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Crisis asistencial en penales afecta a más de 46.000 reclusos

El Observatorio Venezolano de Prisiones constató que la falta de atención médica también incluye a los procesados. El sida, la tuberculosis y las fallas cardíacas son las principales causas de muerte por enfermedad, revela un informe

Al menos 46.700 privados de libertad de los más de 55.000 que se encuentran en los 40 centros penitenciarios del país no reciben atención médica, mientras que 40.000 detenidos en calabozos policiales disponen solo de la atención primaria en hospitales, de acuerdo con el más reciente análisis elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

En las cárceles la situación es dramática para los contagiados con Virus de Inmuno Deficiencia Humana, específicamente, señaló el director de la ONG, Humberto Prado. No reciben tratamiento antirretroviral y viven sometidos a los prejuicios de las autoridades y de los otros reos que los discriminan, agreden y amenazan de muerte. Tampoco hay controles médicos en el proceso de ingreso. “Hay quienes admiten que tienen VIH y otros que no lo dicen por temor a ser asesinados, una vez que llegan al centro”.

La violencia sexual registrada en los penales actúa como un medio para el contagio masivo de infecciones de transmisión sexual. “Al internado de Los Teques llegó una persona extranjera seropositiva, fue abusado y le transmitió el VIH a otros 15 presos, luego uno de ellos se lo contagió a su esposa”, dijo Prado, y precisó que la mujer recibe el tratamiento con dificultad por la carencia de antirretrovirales.

Explicó que las patologías más frecuentes en las cárceles son sarna, dermatitis, tuberculosis, amibiasis, conjuntivitis y hepatitis, debido a la falta de higiene de los espacios, el agua en mal estado, el hacinamiento y la incorrecta manipulación de alimentos. Precisó que los infartos, el sida y la tuberculosis son las tres principales causas de muerte por enfermedad entre los reos. Y no existe atención médica para 75% de los reclusos en las cárceles, agregó el abogado.

La grave situación de salud que impera en los centros penitenciarios ha provocado que muchos incurran en la práctica de métodos alternativos que incumplen las medidas sanitarias y que representan un riesgo para la salud: “Como no tienen atención odontológica, muchos detenidos con dolor de muelas se colocan un clavo al rojo vivo en el nervio; otros para quitarse la amibiasis comen papel sanitario con jabón de lavar”, afirmó.

Ante la fuerte escasez de medicamentos a los enfermos les suministran una pastilla conocida como “la Milagrosa”, de la que se desconoce su composición química. “Sea lo que sea que tengan eso es lo que le dan. El personal médico no cumple su horario y algunos detenidos que tienen conocimientos de medicina fungen de enfermeros”.

Un informe elaborado por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, correspondiente al primer semestre de 2017, señala que de 89 centros de detención preventiva en todo el país solo 19 cuentan con servicio de agua potable, mientras que 75 no disponen de servicio médico operativo.

El servicio médico de los calabozos policiales está inoperativo. Las celdas albergan a 40.000 detenidos en espera de ser trasladados a las cárceles, previa orden del Ministerio del Servicio Penitenciario.

El especialista indicó que solo 20% de los calabozos policiales cumple a medias los estándares internacionales que garantizan el derecho a la salud, y 50% se encuentra sin insumos o personal médico para atenderlos.

Prado instó a las autoridades del sistema penitenciario a descentralizar los centros de reclusiones y a implementar un programa de educación orientado al personal directivo, los presos y las personas que se encuentran bajo libertad condicional.

Las cárceles deben dejar de ser depósitos de seres humanos y universidades del delito para convertirse en centros de reinserción social.

Por BETANIA FRANQUIS | EL-NACIONAL.COM

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.