“Nosotros hemos venido informando lo que los organismos públicos no quieren decir”, expresa Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al referirse a cada denuncia que se ha realizado desde la organización, en especial sobre los fallecimientos dentro de recintos carcelarios y calabozos policiales de nuestro país, así como a las constantes violaciones de sus derechos de las que son víctimas los privados de libertad.
Prado señaló que cada negación al derecho a la salud se covierte en una pena de muerte y los organismos responsables como el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, y hasta la misma Asamblea Nacional, que no investigan lo que sucede, no existe un contrapeso dentro de sus funcionaciones.
“Les dejó de importar la situación de los presos políticos y los sociales de nuestro país”. En cada cárcel y calabozo policial de Venezuela hay una situación de hacinamiento crítico, que es caldo de cultivo para enfermedades como la tuberculosis o la hepatitis, la escabiosis (sarna), enfermedades gastrointestinales etc, pero ni el preso, la cárcel, o los recintos tienen culpa de esta situación.
Por otra parte, los cuerpos policiales no tienen presupuesto para suministrar alimentos a los imputados o para tener un servicio médico. De acuerdo con lo establecido en la ley, un detenido no debe pasar más de 48 horas en un calabozo y una vez que un juez dictamine una privación de libertad debe ser trasladado a un centro de reclusión, explicó el director de OVP.
Es aquí donde se enfrenta otro problema. El Gobierno cerró 15 cárceles en el país y todas esas personas que, presuntamente, cometieron un delito son albergadas en calabozos policiales .
“Aquí si quieren ver culpables deben ver al Gobierno nacional que tiene arrodillados a los organismos públicos, porque no son autónomos, tienen temor a ser despedidos y allí radica el problema de nuestro país, que no hay autonomía, no hacen cumplir lo que está dentro de la normativa para que haya una justicia a tiempo y no a destiempo”, enfatizó Prado.
Desde el mes de abril el OVP ha documentado la muerte de 61 privados de libertad y las principales causas son paros cardíacos, problemas digestivos, entre otros problemas de salud. “¿Dónde están los servicios médicos de ese establecimiento?, ¿Dónde está la supervisión de cada preso?, cada uno debería tener en su expediente una ficha médica con la patología que sufre”.
Sin responsables
El director del OVP puntualizó que ante toda esta situación hay un responsable y debe ser investigado.
“Larry Devoe (fiscal general de la República) es injusto que usted todavía no tenga responsables de la masacre de Yare III, es injusto que las personas que tengan responsabilidades por la muerte del señor Quero Navas no estén investigados y en prisión”, agregó Prado, a la misma vez que lo emplazó a hacer su trabajo.
Mientras que a Eglée González Lobato, defensora del pueblo, le recordó que tiene responsabilidad y cualidades dentro del artículo 281 de la Constitución y puede interponer acciones judiciales contra personas que violan derechos humanos, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Por su parte, el director de OVP manifestó que desde la organización se continuará trabajando en documentar, denunciar y visibilizar todas las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas los privados de libertad.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
