24 abril 2025 -Alrededor de 900 personas permanecen detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, según la ONG venezolana Foro Penal. Muchas de estas personas son sometidas a tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y privación arbitraria de la libertad, además de una ausencia sistemática de garantías de un juicio justo e incomunicación prolongada, y negación de atención médica. Exigimos a Nicolás Maduro que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y que, mientras sigan detenidas, proteja su vida e integridad, en particular garantizando visitas familiares y a la defensa de su elección, así como condiciones dignas de reclusión.
Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda desde hace más de diez años. En este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja que ha llevado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero. La persistente política de represión del gobierno de Nicolás Maduro dirigida a silenciar cualquier forma de disidencia, sea real o percibida como tal, alcanzó un pico histórico tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Los patrones de persecución que se registraron tras esa fecha fueron consistentes con los denunciados en la década previa y, a abril de 2025, aún perduran.
Desde el 28 de julio de 2024 se registraron más de 2.000 detenciones arbitrarias de personas manifestantes, opositoras políticas, activistas, defensoras de derechos humanos e, incluso, transeúntes. Estas más de 2.000 personas se sumaron a las al menos 300 personas detenidas antes de la elección. La práctica totalidad de estas personas han sido sometidas a procesos penales arbitrarios, con acusaciones de ’terrorismo’ e incitación al odio, muchas de ellas por el simple hecho de disentir con el actual gobierno. Niños, niñas y adolescentes, así como personas que viven con alguna discapacidad, fueron igualmente víctimas de estas violaciones de derechos humanos; muchas de ellas siendo víctimas a su vez de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Según la ONG venezolana Foro Penal, al 10 de abril de 2025, 896 personas se encontraban detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y se desconocía el paradero de 62. Como parte de su política de represión, el gobierno venezolano ha amedrentado, criminalizado y censurado a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en un contexto sumamente represivo y de falta de acceso a derechos básicos como salud, educación o acceso a la alimentación. Esta crítica combinación ha obligado a un número sin precedentes de personas venezolanas a huir del país en búsqueda de seguridad y protección. A diciembre de 2024, 7,9 millones de personas venezolanas habían salido del país.
Desde 2020, los informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIDH) han documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, y tortura u otros malos tratos cometidos en el país desde 2014; al igual que documentó las formas en las que el sistema de justicia funciona como herramienta funcional a la política de represión del gobierno. La MIIDH concluyó que algunos de estos crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. En particular, en su informe de 2024, la MIIDH concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.
Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación penal sobre la situación en Venezuela, específicamente sobre «[c]rímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…. ); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados «colectivos»).
