Humberto Prado, director del OVP, enfatizó que las garantías del derecho a la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos son esenciales para el mantenimiento y promoción de los DDHH en general, la protección de los principios democráticos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Sin embargo, en Venezuela el entorno adverso para la defensa de derechos fundamentales se ha mantenido en el tiempo.
En ese sentido, el también abogado y defensor de derechos humanos explicó que la CIDH estimó los hechos que enfrenta el abogado Joel García a la luz del contexto hostil hacia las personas defensoras y de la situación particular de quienes ejercen labores de defensa legal a personas detenidas por razón de su disidencia al actual gobierno de Venezuela. Este contexto imprime especial seriedad al presente asunto y lo ubica en una situación de vulnerabilidad, ya que sus derechos están en riesgo de daño irreparable.
En este punto, es importante destacar que el abogado Joel García ha representado a Juan Requesens, exdiputado y dirigente del partido político Primero Justicia; a Marino Alvarado, activista, defensor de derechos humanos y coordinador de Exigibilidad Legal de Provea; y al periodista Roland Carreño.
Actualmente, es el representante legal del estudiante universitario John Álvarez, quien fue víctima de torturas y perdió la visión de su ojo izquierdo, además de padecer lesiones en su riñón izquierdo y pierna derecha, como consecuencia directa de ello. En tanto, García está realizando gestiones para la defensa de la activista y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pero le niegan la posibilidad en una flagrante violación contra el derecho a designar a sus abogados de confianza.
En ese mismo orden de ideas, y como contexto del por qué los derechos del abogado están en riesgo de daño irreparable, también ha recibido amenazas y hostigamiento por conocer de primera mano la crisis del sistema de justicia penal en Venezuela, donde no hay Estado de Derecho y tampoco se respeta el debido proceso, lo cual ha denunciado de manera oportuna a través de sus redes sociales, al igual que algunos actos de tortura cometidos en las cárceles y calabozos del país, y demás violaciones a los derechos fundamentales.
Prado destacó que las denuncias informadas por el OVP fueron consideradas por la CIDH con especial relevancia. “Es preocupante que, pese al actuar de personas no identificadas, no haya habido la debida investigación por parte de los organismos del Estado, pese a que se han interpuesto las denuncias en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo”, sentenció.
Por último, Prado puntualizó que ya está informando sobre estas medidas cautelares y la situación del abogado Joel García a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, señora Margaret Satterthwaite; a la presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos; Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seños Volker Türk, entre otros mecanismos, para velar por el cumplimiento de las mismas.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
