Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal de Topo Chico, estado de Nuevo León, México, el pasado 1 de junio de 2016, en los que tres internos perdieron la vida y 19 resultaron heridos. Asimismo, la CIDH insta al Estado a continuar con la investigación iniciada con la debida diligencia hasta determinar las circunstancias de los hechos, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.
De acuerdo con información de público conocimiento, el miércoles 1 de junio de 2016 aproximadamente a las 21:00 horas al interior de Ambulatorio Rondín 1 del centro penitenciario de Topo Chico, se presentó un enfrentamiento entre bandas rivales presuntamente a causa de disputas por el control territorial dentro del reclusorio. De acuerdo con información oficial, como consecuencia de estos hechos, tres internos perdieron la vida y 19 resultaron heridos; cinco de ellos de gravedad que fueron trasladados al Hospital Universitario, y los otros nueves internos lesionados recibieron atención médica dentro de las instalaciones del penal. Según declaraciones del Procurador General de Justicia del estado de Nuevo León, la Procuraduría estatal habría ejercido acciones penales contra once internos supuestamente implicados en la disputa registrada. Asimismo, según información al alcance de la Comisión, 49 internos fueron trasladados a otros centros penitenciarios federales, y las autoridades penitenciarias tomarán medidas para realizar nuevas delimitaciones de las áreas del penal.
La Comisión Interamericana advierte que esta situación se presenta a menos de cuatro meses de los hechos de violencia que causaron la muerte de 49 personas privadas de la libertad en el mismo penal el 11 de febrero de 2016. La Comisión se pronunció al respecto en su comunicado de prensa 16/16 de fecha de 18 de febrero del presente año, en el que condenó la muerte de 49 personas privadas de la libertad como resultado de un motín iniciado por el enfrentamiento de integrantes de Los Zetas y del cártel del Golfo en el mismo centro carcelario. En este sentido, la CIDH expresa su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad.
Por otra parte, en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH destacó la grave situación en centros penales de los estados de la zona norte del país como Nuevo León, caracterizada por la fuerte presencia de delincuencia organizada que ha llevado a complejas situaciones en las que los propios internos ejercen control absoluto de seguridad, sin fiscalización por parte de las autoridades correspondientes. Al respecto, la CIDH subraya que los Estados como garantes de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos; entre ellas, asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas y drogas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles.
La Comisión enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables. El Estado ha informado a la CIDH que existe una investigación en curso, y la Comisión dará seguimiento a la misma.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
