La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 20 de septiembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, su quinto y más reciente informe que nuevamente revela preocupantes hallazgos sobre graves violaciones de derechos humanos.
Entre las denuncias más graves se encuentran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y casos de tortura, dirigidos principalmente contra opositores al régimen de Nicolás Maduro. “El riesgo de una desintegración del Estado de derecho es muy alto (…) La maquinaria represiva del Estado continúa cometiendo graves violaciones de derechos humanos y delitos”, sentenció Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión: un plan para desalentar, silenciar, y anular la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia de los resultados electorales”, añadió Valiñas.
Durante el periodo de septiembre de 2023 a agosto de 2024, la Misión documentó más de 25 muertes y más 1.600 detenciones arbitrarias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, las cuales fueron acompañadas de graves violaciones al debido proceso, incluyendo torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Según se detalla en el informe, la Misión pudo documentar 25 muertes en el contexto de las protestas. Todas las víctimas registradas eran de género masculino y 17 de ellas tenían menos de 30 años, mientras que dos de las víctimas eran adolescentes de 15 y 17 años.
Asimismo, la Misión determinó que 24 de las 25 muertes fueron causadas por herida de arma de fuego, la mayoría en el cuello o el tórax anterior o posterior, y una por golpes. En siete de los casos, los certificados y/o actas de defunción, obtenidos por la Misión, confirman que la causa de la muerte fue producida por herida de bala.
En este contexto, las fuerzas de seguridad encabezadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) jugaron un papel central. La Misión documentó 143 detenciones en las protestas postelectorales e inició investigaciones sobre al menos 12 de estos casos.
Además se reveló que, durante las protestas postelectorales, más de 2.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin un perfil político claro, lo que evidencia una represión masiva e indiscriminada.
En tanto, uno de los aspectos más preocupantes fue la detención de 158 niños y niñas, quienes fueron acusados de graves delitos como terrorismo. En varios casos, los menores fueron retenidos en prisiones comunes junto con adultos, lo que los expuso a situaciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo vejaciones sexuales.
“Al igual que en períodos anteriores, el Gobierno invocó la existencia de conspiraciones como argumento para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas. Desde diciembre de 2023, las autoridades denunciaron la existencia de al menos diez conspiraciones que, según las propias autoridades, buscaban desestabilizar el país, derrocar al Gobierno o atentar contra la vida del presidente Maduro y otras autoridades del Estado”, detalla el informe.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Tras las elecciones presidenciales, la Misión continuó recibiendo alegaciones de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad en prisiones y otros centros de detención.
Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en goma espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día.
Estos métodos de tortura coinciden con los utilizados por la Policía Nacional Bolivariana y por los servicios de inteligencia documentados en anteriores informes de la Misión.
En ese sentido, la Misión recordó que la tortura tiene un impacto de largo alcance en las víctimas y en sus personas allegadas, que va mucho más allá de la comisión de la tortura misma. Las decenas de víctimas identificadas en los informes anteriores no han recibido ningún tipo de reparación integral del Estado, y continúan necesitando asistencia y atención especial para intentar superar las secuelas físicas y psicológicas de esta seria violación a los derechos humanos.
Preocupantes condiciones de encarcelamiento
La Misión también investigó las condiciones de detención del Internado Judicial Capital-El Rodeo I, en el Estado de Miranda, que fue reinaugurada a principios de 2024.
Según detalla el informe, El Rodeo I cuenta con un anexo que opera como prisión de máxima seguridad que alberga a civiles y militares vinculados por el Gobierno a varias conspiraciones, incluida la operación Brazalete Blanco.
Los prisioneros son alojados en celdas de 4 m2 en condiciones insalubres, con limitaciones estrictas para salir de su celda e insuficiente acceso a alimentación, agua potable y saneamiento. Los reclusos tienen contacto limitado con el mundo exterior, debido a las restricciones arbitrarias de visitas y a la prohibición total de llamadas.
Los custodios permanecen encapuchados todo el tiempo y no llevan identificación, incluso cuando acompañan a las visitas esporádicas. La Misión recibió también alegaciones de amenazas, malos tratos y reclusión en aislamiento durante períodos prolongados de tiempo.
Tal como lo denunció oportunamente el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la Misión documentó en su informe que la mayoría de las mujeres detenidas durante las protestas fueron trasladadas a La Crisálida en Miranda, donde sobreviven a condiciones críticas de detención, así como a tratos que podrían constituir actos de tortura física o psicológica.
Venezuela necesita medidas contundentes
En el transcurso de los años, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado un patrón sistemático de violencia sexual y de género contra los detenidos, tanto hombres como mujeres, con el fin de humillarlos, castigarlos o extraer información.
Evidencia de ello son los testimonios recogidos por la Misión en su más reciente informe, donde también se detallan casos de violaciones, desnudez forzada y agresiones sexuales que involucran a funcionarios tanto masculinos como femeninos.
“La Misión investigó el caso de dos niñas de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que las detuvieron las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Posteriormente fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron golpeadas y humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales. En otro caso investigado por la Misión, una mujer, familiar de una persona detenida, fue extorsionada por un funcionario que le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su familiar”, detalla el informe.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) lamentamos profundamente como periodistas, defensores de derechos humanos, líderes políticos y miembros de la sociedad civil han sido blanco de acoso y criminalización, intensificando la persecución del régimen, por lo que coincidimos con la Misión en su preocupación sobre la política represiva del régimen venezolano que continúa escalando y silenciando cualquier forma de disidencia.
En ese sentido, consideramos fundamental que el Consejo de Derechos Humanos apruebe de forma urgente la resolución para la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cuya vigencia finaliza en septiembre de 2024.
Recordemos que la Misión desempeña un papel clave y fundamental en la documentación con testimonios de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en contextos de conflicto y represión, proporcionando una base sólida para la memoria histórica y para que se puedan exigir responsabilidades a los perpetradores.
En respuesta a lo denunciado en el informe de la Misión, desde OVP estamos informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la situación de los presos políticos en El Rodeo I, la cual con cuenta medidas provisionales desde el 8 de febrero de 2008, en las que se requirió al Estado venezolano que adoptara las medidas que fueren necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en este recinto penitenciario.
Asimismo, instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a presentar el informe de la Misión ante la CorteIDH y que sirva para la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela que adelanta el fiscal Karim Khan. De esta manera se refuerzan los esfuerzos para garantizar justicia, rendición de cuentas y reparación integral de las víctimas, aportando testimonios claves que respaldan las investigaciones en curso.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
