Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras. Desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales.
Berta se enfrentó – y, a menudo derrotó – a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas.
A un año del asesinato de Berta Cáceres, aún no se ha hecho justicia.
Breve reseña de los hechos
El 2 de mayo de 2016, cuatro hombres fueron arrestados con relación al asesinato de Berta Cáceres, defensora de derechos humanos, asesinada a tiros en su hogar en Intibucá, el 3 de marzo de 2016.
Carta de los familiares de Berta y del COPINH a las autoridades
De acuerdo con la Oficina del Procurador Público de Honduras, dos de las personas arrestadas tienen relación con Desarrollos Energéticos SA (DESA), la compañía hondureña que estaba construyendo la represa de Agua Zarca, a la que se oponían rotundamente Berta y el COPINH, su organización. La defensora hizo campaña con éxito contra el proyecto hidroeléctrico, que había sido iniciado sin que se consultada adecuadamente ni se obtuviera el consentimiento de las comunidades indígenas locales.
La prensa hondureña informa que Sergio Ramón Rodríguez, uno de los arrestados, es un ingeniero que trabaja en la represa de Agua Zarca. Otro de ellos, Douglas Geovanny Bustillo, es funcionario militar retirado y ex responsable de la unidad de seguridad de DESA. Los otros dos hombres arrestados, Mariano Díaz Chávez y Edison Atilio Duarte Mesa, son un ex militar y un integrante de las fuerzas armadas todavía en funciones.
En una carta abierta publicada el 2 de mayo, tras conocerse los arrestos, los familiares de Berta y sus colegas expresaron su preocupación por la investigación que llevan a cabo las autoridades hondureñas:
“Fuimos excluidos del proceso de investigación desde el inicio, de modo que no podemos afirmar si los arrestos recientes son resultado de una investigación adecuada y detallada, ni si entre los arrestados se hallan también los autores intelectuales del crimen (…). Nos sentimos desilusionados, porque no se nos dio ninguna participación en la investigación conducida por el Procurador Público. No escuchó nuestras voces”.
La familia de Berta supo de los arrestos por las noticias. Las autoridades no les informaron con antelación. La familia ha criticado fuertemente la forma en que el gobierno de Honduras se ocupa del caso de Berta y ha reiterado su llamado para que se permita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevar a cabo una investigación transparente e independiente.
“Si el Procurador Público y sus funcionarios trabajaron correctamente, no tienen nada que temer si la Comisión Interamericana lanza de inmediato otra investigación. Queremos verdad y justicia para el asesinato de Berta. Si alcanzamos esto, será una victoria para todos nosotros”, afirman familiares y colegas de la defensora en su carta.
Front Line Defenders apoya a la familia de Berta y a los integrantes del COPINH en su llamado a la vez que recuerda al gobierno de Honduras que toda investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres debe considerar su labor por los derechos humanos y las por lo menos 33 amenazas conocidas que recibió por causa de su tarea. Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación por la falta de información brindada a la familia de Berta sobre la investigación realizada.
7 Marzo 2016
Estimado Presidente Juan Orlando Hernández
En representación de más de 50 organizaciones internacionales, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra conmoción y preocupación por el reciente asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y dirigente de la organización indígena COPINH.
Como bien sabrá, unos hombres armados asesinaron a tiros a Cáceres durante la madrugada del 2 de marzo de 2016. Durante años Cáceres recibió múltiples amenazas de muerte y sufrió varios intentos de secuestro por su labor de defensa de la tierra indígena del pueblo Lenca frente al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco. Estas amenazas se habían intensificado en las últimas semanas tras retomarse la construcción de la presa.
Exigimos que se lleve a cabo una investigación internacional e independiente de las circunstancias en torno a la muerte de Cáceres y que se garantice la protección de su familia y sus compañeros. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Cáceres medidas cautelares de emergencia por su situación de extrema vulnerabilidad, ella llegó a denunciar que el Gobierno de Honduras no las había aplicado plenamente.
Exigimos también acción urgente para proteger a Gustavo Castro Soto, un activista mexicano que fue testigo al asesinato, y para asegurar su regreso seguro a México.
El caso de Berta Cáceres es el asesinato de mayor notoriedad en la tendencia cada vez más grave que se observa en Honduras de asesinatos, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas sobre la tierra. Honduras es el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, ya que, entre 2010 y 2015, se asesinó a al menos 109 de estos activistas.
El caso de Berta Cáceres no ha escapado de la atención de la comunidad internacional. EL Senador estadunidense Patrick Leahy le ha llamado a usted, Presidente, a castigar a los responsables por “este crimen despreciable”. El año pasado, la Senadora estadounidense Barbara Boxer escribió una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para insistir en que se ofrezca una mejor protección a los/as defensores/as del medio ambiente en Honduras. Este llamamiento se produjo como respuesta directa a la entrega a Cáceres del Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015, un prestigioso galardón con el que se premia a activistas ambientales locales de todo el mundo. La noticia de su muerte ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacionales.
Las más de 50 organizaciones internacionales que se especifican a continuación por la presente instan al Gobierno de Honduras a que asegure que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra y que los/as defensores/as hondureños del medio ambiente puedan desempeñar su labor legítima sin temer por su seguridad.
El 3 de marzo de 2016, la defensora de derechos medioambientales Sra Berta Cáceres fue asesinada por perpetradores desconocidos que entraron en su casa en las horas de la madrugada.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras,que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó – y, a menudo derrotó – a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Berta fue finalista del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014 y, en 2015, recibió el premio más importante del mundo para defensores del medio ambiente: el Premio Goldman. Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) desde 2009.
Berta Cáceres estaba profundamente involucrada en la campaña por la defensa del Río Galcarque, el sitio propuesto para la represa hidroeléctrica Água Zarca, que está siendo desarrollado conjuntamente por la empresa hondureña FICOHSA y la empresa multinacional SINOHYDRO. La defensora de derechos humanos era una de las voces más fuertes en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica, la cual se inició sin el consentimiento de las comunidades locales ni la celebración de consultas adecuadas con ellas, en violación clara del Convenio numero 169 de la OIT.
La defensora de derechos humanos fue dispara con arma de fuego aproximadamente a la 01:00 am del 3 de marzo de 2016. Su hermano también fue lesionado en el ataque. Todo apunta a que el asesinato fue llevado a cabo como represalia por el trabajo de la defensora de derechos humanos en defensa de los derechos indígenas y medioambientales y su denuncia pública sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto del desarrollo de megaproyectos en Honduras. Una semana antes del asesinato, la defensora denunció en una rueda de prensa los asesinatos de 4 líderes de su comunidad así como amenazas en contra de ella y otros defensores y defensoras de derechos humanos.
Anteriormente, la defensora de derechos humanos había sido amenazada y enfrentaó persecución como resultado de su trabajo, incluido su acusación por cargos falsos e infundados de usurpación de tierra y coacción, en un caso que fue desestimado en enero de 2014. El recrudecimiento de las amenazas contra Berta Cáceres y otros miembros del COPINH había sido denunciado por el COPINH el febrero pasado.
Otros miembros del COPINH han sido asesinados en el pasado. El 15 de julio de 2013, el defensor de derechos humanos y miembro de COPINH Sr. Tomas Garcíá fue asesinado por el Ejercito Hondureño mientras participaba en una manifestación pacífica contra el proyecto Agua Zarca. Hasta la fecha, el caso ha quedado en la impunidad.
Articulo tomado del portal web oficial: https://www.frontlinedefenders.org/es
Enlace informativo: https://www.frontlinedefenders.org/es/case/case-history-berta-c%C3%A1ceres
La defensa de los defensores de derechos humanos es un acto que debe ser resguardado por los estados del mundo.
El 3 de marzo ha quedado para siempre marcado como un día aciago para el activismo social en Honduras. Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) moría acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.
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Durante años, había hecho campaña contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco. Pero a pesar de las constantes amenazas y hostigamiento, la investigación de su muerte ha minimizado cualquier vínculo entre el crimen y su trabajo como defensora de derechos humanos.
Las autoridades han llamado a declarar en reiteradas ocasiones a miembros de COPINH y al activista mexicano Gustavo Castro, que fue testigo del crimen, y a quien han impedido abandonar el país durante semanas pese al temor por su seguridad. Finalmente, el 31 de marzo una jueza revocó la decisión judicial que le impedía salir de Honduras.
El impacto ha sido devastador entre activistas y organizaciones de derechos humanos de toda Honduras. El crimen no puede quedar impune. El mensaje sería fatídico: si se puede matar a Berta Cáceres y no pasa nada, los perpetradores se pueden atrever con cualquier otro activista. Cunde el temor y con razón.
15 de marzo. Hombres no identificados matan a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando regresaba a su casa en Río Lindo.
Los familiares de Berta Cáceres están en peligro, los miembros de COPINH y de otras organizaciones están en peligro. Las autoridades hondureñas tienen la obligación de llevar a los responsables de las muertes de Berta y de Nelson ante la justicia, y de garantizar protección a quienes defienden los derechos humanos en Honduras.
Exígeselo al gobierno de Honduras.
¡Firma!
Articulo tomado del portal web oficial: https://www.es.amnesty.org/
Enlace informativo: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/honduras-berta-caceres-mar16/
Cejil pide continuar investigando crimen de Berta Cáceres
La noche del 2 de marzo, la ambientalista y líder indígena, Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada en su casa en la colonia El Líbano, en La Esperanza, departamento de Intibucá.
Fue hasta la mañana del 3 de marzo cuando iniciaron las investigaciones preliminares de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) y desde ese entonces familiares y amigos insisten en que todos los involucrados deberían estar en prisión.
“Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato; nos sumamos a las exigencias de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (Copinh) al Estado, para que garantizara una investigación diligente, hecha con transparencia”, apuntó la organización.
Cejil considera que el proceso no ha cumplido en su totalidad con condiciones necesarias para la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Reconocen que si bien el MP ha capturado a ocho personas a la fecha, en esas capturas “no hay claridad del supuesto papel que jugó cada imputado en el hecho criminal. Tampoco existen resultados sobre los autores intelectuales del asesinato Berta Cáceres, crimen producto de una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la lideresa”.
“Asimismo, es preocupante e inexplicable que, pese a los indicios que señalan que el asesinato de Berta Cáceres pudo haber tenido como motivación su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca, la concesión del proyecto a la empresa DESA siga intacta. Lo anterior, sin que el Estado impulse acciones para revocarla”, lamentó la organización regional que protege los derechos humanos en las Américas.
Por lo anterior, refirieron que se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), en un esfuerzo de incidencia para el esclarecimiento de la verdad.
Articulo tomado del portal web oficial: http://www.latribuna.hn/
Enlace informativo: http://www.latribuna.hn/2017/03/02/cejil-pide-continuar-investigando-crimen-berta-caceres/
