Anthony Molina, de 24 años de edad, tiene Discapacidad Intelectual Grave y se encuentra detenido desde el 2017 en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Punto Fijo, estado Falcón. Según denunciaron sus familiares a Provea, el joven no tiene acceso a tratamiento médico y sobrevive en condiciones inhumanas, como es de conocimiento público que sucede en todos los centros de reclusión del territorio nacional.
Los familiares relataron que, el 4 de febrero de 2017, Anthony se encontraba celebrando el cumpleaños de un conocido en una vivienda cercana, lugar donde esa misma noche mataron a un muchacho. En horas de la madrugada, el joven regresó a su casa golpeado, inconsciente y en compañía de funcionarios del CICPC, quienes lo acusaban de cometer el homicidio.
Testigos del hecho retrataron a otra persona como culpable del asesinato, pero recibieron amenazas y además éste fue sacado de Venezuela en tiempo récord. Cabe destacar que Anthony tiene certificado del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el cual confirma su diagnóstico de Discapacidad Intelectual Grave y Discapacidad Psicosocial Leve, pero el Tribunal de la causa se niega a reconocer el informe Médico Psiquiátrico Forense que fue emitido por el CICPC.
En ese entonces, cuando Anthony fue detenido, la evaluación psiquiátrica forense indicó que el joven no está ubicado en tiempo ni espacio y se recomendó que fuera trasladado a un centro de salud, además de ser referido a un neurólogo y a un psiquiatra. Hasta la fecha, cuando el caso está en fase de juicio, las autoridades han hecho caso omiso a las recomendaciones médicas, así como también han sido ignorados los escritos presentados ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los Tribunales y el CONAPDIS solicitando una medida humanitaria.
Los familiares también son condenados
En Venezuela se condena a los privados de libertad y a sus familiares también, pues no es suficiente con que los que cometieron el error cumplan una pena por ello, sino que sus deudos viven un calvario para no verlos sucumbir ante la desidia del sistema penitenciario.
Según relató Provea, la madre de Anthony debe caminar más de 10 kilómetros a diario para llevarle comida y agua a su hijo, los cuales en detrimento de sus derechos humanos no le son provistos en la subdelegación del CICPC. Aunado a esto, a causa de la cuarentena obligatoria por el Covid-19, la señora estuvo dos meses con la angustia de no ver a su muchacho, quien fue encontrado demacrado y con indicios de desnutrición por otros familiares que lograron trasladarse hasta el sitio.
Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones (OVP), anunció su apoyo absoluto a las denuncias de Provea y a la petición de que Anthony sea puesto en libertad por su discapacidad intelectual, además de que como cualquier ser humano tiene derecho a un trato digno y justicia plena.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
