Entre heces, orina, hacinados y sin ningún tipo de iluminación. Así conviven los privados de libertad en la celda conocida como el Inframundo, en el sótano del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, de la Policía Bolivariana (PNB), en Caracas.
Este espacio hace honor a aquel lugar oscuro a donde iban los muertos, según la Biblia: el infierno. También es conocido entre los detenidos y los funcionarios como la Ultratumba, la Llorona y la Celda del Payaso, por las pésimas condiciones a las que están sometidos los reclusos.
De acuerdo con los datos que obtuvo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), presentados este miércoles 22 de enero en el informe Inframundo: La Amenaza Oculta en los Calabozos de Zona 7, en esta celda hay aproximadamente 90 detenidos, sin ventilación, sin la entrada de luz solar ni baños, lo cual perpetúa un ambiente opresivo.
La antigua Zona 7, de la extinta Policía Metropolitana, refleja la crisis humanitaria y el colapso del sistema penitenciario en Venezuela, expresó Humberto Prado, director del OVP.
Aunque fue diseñado originalmente como un espacio de uso administrativo, este centro alberga aproximadamente a 421 detenidos distribuidos entre 14 a 16 celdas (al menos 250 son presos sociales y 171 población policial), en un espacio que no está diseñado para la permanencia de reclusos por más de 48 horas.
Estas personas sobreviven en condiciones de extrema precariedad, violencia, corrupción, sin atención médica ni alimentación. La situación intramuros es contraria a ese concepto de privación de libertad y a los estándares internacionales, como las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas en las Américas de la CIDH.
“Situación que se va agravando y las personas privadas de libertad van perdiendo sus derechos, que no solo están establecidos en nuestra legislación, también se encuentran en los estándares internacionales”, manifiesta Prado.
Desde el 2015 se han registrado 5 motines en estos calabozos policiales, ubicados en una zona residencial y educativa del municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas, en los cuales se retuvieron a funcionarios de la PNB como rehenes. También hubo 3 fugas, que involucraron a 38 presos y 12 muertes violentas.
“La costumbre se hace ley y el Estado está haciendo esta práctica continua y sostenida”, reitera el abogado y defensor de DD. HH., quien añade que el problema no son los calabozos ni los presos, sino las personas que administran justicia, quienes no tienen la voluntad política para resolver los problemas.
Adolescentes en el Inframundo
Los parientes aseguran que las paredes del Inframundo “sudan”, presumen que se debe a las diversas filtraciones que tiene esta sede de la PNB o al hacinamiento y al calor sofocante, que los reclusos combaten en shorts y sin camisa.
Los hombres que están detenidos en esta celda hacen sus necesidades en bolsas, se turnan para dormir en el piso o encima de una sábana que les envían sus parientes, después de pagarle a los policías. Esta situación no solo afecta el cumplimiento de condiciones de reclusión dignas, también la labor inherente de los cuerpos policiales.
Al Inframundo, o Ultratumba, trasladaron a 21 adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales entre finales de julio y los primeros días de agosto de 2024. Los menores de edad convivieron con los adultos que se encuentran allí, quienes los defendieron de los policías cuando estos, presuntamente, querían golpearlos.
“Sus necesidades las hacían en una esquinita de la misma celda, en bolsas, por eso mi familiar nos pidió un paquete de bolsas. Esa celda huele a orín y a pupú, cuando los trasladaron de ese penal esos niños olían malísimo, no sé ni cómo describir el olor, olían a alcantarilla con rata muerta, daban ganas de vomitar. Allí vivieron lo peor”, dijo el familiar de un adolescente al OVP.
El alquiler de un ventilador en el Inframundo cuesta $2 durante una hora, el cual cancelan los parientes al pago móvil de los policías. Lo usan para paliar el calor al menos a tres personas. “Así podían respirar”, añadió.
Los familiares también les hacían recargas de saldo a los celulares de los presos sociales, para que les permitieran hablar con los adolescentes durante el día. Mediante esa comunicación se enteraban si les llegaba la comida, que generalmente solo se la entregaban una sola vez, cuando ya estaba fría.
“En un día me pidieron hasta cinco veces una recarga. Y sé que otros familiares también hacían recargas los mismos días. Cuando mi hijo me llamaba me decía ‘qué es lo ques chama, pásame $2 allí para un ventilador’. Yo pensé que el muchacho se estaba volviendo malandro, pero luego me confesó que tenía que hablar así y lo mismo hicieron los otros adolescentes”, contó la madre de un menor de edad detenido arbitrariamente en el contexto de las protestas poselectorales.
Se paga por todo
Los familiares pagan $5 a los funcionarios para poder visitar a los reclusos diariamente. Por la corrupción en esta sede hay parientes que pasan desde cigarrillos hasta sustancias estupefacientes.
“A veces le pagas al policía, pero según su humor podrías darle a él una parte y lo otro se lo pasaba a los presos”, contó la pareja de un hombre que estuvo privado de libertad en este centro de detención durante tres años.
Para trasladar a un recluso de la celda del Inframundo a otra con “mejores” condiciones también hay que cancelar entre $20 y $40.
Corrupción
Además del Inframundo, en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta hay otras celdas como El Tigrito, donde llevan a los reclusos que están castigados. También está el área conocida como King Kong, o la “celda de los millos”, porque en este sitio conviven los hombres que pagan hasta $100 para estar allí.
Por otro lado está El Pantry, un espacio abierto donde pueden estar los reclusos durante el día, siempre y cuando paguen en dólares. También hay otro lugar para “las brujas” o “los manchados” y se trata de los detenidos que cometieron delitos como abuso sexual.
Fuentes consultadas por el OVP dieron fe de la corrupción en este calabozo policial, además de la distribución de las celdas que depende de la cantidad de dólares que paguen a los funcionarios. Indicaron que los efectivos, presuntamente, reciben dinero a cambio de permitir pernoctas, visitas conyugales, alimentos, bebidas, visitas y el traslado a los tribunales, el cual en ocasiones se hace en vehículos de los familiares porque supuestamente la unidad está dañada.
“La dignidad tiene un precio y es que las condiciones en las que conviven los presos de Boleíta son un caldo de cultivo para la corrupción y esto es el día a día en los calabozos, quienes tienen que pagar en dólares estadounidense para tener beneficios”, detalló Prado.
Recomendaciones
El OVP recomienda al Estado venezolano que cierre de manera definitiva el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta y cesar de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva.
Asimismo, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro deben asegurarse de que los calabozos policiales no sean utilizados para detener preventivamente a adolescentes, ya que deben ser recluidos en las Entidades de Atención de Adolescentes.
Por otro lado, el OVP recomienda realizar el traslado completo de los internos a diferentes centros de reclusión y que considere la jurisdicción del tribunal de su causa y cercanía a sus familias y comunidades.
Finalmente, el Estado debe cumplir con el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal y llevar a cabo una evaluación médica de los reclusos antes de cualquier traslado, para asegurar que su traslado sea idóneo para la movilización y de esta forma se garantice el respeto integral de las personas privadas de libertad.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Puedes acceder al informe a través de este link: https://oveprisiones.com/
