El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este jueves su Portafolio de Propuestas Penitenciarias, donde hace un análisis de la crisis carcelaria y también propone las soluciones.
El evento contó con un panel de distinguidos profesionales, defensores de los derechos humanos, criminólogos, etc, quienes exaltaron el trabajo realizado por el abogado Humberto Prado y su equipo. También asistieron funcionarios policiales y representantes de la iglesia.
Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que este portafolio marca “un antes y un después” en materia penitenciaria en el país, porque anteriormente se hacían propuestas, pero cuando haya la disposición de comenzar a resolver el problema deben hacerlo a partir de este trabajo.
Ayala Corao destacó que la falta de políticas públicas y el uso de políticas erradas por parte del Estado venezolano han devenido en el infierno en que se han convertido las cárceles venezolanas.
Considera que lo importante de la propuesta es que no viene de un ministerio, de una alcaldía, de un ente público, sino de la sociedad civil, y que no se queda en el diagnóstico del problema, sino que va más allá, con propuestas para solucionarlo.
Humberto Prado explicó que en el trabajo consultaron también a los presos, para saber qué pedían, y todos dijeron: respeto.
“A los presos hay que darles herramientas para que puedan insertarse en la sociedad al salir de la cárcel, y tratarlos como los seres humanos que son. Un delincuente puede ser muy duro, pero en su casa tiene un tenedor para comer y un baño para hacer sus necesidades. En nuestras cárceles hacen sus necesidades en envases y se asean con papel de periódico”, dijo.
Prado se refirió a un comando policial en Cumaná, donde hay 950 presos, muchos esposados a un tubo y un camión de los bomberos los baña en forma colectiva.
Y manifestó que nunca antes se había visto que se usaran a los presos en proselitismo político, como hizo la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, al sacar a los detenidos para que protestaran contra el referendo.
Los abogados Pedro Berrizbeitia y Daniel Badell coincidieron en la necesidad de acatar la Constitución Nacional para terminar con el hacinamiento, pero fundamentalmente, tener fiscales y jueces independientes.
