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Colapso del sistema penitenciario en Venezuela cobra nuevas víctimas

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El sistema penitenciario de Venezuela se quiebra entre “pranes”, motines, secuestros, chantajes, fugas, sobrepoblación y alrededor de 1.622 muertes en los últimos cinco años, durante la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien hasta la fecha no ha cumplido con los compromisos adquiridos para responder a un creciente número de reclusos, y además asegura que los penales están totalmente controlados.

Durante los primeros días del mes de agosto, los “pranes” de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), ubicada en el estado Guárico, demostraron que el colapso es inminente y que el verdadero control de los penales lo tienen los privados de libertad.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, desde el lunes 1 de agosto, los “pranes”, “principales” o “líderes” mantuvieron secuestrados a 46 trabajadores del ministerio de Servicios Penitenciarios, entre ellos el subdirector del recinto carcelario, Ramón Hernández. La solicitud de este par de “pranes” es que se trasladara a ese penal a 2.000 reclusos que se encuentran en otras cárceles.

Estos sujetos cobran la “causa” de 2.500 bolívares semanales a un estimado de 2.900 privados de libertad, aunado a los 2.800 del Internado Los Pinos y 290 del anexo femenino, lo que les genera una ganancia mensual de 14 millones 975 mil bolívares. No obstante, los “pranes” exigen incrementar la población penal para aumentar sus ingresos a 19 millones 975 mil bolívares.

Un familiar de uno de los reclusos de la PGV aseguró que “los internos están solicitando que les envíen detenidos de Poliguárico, comisarías y del centro 26 de julio, que están pasando hambre y humillaciones ahí. Estamos esperando que se avoquen los entes competentes, sobretodo la ministra Iris Varela, que venga a dar la cara en la PGV para que dialogue con los presos, que hable con todos, eso es lo que ellos quieren”.

En tanto, sin que la ministra se pronunciara al respecto y con miles de familiares angustiados por la situación, medios de comunicación reseñaron que el jueves liberaron a 23 de los secuestrados, el viernes al subdirector Ramón Hernández y este sábado al resto de los trabajadores.

Los “pranes” acordaron el ingreso de la visita el sábado, luego de dialogar con la Defensoría del Pueblo y el viceministro José Vicente Rangel Ávalos; mientras que, hasta la fecha, han sido trasladados hasta la PGV 1.443 reos provenientes de policías municipales, estadales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

De esta cifra, se conoció que 135 detenidos son provenientes de la Policía de Guárico; 22 de la subdelegación del Cicpc en El Paraíso, Caracas; y 73 del Cicpc de Caraballeda, estado Vargas, y comisarías de la misma entidad, según informaron estos organismos a través de sus cuentas de Twitter y medios locales.

Al respecto, Prado enfatizó que “la irregularidad de estos traslados pasa por aprobarlos y que efectivamente se realicen, tomando en cuenta que son recibidos desde todas las localidades sin la autorización de un juez. El silencio que guardan las autoridades los hace cómplices de esta situación que incumple con todos los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos y tratamiento de las personas privadas de libertad”.

Vale recordar que el 26 de mayo de este mismo año, estos mismos “pranes” secuestraron a tres sargentos y a un capitán de la Guardia Nacional porque no les permitían que pasaran motos y vehículos, donde se trasladaban sus respectivas parejas durante la visita conyugal.

Tras 40 minutos de perpetrado el secuestro, un capitán de la GNB accedió a la petición de los “pranes” y dejó pasar varios carros y motos. Finalmente, los sargentos fueron liberados sanos y salvos.

Siete muertos y 52 heridos en retén de Alayón

Un total de siete internos fallecidos y otros 52 heridos fue el saldo de un ataque perpetrado en el Centro de Atención al Detenido Alayón, en el estado Aragua, donde un grupo sin identificar detonó dos granadas tras una riña carcelaria, por un presunto “cambio de gobierno” entre los líderes del recinto carcelario.  

Tras la reyerta, siete reclusos fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como “Tocorón”, entre ellos uno de los líderes apodado como “El Luis”, hijo de un exalcalde del municipio Ribas de esta entidad.

Familiares de algunos reos aseguraron que la disputa por el control del penal se originó entre “El Luis” y otro interno de San Vicente, pero fue el primero de éstos quien detonó las granadas. El caso es investigado por Fiscales del Ministerio Público, quienes se trasladaron hasta el sitio para verificar el estado de salud de varios internos que presentaron lesiones leves.

En la entrada del retén de Alayón publicaron la lista de los fallecidos, quienes resultaron identificados como Enderson Jesus Ibarra Coronel, Jonathan Javier Torres, Alí Rafael Alvarado Echuzería, Pedro Rafael Blanco Aguilar, Luis Antonio Cera González, Andis Javier Pacheco Carrillo y Jonder Leandro Contreras Carrillo.

De igual manera, algunos de los heridos responden a los nombres de Luis Francisco Moreno Salas, Hernán David Landaeta Garlotti, Luixer Alejandro Salcedo Sierra, Antonio José Torres, Yolfran Graterol Veloz, Edual José Junior Monrroy Rengifo, Everth Orlando Zambrano Marrero, Abraham Lisandro Quintero Bolívar, Gerardo José Herrera Pérez, Luis Jean Carlos Aguirre Osal, Oswaldo Daniel Castillo González, Jackson José Martínez López, José Daniel Díaz Mata, Moisés Daboyn Pineda González y Deivis José Zambrano Villafañe.

También destacan Luis Ramón González Guanare, César Augusto Pérez Fuente, José Alejandro Rojas Ramos, Rhomny José Riverol Barreto, Salomón Hernández Torres, Yondry Rafael Cróquer Peñalver, José Leonardo Herrera Pérez, Pedro Luis Bolívar Villegas, Huber Alexander Alvarado, Royer Alexander Cisneros Aponte, Ángel David Vidal Alvarado, Keimer David Rodríguez Arteaga, Vicson Sleydher Betancourt Colmenares, Deneicker Arnoldo Lamon Antequera, Héctor Emilio Yánez Suescun, Robert Misael Colmenares Acosta, Edgar Manuel Jaspe Díaz, Carlos Enrique Ruiz Rojas, Oscar Franklin Daniel Nieves Goyo, Franklin Sandoval Maldonado, Luis Eduardo Blanco Martínez, José Antonio Ceballos Oliveros, Andrés Vega Vieira, Víctor Alexis Osorio Díaz, Nicolás Alberto Henríquez Rojas, Yackson Yoisner Sánchez Pacheco y Fenol Rafael Capielo Peña.

Un muerto y huelga de hambre en Tocuyito

El miércoles 3 agosto, cientos de familiares permanecieron en las adyacencias del Internado Judicial de Carabobo, conocido como cárcel de Tocuyito, donde la población penal se declaró en huelga de hambre.

En ese sentido, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reforzaron la seguridad perimetral del penal, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha ofrecido declaraciones al respecto, por lo que los familiares temen que el conflicto se torne violento.

Estos mismos familiares informaron que los reos exigen mejoras en la infraestructura, y protestan por la insalubridad y el maltrato constante al que son sometidos por parte del director Juan Pérez, quien suspendió la visita para evitar que los deudos decidan quedarse dentro de las instalaciones.

En este penal, los presos también deben pagar una “causa” semanal, según denunciaron los parientes, incluso para ser trasladados a los tribunales. Recientemente, el 18 de julio, un grupo de reclusos de la Mínima de Tocuyito secuestró a dos guardias nacionales, 12 funcionarios del ministerio de Servicios Penitenciarios y a la subdirectora del recinto carcelario. Este penal alberga alrededor de 650 reclusos, tanto procesados como penados.

 En tanto, este domingo 7 de agosto, se conoció sobre el ingreso del cadáver del recluso Freddy Ramón Hidalgo Ortiz (58), proveniente de la cárcel de Tocuyito, a la morgue del hospital de Valencia, estado Carabobo. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.