Para nadie es un secreto que el Tren de Aragua es la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela.
Esta red criminal que está integrada por más de 4.000 delincuentes, y que además dispone de un arsenal de armas de guerra, surgió entre sindicatos de obreros y fundó su base operacional en el interior del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”, cuyo pran en ese entonces era Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
En entrevista con el periodista César Miguel Rondón, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y la investigadora ecuatoriana Carla Alvarez, disertaron sobre cómo las cárceles de América Latina se convirtieron en centros de comando de las principales bandas narco de la región.
“Lo que pasa en Ecuador tiene varias causas, por una parte tenemos un sistema penal que no busca la resolución del conflicto sino que busca el encarcelamiento como la única manera de impartir justicia. Mientras que por otra parte se gestó un sistema carcelario que replicaba el modelo norteamericano de mega prisión, lo cual era demasiado costoso para un país tan pequeño”, sentenció la investigadora.
Alvarez añadió que, en medio de un recorte presupuestario, se eliminó el Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles y con ello se redujo el presupuesto destinado a seguridad interna. Fue allí cuando comenzó el autogobierno penitenciario en Ecuador.
Todo esto en el marco de un sistema penal que seguía metiendo gente a la cárcel, con muy pocas capacidades de brindarle garantías y derechos, con el fin de evitar también los focos de criminalidad como los que hacen tanto daño en la actualidad.
Por su parte, el director del OVP señaló que, en el caso de Venezuela, el deterioro del sistema de justicia y la falta de política criminal es el principal causante de que criminales tras las rejas hayan expandido sus tentáculos en Latinoamérica.
En tanto, en Latinoamérica se impulsan políticas que lo que hacen es violentar el debido proceso e impulsar el poder de estas bandas criminales que incluso podemos asegurar que actúan en complicidad con los Estados.
“El problema es estructural y multifactorial: estructural por el deterioro de los servicios para la reinserción de la persona privada de libertad, y multifactorial porque es un problema que involucra al poder judicial que se encarga del proceso, al Ministerio Público que acusa, a la Defensoría del Pueblo que no garantiza los derechos humanos de los presos, al Ministerio de Servicios Penitenciarios que no autoriza el traslado de los presos ni cubre sus necesidades básicas, a los pranes que no permiten que los presos vayan a las audiencias, y finalmente a la GNB que no presta la custodia para los traslados”, destacó el abogado y defensor de DDHH.
“En definitiva, una persona que va a prisión llega a manos del Estado y éste es quien asume la custodia para que la cárcel sirva como vínculo para el fin de la pena, que es la reinserción en la sociedad”, añadió Prado, quien recordó que las cárceles en América Latina son universidades del delito.
El problema ya no son solo las extorsiones dentro de las cárceles, lo que en Venezuela se conoce como “causa”, sino que ahora las víctimas también son civiles, a través de llamadas telefónicas y con datos muy precisos de su vida cotidiana. Esto además del narcotráfico, el tráfico de armas, las cuales por si fuera poco se dejan de investigar cuando se descubre que los perpetradores se encuentran en el interior de la cárcel.
En ese sentido vale recordar que las necesidades de los privados de libertad, quienes generalmente provienen de familias muy humildes, no son cubiertas por el Estado y son estas familias sin recursos quienes deben proveerles ropa, comida y alimentos.
Esto contribuye en gran medida al sistema de extorsiones que permite que los integrantes de estas mega bandas lucren con las necesidades del resto de la población penitenciaria. Al respecto, Alvarez aseguró que en Ecuador los presos generan millones de dólares a través de las extorsiones, misma situación que ocurre en Venezuela como lo ha denunciado oportunamente el OVP.
“En Venezuela los presos se arropan con el frío de los barrotes, comen con las manos y hacen sus necesidades en bolsas plásticas. En nuestro país lamentablemente se paga por ser pobre, porque en las cárceles no se ve a personas con más recursos comiendo con las manos o durmiendo en el piso”, destacó Prado, quien agregó que cuando una persona ingresa en prisión debería ser clasificada por el tipo de delito: por el grado de peligrosidad, la edad y el sexo, para evitar la contaminación de encerrar a una persona que cometió un delito leve con otras que quizás tiene un extenso prontuario policial.
Para concluir, el director del OVP sentenció que “en Venezuela lo único que falta localizar dentro de una cárcel es un submarino porque ya han encontrado lanzagranadas, rifles y armas AK47, al tiempo que continúa el hacinamiento, el retardo procesal y las extorsiones. No es posible que podamos enumerar tantos problemas, que además son gravísimos, y no han podido resolver ni uno de ellos en 24 años de gobierno y 12 años desde la creación del ministerio de Servicios Penitenciarios”.
Primer Comando de la Capital en Brasil
Según el World Prison Brief, un informe mundial de datos penitenciarios publicado en 2021 por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR, por sus siglas en inglés), la población carcelaria en América, excluido Estados Unidos, creció más que al doble desde 2000.
Ese aumento en la cantidad de presos llegó a 200% en Sudamérica, de acuerdo al estudio, y 77% en Centroamérica.
En un artículo publicado por BBC Mundo se recordó el emblemático caso del Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo criminal que surgió en los ’90 dentro de una cárcel de São Paulo, Brasil, donde la población carcelaria se multiplicó por 3,5 desde el inicio de este siglo.
Concebido inicialmente como un gremio de protección de presos con estatuto propio, el PCC se fortaleció dentro de las cárceles hasta que en 2006 mostró su capacidad de actuar en las calles con una serie de ataques violentos que bañaron de sangre y paralizaron la mayor ciudad de América Latina.
El grupo se expandió cuando las autoridades enviaron a sus líderes a cárceles en otros estados de Brasil en las que reclutó más miembros, hasta reunir hoy cerca de 30.000 integrantes dentro y fuera de las prisiones, indica el reportaje.
Bajo el liderazgo de Marcos Herbas Camacho, alias “Marcola” y preso desde 1999, el PCC amplió sus operaciones de narcotráfico al controlar rutas internacionales desde Paraguay, Bolivia y otros países de la región.
En paralelo, amplió sus ganancias con otros delitos como asaltos a bancos o ventas de teléfonos robados.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
