El pasado 26 de abril de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de las personas privadas de libertad en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez, en la localidad de Carúpano perteneciente a la Policía del Estado Sucre.
Dichas medidas de protección fueron solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones, debido a los hechos ocurridos el pasado 6 de abril en el prenombrado centro de reclusión temporal.
Con más del 600% de hacinamiento, condiciones insalubres, falta de acceso al agua potable y la falta de alimentación, la comisaría de Carúpano es uno de los calabozos policiales que cuentan con más privados de libertad en espera de juicio y se ha convertido en el más violento, cuando el pasado 6 de abril un grupo de reclusos provocó un incendio que tuvo como resultado 8 personas fallecidas y 24 heridas.
En vista de la situación de reclusión inhumana en las que se encuentran los privados de libertad en Carúpano, además de la creciente violencia entre los propios reclusos, la CIDH determinó que existe un riesgo real que pone peligro el ejercicio de derechos humanos básicos, específicamente el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas en la Policía del Estado Sucre. En las medidas de protección otorgadas, la CIDH solicita al Estado venezolano que:
.- Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez y proporcione el tratamiento médico adecuado a todas las personas que resultaron lesionadas debido al último incendio, del 6 de abril de 2016.
.- Fortalezca el equipo de guardias y ofrezca capacitaciones constantes a las personas que trabajen en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez
.- Provea condiciones de higiene en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez y proporcione tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, de acuerdo a las patologías que estos presentan
.- Implemente un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias
.- Tome acciones para reducir el hacinamiento al interior del Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez
.- Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes
.- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición
En este sentido, la CIDH solicitó al Estado venezolano informar en un plazo no mayor a 20 días, contados a partir del 26 de abril de 2016, sobre la adopción de las medidas cautelares dictadas y actualizar tal información de forma periódica.
Esta es la primera medida que dicta la CIDH a favor de un recinto policial que tiene detenidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los presos que están en el Centro de Coordinación Policial General José Francisco Bermúdez en Carúpano, estado Sucre, donde el 6 de abril pasado hubo 10 presos muertos y 15 quemados, incluso 4 menores de edad, cuando un grupo de reclusos atacó a otro que estaban dentro de una patrulla. La sede pertenece a la policía de esa entidad.
Los presos, que rociaron con tinner y gasolina a sus compañeros, también murieron al abandonar los envases porque los líquidos hicieron combustión.
El miércoles 6 de abril de 2016 los detenidos se atacaron entre sí. 10 murieron por quemaduras y 15 tienen lesiones iguales. Agresores fallecieron
Humberto Prado, director del OVP; Luis Morales, representante de esa ONG en Sucre, y el sacerdote jesuita, Raúl Herrera, párroco de la Parroquia Universitaria, informaron sobre el suceso.
Esta es la primera medida que dicta la CIDH a favor de un recinto policial que tiene detenidos. Las medidas fueron solicitadas por el OVP, y la CIDH hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano que debe informar en un lapso no mayor de 20 días sobre la adopción de medidas cautelares dictadas y actualizar esa información de forma periódica.
En la Comandancia Policial de Carúpano hay más de 700 presos, mientras el internado judicial de esa ciudad está cerrado. “El Estado tiene que garantizarles las herramientas para la inserción social. Más de 68% de los presos que sale en libertad reinciden”, dijo Prado.
Denunció que la página del OVP fue hakeada por delincuentes que penetraron a las redes sociales. “Buscan descalificar el trabajo que hacemos”.
Agregó que durante la gestión de Tareck el Aissami en el Ministerio del Interior y justicia murieron más de 2.000 presos. Emergió la figura del pran y se inició la pernocta de familiares dentro de las cárceles”.
Luego manifestó que en su gestión el ex ministro no logró que se hicieran la clasificación de presos.
