Caracas, 17 de marzo.- La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el hallazgo de osamentas en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). La organización expresa que este “terrible descubrimiento” traduce la “vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes”.
Ante esto, solicitó al Ministerio Popular Penitenciario, encabezado por Iris Varela, “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta que ha afectado a las familias de los privados de libertad fallecidos y enterrados en fosas comunes dentro de la PGV”.
A continuación el comunicado íntegro:
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana consternada local y nacionalmente ante el hallazgo de osamentas en la Penitenciaría General de Venezuela PGV, se dirige en estos momentos a los familiares de las personas privadas de libertad que perecieron en dicho centro; a los organismos del estado así como al pueblo venezolano.
1. Considerando, que este terrible descubrimiento, traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes, que atentan contra la integridad física, psíquica y moral de cualquier ciudadano.
2. Considerando, que estas violaciones responden asimismo a actos delictivos previstos en nuestra legislación penal sustantiva y son perseguibles de oficio.
3. Considerando de igual manera que tales hechos comportan penas de las más altas, contempladas en el Código Penal Venezolano nuestro y cuyas acciones penales que se ejerzan a los responsables son imprescriptibles.
4. Considerando que este hecho sumado a otros similares en nuestra historia reciente en Venezuela y Latinoamérica, puede quedar ensombrecido por la impunidad que no solo violaría la dignidad de las víctimas fallecidas, sino la de sus familiares que esperan se determine las responsabilidades correspondientes, unidas a las sanciones e indemnizaciones que dé lugar.
Solicitamos:
Al Poder Público Venezolano en sus diferentes instancias se avoque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad.
Al Ministerio Popular Penitenciario garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta que ha afectado a las familias de los privados de libertad fallecidos y enterrados en fosas comunes dentro de la PGV.
Invitamos
A las organizaciones de la sociedad venezolana, exijan a nuestras autoridades la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, mejoren las condiciones de reclusión y las medidas de seguridad en los centros de reclusión.
A la comunidad cristiana que eleve sus oraciones al Dios de la vida, para que acoja e introduzca en su gloria a nuestros hermanos fallecidos y consuelo a sus familiares.
Caracas 17 de marzo de 2017
Mons. Roberto Lückert
Arzobispo emérito de Coro
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Pbro. Dr. Saúl Ron Braasch
Vicario Episcopal de los Derechos Humanos de la CEV
