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Desde 1999 hasta 2019 se registraron 25.089 víctimas de la desidia penitenciaria

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dirigido por Carolina Girón, presentó este martes 21 de julio el Informe Anual 2019 sobre la situación del sistema penitenciario en Venezuela.

OVP recoge cada año las incidencias en cada uno de los centros penitenciarios del país, gracias al apoyo de los privados de libertad y sus familiares. El informe de 2019 detalla particularmente las cifras comparativas con años anteriores, tomando como referencia el 2017 y 2018.

En cuanto a las muertes en las cárceles venezolanas, cabe destacar que en 2017 murieron 143 presos, mientras que en 2018 se reportaron 291 fallecimientos, lo que representó un incremento de 50,85%. En tanto, en 2019 estas cifras se redujeron considerablemente y se registraron 104 decesos, lo que se traduce a una reducción  de 64,26%.

Desde 1999 hasta 2019, 7.374 personas murieron en las cárceles del territorio nacional y otras 17.715 resultaron heridas, lo que engloba una cifra total de víctimas, entre muertos y heridos, de 25.089 víctimas.

En ese sentido, Girón manifestó que esto no quiere decir que la situación ha mejorado en los recintos penitenciarios. “Disminuyeron las muertes por violencia, pero nos empezamos a alarmar porque aumentaron las muertes por salud”.

En el 2017 fallecieron 28 reos por condición salud, en el 2018 aumentó a 40 y en 2019 lamentablemente se incrementó a 66 muertos por falta de atención médica, medicamentos, entre otras causas.

“Es un marcador que está subiendo, se está incrementando y ¿cuáles son las causas de estas muertes?, pues la desnutrición. La desnutrición genera que las enfermedades ya erradicadas, como la tuberculosis, provoquen estas muertes. Estas personas no cuentan con los suficientes nutrientes o defensas para enfrentar enfermedades de este tipo”, sentenció la directora de esta organización no gubernamental.

Hacinamiento crítico en Venezuela

Enfermedades como tuberculosis, afecciones cardiovasculares y circulatorias, infecciones en la piel y respiratorias van de la mano con el hacinamiento existente en las cárceles de Venezuela.

En 2017 se contaban 57.359 reos y en 2018 eran 46.915; mientras que en 2019 era de 167,66%, porque la capacidad instalada es de 26.238 y en el país se sumaban 43.992 privados de libertad. Sin embargo, la capacidad instalada se mantenía.

“A pesar de que ha bajado la población penitenciaria, esto hace que la población en calabozos policiales vaya en aumento. Hay una consecuencia proporcional”, detalló la directora del OVP.

Otra de las consecuencias del hacinamiento es el retardo procesal y eso se puede evidenciar con la cantidad de presos procesados y penados que se encuentran en las cárceles del país.

En el 2017 el 69% de la población reclusa estaba procesada, en el 2018 el 64% y en el 2019 el 61%; es decir, más de la mitad de los presos en Venezuela están procesados.

En ese mismo orden de ideas, Girón expresó que corresponde al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todo el sistema de justicia revertir esta situación que afecta a los privados de libertad.

Aseguró además que la pirámide penitenciaria está invertida. “Se supone que yo debo tener en los centros penitenciarios a gente penada, para de este modo ofrecer programas socioeducativos, de trabajo y deportes que puedan darle herramientas para reinsertarse a la sociedad”.

Según los datos manejados por OVP la población penitenciaria en Venezuela se encuentra entre los 18 y 26 años de edad. “Es una población muy joven que merece esa oportunidad. Cuando nosotros peleamos la protección y promoción de los derechos humanos de las personas privados de libertad, lo que estamos pidiendo son derechos y no privilegios”.

Añadió que “cuando pedimos que tengan acceso a una buena alimentación, a medicinas, son derechos no privilegios. No estamos defendiendo a la delincuencia porque cuando caen presos ya están vencidos y ¿cuál es la función del Estado? La función del Estado es hacer posible su reinserción en la población, pero lo que están haciendo es orden cerrado que se usaba en 1935 cuando no existía la política penitenciaria”.

Las mujeres también sufren

Para el 2019 la cantidad de mujeres detenidas en cárceles venezolanas era de 2.536, lo que representa el 6% de la población reclusa. Es de resaltar que la capacidad instalada es de 2.154, presentando un hacinamiento de 117%.

Más de la mitad de las mujeres recluidas son procesadas, según los datos recabados por OVP.

La directora de OVP resaltó que las internas sufren la misma problemática que los internos. Asimismo, señaló que las mujeres por condiciones físicas naturales tienen otras necesidades que no son protegidas ni atendidas.

Girón relató cómo es que existen niños junto a privadas de libertad cumpliendo prisión que no les corresponde, niños que están expuestos a enfermedades. “Las condiciones de las mujeres nos preocupa muchísimo porque están bajo condiciones que no son las adecuadas”.

“La situación de las mujeres ha estado un poco olvidada y debemos levantar la voz por las presas”, manifestó Girón, al tiempo que indicó que la opacidad con la información por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios es grande.

Extranjeros en Venezuela

En 2017 la población reclusa de extranjeros era de 1.198 internos, en 2018 de 1.081 y en 2019 de 958, lo que representa el 2% de la población en todo el territorio nacional. Es de resaltar que éste porcentaje de reos es albergado en el Centro Penitenciario Winnie Mandela en el estado Zulia y La Planta en Caracas.

Cárceles clausuradas

Desde 2002 hasta 2018 han sido clausurado 8 centros penitenciarios por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, los cuales no han sido sustituidos por nueva infraestructura.

Los penales que han sido cerrados son: Internado Judicial de El Junquito, Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso La Planta, ambas en Caracas; Cárcel Nacional de Maracaibo, Penitenciaría General de Venezuela, Internado Judicial de San Juan de los Morros, ambos en Guárico; Internado Judicial de Barinas I, estado Barinas; Internado Judicial de Apure, estado Apure e Internado Judicial Región Capital Rodeo I, estado Miranda, los cuales permanecen desalojados.

“Cuando el Ministerio Penitenciario dijo que han construido nuevos centros penitenciarios hablan con falsedad porque en el caso de La Pica en Monagas, lo que hicieron fue colocar unas carpas, no hay nada nuevo en construcción”, señaló Girón a la vez que manifestó que así han hecho en otros establecimientos, ocupan una de las edificaciones y la inauguran con un nombre nuevo, cuando en realidad se trata del mismo centro penitenciario.

“Todo ha sido una mentira y queda demostrado, no hay ninguna construcción. Cuando el Ministerio dice que tiene 86 centros penitenciarios, no señor es falso, tienen los mismos 26 centros de toda la vida y ahora con menos capacidad porque se dieron el lujo de cerrar 8”, enfatizó Girón.

Acciones internacionales

La directora de OVP indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concedido siete medidas provisionales en centros penitenciarios, de las cuales cinco fueron solicitados por la organización.

Aún cuando estos penales gozan de medidas de protección no son cumplidas y como evidencia es que en el 2019 murieron 34 presos, de los cuales 19 fueron por condiciones de salud. Ninguno recibió atención médica, según la información del informe anual.

Por último, Girón expresó que el Estado continúa sin cumplir con lo que establece la Corte IDH y tampoco dan respuesta.

“Allí siguen muriendo y siguen incumpliendo, por lo tanto es una doble violación a los Derechos Humanos. Se trata de un Estado contumaz, es decir que se niega a cumplir, no tienen capacidad ni formación, no hay voluntad y esta situación debe acabar. En la cárceles no debe morir un preso más”, puntualizó.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones  

Link informe: https://oveprisiones.com/informe-anual-2019/

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.