En medio de un clima de creciente preocupación por las condiciones de detención en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) han emitido en los últimos días pronunciamientos contundentes para exigir al Gobierno venezolano la protección de la vida, la salud y la integridad física de los presos políticos.
Estas acciones son resultado de denuncias y trabajo articulado entre los familiares de los detenidos y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quienes han insistido en visibilizar las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de detención, aislamiento prolongado, el deterioro de salud y las violaciones al debido proceso, entre otras, que enfrentan quienes permanecen tras las rejas por razones políticas.
CIDH: “Venezuela debe poner fin a la incomunicación de personas presas políticas y liberarlas inmediatamente”
El 11 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y los prolongados períodos de incomunicación a los que han sido sometidas al menos 903 personas presas por motivos políticos en Venezuela.
En ese sentido, la CIDH urgió al Estado a liberarlas de manera incondicional y a garantizar el contacto inmediato con sus familiares. Según el comunicado, al menos 64 familias desconocen formalmente el paradero de sus seres queridos. Algunas han sabido que siguen con vida solo por llamadas esporádicas del SEBIN o gracias a otros presos que comparten información desde los centros de detención.
La Comisión también denunció maltratos sistemáticos a familiares, especialmente mujeres, que son sometidas a requisas invasivas cuando intentan hacer visitas. Casos como los de Freddy Superlano, Perkins Rocha y Américo de Grazia, beneficiarios de medidas cautelares, ilustran la opacidad y la arbitrariedad del sistema judicial venezolano.
De igual manera, alertó sobre el contexto político represivo que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024, con 2229 detenciones reportadas, entre ellas 177 niños y niñas. En su informe “Venezuela: graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”, la Comisión documenta prácticas de terrorismo de Estado orientadas a desalentar la participación política y sembrar terror en la población.
Finalmente, el organismo exigió al Estado venezolano liberar a todas las personas presas por razones políticas, garantizar su integridad, permitir la supervisión de su estado de salud y restablecer la independencia del sistema judicial.
Amnistía Internacional: “Detención arbitraria, tortura e incomunicación forman parte de una política de represión sistemática en Venezuela”
Amnistía Internacional también emitió recientemente un llamado de acción urgente para exigir la liberación inmediata de unas 900 personas detenidas arbitrariamente en Venezuela por motivos políticos.
La organización denunció que estas personas son víctimas de tortura, desaparición forzada, incomunicación prolongada y juicios sin garantías legales, en el marco de una política de represión sistemática.
El comunicado también señala que, mientras sigan detenidas, estas personas deben recibir visitas familiares y de su defensa legal, atención médica adecuada y condiciones dignas de reclusión. Amnistía subraya que estas prácticas han sido calificadas como crímenes de lesa humanidad por la ONU y la Corte Penal Internacional.
Por su parte, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se reiteró el compromiso de seguir acompañando a los presos políticos y sus familiares hasta lograr su libertad inmediata y sin restricciones, al tiempo que se exigió el cese de la incomunicación prolongada y de las violaciones al debido proceso.
HRW: “Castigados por buscar un cambio”
Human Rights Watch (HRW) presentó el informe “Castigados por buscar un cambio”, que documenta las violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de 2024. El informe se enfoca en la represión de manifestantes y opositores, señalando asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, además de las deplorables condiciones carcelarias, basándose en datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Se menciona también la alarmante situación de las cárceles, donde más de 60.000 personas están detenidas en instalaciones con capacidad para 30.000. Además, se subraya la falta de agua, comida y medicinas en los centros de detención, obligando a las familias a llevar suministros, y la incomunicación prolongada de los detenidos sin acceso a abogados.
El informe señala que los presos políticos son mantenidos en condiciones de extrema vulnerabilidad, compartiendo celdas con reos comunes y siendo víctimas de torturas. Además, se documenta el asesinato de al menos 25 personas durante las protestas, con implicación tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos armados denominados “colectivos”, que atacaron a los manifestantes.
A lo largo del informe se destacan las graves irregularidades en los procesos judiciales, con detenciones sin orden judicial y el negarse a informar a las familias sobre el paradero de los detenidos, lo que constituye una forma de desaparición forzada.
El informe también expone que, a pesar de los esfuerzos internacionales por presionar al gobierno venezolano, la situación de los derechos humanos en el país ha empeorado. La represión política sigue intensificándose, obligando a miles de personas a exiliarse y a enfrentar violaciones sistemáticas de sus derechos.
HRW hace un llamado a la comunidad internacional para que intensifique sus esfuerzos para exigir rendición de cuentas por estos abusos y apoye a las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
OMCT: Familiares de presos por razones políticas denuncian aislamiento prolongado
El 16 de mayo de 2025, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó un comunicado en el que familiares de 11 presos políticos venezolanos denunciaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y la negación de atención médica. La organización acompañó la denuncia y exigió medidas urgentes por parte de la comunidad internacional.
Los casos expuestos incluyen a Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri y su hijo Jesús Alfredo Pilieri Vasile, Luis Somoza, Américo de Grazia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel Oyoque. La mayoría se encuentran recluidos en el SEBIN El Helicoide sin contacto con sus familiares desde hace meses y sin acceso a abogados de confianza.
Según el comunicado, desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se ha intensificado la represión con un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, muchas de ellas llevadas a cabo por agentes encapuchados o sin identificación, y sin orden judicial. El Estado venezolano ha reconocido más de 2.300 detenciones en este período, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que el número podría ser mayor.
Las familias denuncian que los detenidos han sido sometidos a aislamiento extremo, tratos crueles, imputaciones sin pruebas por delitos como terrorismo, conspiración o instigación al odio, y obligados a aceptar defensores públicos, negándoles así el derecho a una defensa libre e independiente. También alertan sobre enfermedades no tratadas, como úlceras gástricas, hipertensión y casos de hidrocefalia.
El documento, respaldado por la OMCT, incluye un llamado urgente a la comunidad internacional con siete exigencias clave:
- Cesar el aislamiento prolongado de las personas detenidas y garantizar de forma inmediata el contacto familiar.
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Garantizar la reunificación familiar y permitir que las personas detenidas puedan tener contacto con el exterior, y ser visitadas por sus familiares.
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Cesar de inmediato las detenciones arbitrarias y las prácticas de tortura, garantizar el respeto al debido proceso y al derecho a un juicio justo, así como asegurar el acceso a defensa legal independiente y atención médica adecuada para todas las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela;
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Liberar inmediata e incondicionalmente a las personas privadas de su libertad por razones políticas, así como a todas aquellas detenidas arbitrariamente en Venezuela;
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Adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico de todas las personas privadas de su libertad, , así como a todas aquellas detenidas arbitrariamente en Venezuela;
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Garantizar que las personas privadas de su liberdad y sus familias, reciban apoyo legal y psicosocial a lo largo del proceso judicial relacionado con la tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas;
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Poner fin a los actos de persecución e intimidación contra los familiares de las personas privadas de la libertad, garantizando su integridad física y psicológica, protegiendolas ante cualquier forma de represalia.
Estos cuatro pronunciamientos no ocurren de forma aislada, son resultado del trabajo articulado del Observatorio Venezolano de Prisiones y de los propios familiares, quienes han documentado, denunciado y visibilizado la grave situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
En un país donde las instituciones no garantizan justicia ni condiciones dignas, la presión internacional sigue siendo la única herramienta con la que cuentan las víctimas, convirtiéndose en la voz de quienes no la tienen.
Habrá justicia.
