GINEBRA (29 de marzo de 2018) – Estamos consternados por las terribles muertes de al menos 68 personas en Venezuela después de que un incendio arrasara la cárcel de una estación de policía el miércoles a raíz de presuntos enfrentamientos entre detenidos y miembros de las fuerzas de seguridad.
Instamos a las autoridades venezolanas a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y efectiva para establecer la causa de estas muertes, proporcionar reparaciones a las familias de las víctimas y, cuando corresponda, identificar y llevar a los responsables ante la justicia.
También estamos preocupados por informes que indican que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los familiares que se habían congregado frente a la estación de policía en Valencia, estado de Carabobo, para exigir información sobre sus seres queridos. Llamamos a las autoridades a respetar el derecho de las familias a la información y a la reunión pacífica.
En las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela, usadas usualmente como centros permanentes de detención, existe hacinamiento generalizado y condiciones terribles de detención. Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines.
Los Estados son los garantes de la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad. Llamamos al Gobierno de Venezuela a que adopte inmediatamente las medidas para mejorar las condiciones de detención en cumplimiento con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la prohibición de la tortura, así como los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.
Llamamos a las autoridades a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura con el fin de que se habilite un monitoreo independiente de centros de detención por un mecanismo internacional.
