Este 10 de diciembre, día en que se celebra el 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) realizó el foro “Mujeres en Prisión” para exponer, de la mano de un destacado panel de expertos, las desidia penitenciaria a la que sobreviven las mujeres privadas de libertad, no solo en Venezuela sino en toda la región.
Carolina Girónn, directora del OVP, invitó a visibilizar las reglas de Bangkok para evitar que las mujeres vayan a prisión por delitos menores. La defensora hizo referencia de cómo el trabajo de las organizaciones debe enfocarse en elevar el autoestima de las reclusas, siendo la mayoría de ellas víctimas de un sistema que las victimiza por condiciones adversas que las empuja a situaciones complicadas.
Por su parte, Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, hizo énfasis en que la labor principal de las ONG es lograr que los grupos invisibilizados dejen de serlo, siendo en general el grupo de mujeres en prisión uno de los más vulnerado.
En ese sentido, planteó cuatro ideas durante su presentación en torno a cómo la pandemia ha afectado a los privados de libertad y aún más a las mujeres tras las rejas. “Las consecuencias van a continuar y todavía no se ha visto todo el impacto ni se ha podido medir”, puntualizó.
“La pandemia comenzó como una crisis sanitaria y se volvió una crisis de DDHH. La respuesta de los Estados es ciega al género, aunque la historia nos demuestra que las crisis tienen género”, expresó la defensora para explicar cómo en la región ha habido un incremento de la violencia hacia las mujeres sin respuesta eficaz para prevenirla o denunciar.
Asimismo explicó que, en este contexto de crisis sanitaria, la población privada de libertad pone a los Estados en una encrucijada única, puesto que las medidas sanitarias son difíciles de ser aplicadas dentro de los centros de reclusión. “No puede haber distanciamiento en una cárcel donde el hacinamiento ha aumentado más de 120%, es por esta razón que las cárceles son un centro de contagio muy peligroso”.
Para finalizar, Jiménez explicó la situación de las mujeres dentro de todas esas dificultades, como las políticas de control contra la pandemia han sido ciegas al género. “Una buena parte de la población femenina está por delitos menores, otra con detención preventiva sin procesos de juicio. Como en Chile y México se comenzaron con medidas y no han funcionado, se tomó la decisión de excarcelar, han sido procesos lentos sin privilegios”, puntualizó.
En otro orden de ideas, Claudia Cardona, psicóloga y lideresa del movimiento Mujeres Libres, dio una perspectiva de lo que se vive en Colombia, siendo un claro reflejo de lo que sucede en la mayoría de los países de la región.
En tanto, explicó que en Colombia se han declarado dos veces procesos anti constitucionales en el sistema penitenciario, uno en el 98 y otro en el 2013, reiterando las condiciones indignas de las personas de las prisiones por la situación de habitabilidad, acceso a salud, alimentos y procesos de resocialización.
Recalcó que en Colombia hay 6.626 privadas de libertad y la mayoría es por delitos no violentos, siendo casi todas pobres a cargo de sus familias. 2.200 de ellas deberían durar meses tras las rejas, pero por el contrario duran años.
Dentro de las pésimas condiciones en las que están las mujeres tras las rejas, la más grave es no contar con personal de salud. En cuanto a esto, Cardona explicó cómo para 2.000 mujeres solo tienen un médico, lo que se traduce en menos citas médicas especializadas.
Hacinamiento, condiciones de habitabilidad, tratos crueles e inhumanos, trabajos de cárcel no adecuados, fueron otras de las condiciones explicadas por la psicóloga colombiana para ampliar la imagen de lo que es estar privada de libertad en Colombia.
De igual manera, señaló que durante la pandemia todo empeoró para las reclusas, pues a causa del aislamiento social se prohibió el ingreso de personal externo, no se implementaron protocolos de bioseguridad y como consecuencia de ello más del 70% de la población penitenciaria fue contagiada por el personal de seguridad.
“En todas las organizaciones siempre se enfocan en los problemas de las mujeres en prisión, pero nunca centran la mirada en lo que puede pasar cuando salen. No tiene a dónde ir, la estigmatización es aguda, no las aceptan en ningún empleo, no les dejan abrir cuentas o pedir créditos, por esto deben recurrir a los trabajos informales”, denunció Cardona.
Sufrimiento y desidia a la orden del día
La activista y defensora de Derechos Humanos, Janet Blanco, quien además es ex presa política que permaneció durante año y medio en las instalaciones del Sebin, también participó en el foro virtual y relató lo que es estar sin servicios básicos adecuados por el hacinamiento, vivir en oficinas transformadas en celdas sin ventilación adecuada, la iluminación o baños adecuados, lo que claramente es una situación muy degradante para las mujeres o cualquier ser humano,
“Se pueden imaginar una celda, donde meten a 30 mujeres y en un mes 9 o 10 tengan la menstruación, pueden imaginar lo que es vivir con esa situación sin agua”, relató, al tiempo que enfatizó en que una de las condiciones donde se debe hacer presión para trabajar dentro de las cárceles es en lograr espacios humanizados para poder recibir a sus hijos en edad escolar.
“Recibir a tus hijos en esas condiciones es realmente impactante, espacios con malos olores y hacinamiento, esto debería formar parte de la agenda de políticas de humanización”, ratificó Blanco.
Maria Corina Muskus, consultora en género y Derechos Humanos, aseguró que la situación de las privadas de libertad ha recibido una atención minúscula en Latinoamérica, lo que se traduce en no tener políticas ni legislación que aborden esta temática. Uno de los índices más resaltantes es el incremento de la excarcelación más rápido de las mujeres por encima de los hombres, lo que evidencia que la mayoría no deberían estar privadas de la libertad.
“Los países no tienen políticas carcelarias con perspectivas de género. Las mujeres privadas están protegidas por tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, las Reglas Mandela, Reglas de Bangkok del 2010, siendo estas ultimas no vinculantes pero representan estándares internacionales para el trato de las mujeres”, recalcó Muskus para explicar la amplia protección internacional hacia la mujer.
“A nivel local el número de mujeres privadas de libertad es de 7-8%, pero en el último año aumentó un 30% por encima de los hombres y a escala global aumentó en un 53% más que los hombres. Esto se debe a factores como el uso excesivo de la detención preventiva o delitos de drogas, siendo los perfiles madres solteras, responsables de familias, en contexto de pobreza, con violencia previa y privadas por delitos no violentos”.
Por último tomó la palabra Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos en Venezuela y fundador del OVP, quien enfatizó que las mujeres en prisión son las más marginadas. Es lamentable el cuadro del hijo que nace en prisión o de la mujer cuando está embarazada en prisión, y son los familiares quienes deben velar por ellos”.
Asimismo, recordó la centralización del sistema penitenciario en Venezuela y la necesidad de crear espacios adecuados para la reinserción social de las mujeres. “En nuestro país el servicio penitenciario está totalmente deformado, así como también vemos con tristeza como a las mujeres para reinsertarse en la sociedad les piden hasta la partida de nacimiento y carta de buena conducta. Es necesario visibilizar a la mujeres en prisión, ahora son invisibles y eso atenta contra sus derechos humanos”.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
