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CIDH denuncia “restricciones de derechos” en Venezuela

 

Los militares no están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y pacífica y esto ya pasó en 2014 (cuando las protestas dejaron numerosos muertos, heridos y detenidos)
Los militares no están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y pacífica y esto ya pasó en 2014 (cuando las protestas dejaron numerosos muertos, heridos y detenidos)

El relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, denunció este jueves restriccionesdel Gobierno venezolano al derecho de protesta y al derecho de la prensa a informar.

“Estamos siguiendo con enormepreocupación los acontecimientos”, explicó Lanza, quien advirtió hace un mes en un comunicado conjunto con su homólogo de Naciones Unidas del “deterioro” de la libertad de prensa en Venezuela.

“Las preocupaciones son varias -prosiguió-. Que los corresponsales extranjeros no puedan ingresar es una restricción porque el Gobierno intenta impedir un escrutinio internacional”.

“Nos preocupa también cómo será el flujo informativo de internet, porque en una manifestación es clave el acceso a información en línea y en otras ocasiones hubo restricciones y también represión de la actividad en las redes sociales”, señaló Lanza.

Otra “gran preocupación” de la Relatoría que dirige, encargada de velar por la libertad de expresión en el continente americano, es “el decreto (del Gobierno venezolano) que puso el control de las manifestaciones en el Ejército y por tanto lo se militarizó”.

“Los militares no están preparados para cumplir con los protocolos de una actividad civil y pacífica y esto ya pasó en 2014 (cuando las protestas dejaron numerosos muertos, heridos y detenidos)”, indicó.

En este contexto, apuntó, “los periodistas cumplen un rol fundamental como observadores de cómo se comportan tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.