las organizaciones de la sociedad civil de Mongolia que trabajan en la protección de los derechos humanos fueron sometidas habitualmente a intimidación, hostigamiento y amenazas, sobre todo por agentes no estatales.
India utilizó la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras para restringir el acceso de las organizaciones de la sociedad civil a financiación extranjera y para hostigar a las ONG. Asimismo, se aplicó la ley sobre sedición para hostigar a quienes expresaban críticas. En el estado de Jammu y Cachemira, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza innecesaria o excesiva contra manifestantes, y el gobierno del estado impuso el toque de queda durante más de dos meses.
La libertad de expresión siguió sufriendo ataques en Bangladesh, donde las autoridades toleraban cada vez menos los medios de comunicación independientes y las voces críticas. En el marco de una situación de derechos humanos en franco deterioro, se detuvo y recluyó de manera arbitraria a una serie de periodistas y se reprimió la disidencia pacífica. El activista estudiantil Dilip Roy fue detenido por haber criticado a la primera ministra en Facebook, y se enfrentaba a una posible condena de 14 años de prisión.
En Maldivas el gobierno endureció su ofensiva contra la libertad de expresión y reunión, imponiendo restricciones arbitrarias para evitar actos de protesta. Asimismo, las autoridades silenciaron a oponentes políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas utilizando para ello leyes que penalizaban discursos, comentarios y otros actos considerados “difamatorios”.
En Tailandia, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron acusados de difamación por denunciar públicamente violaciones o por apoyar a personas o comunidades vulnerables. En Camboya, los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, detenciones y reclusiones por su trabajo pacífico, mientras que la oposición política fue atacada, y algunos de sus activistas y de sus cargos, encarcelados tras juicios injustos.
En Vietnam, los defensores y defensoras de los derechos humanos eran víctimas de amenazas y agresiones. Los presos y presas de conciencia eran recluidos en cárceles y otros centros de detención y sometidos a desaparición forzada, tortura y otros malos tratos.
En Timor Oriental, las fuerzas de seguridad fueron acusadas de homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, y restricción arbitraria de la libertad de expresión y de reunión pacífica. En Fiyi, los medios de comunicación se vieron afectados por restricciones arbitrarias sobre la libertad de expresión, y se multó y encarceló a periodistas, mientras que en Singapur se hostigó y enjuició a blogueros y disidentes. Por último, en Filipinas, hombres armados no identificados y milicias armadas atacaron y mataron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas.
Este articulo fue tomado del portal web oficial: http://amnistia.ning.com/
Enlace informativo: http://amnistia.ning.com/profiles/blogs/capitulo-sobre-venezuela-del-informe-de-ai-2017
