En medio de un clima de represión y hostigamiento, las madres y demás familiares de presos políticos, especialmente adolescentes, enfrentan una preocupante estrategia de intimidación por parte del régimen. Bajo amenazas directas, se les exige que no hablen con la prensa ni con organizaciones de derechos humanos, que no graben vídeos ni realicen denuncias públicas, y que eviten enviar cartas a otros familiares.
Según conoció el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), también se les advierte que el incumplimiento de estas exigencias podría resultar en la suspensión de las visitas a los detenidos arbitrariamente o, peor aún, en represalias que afecten directamente sus procesos judiciales.
A estas acciones se suma una narrativa promovida por el régimen, que busca deslegitimar cualquier crítica o denuncia, acusando a las familias y organizaciones de formar parte de un supuesto “plan para desestabilizar el país” de cara al próximo 10 de enero. Esta fecha, clave en el calendario político, ha sido utilizada como pretexto para justificar la represión y silenciar las voces disidentes.
Entre las formas de intimidación más frecuentes se encuentran la prohibición de hablar con la prensa y organizaciones de derechos humanos, incluso vía telefónica. Las madres son advertidas de que cualquier denuncia a medios o grupos defensores de derechos humanos podría “empeorar la situación” de sus hijos, con el añadido de ser etiquetadas como parte de una conspiración terrorista contra el país.
Asimismo, se les prohíbe el uso de redes sociales para exponer sus preocupaciones, pues durante los últimos meses los familiares se han apoyado en estos medios masivos para visibilizar los abusos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Asimismo, las autoridades penitenciarias emplean la suspensión de visitas como un castigo directo, amparándose en acusaciones de “colaboración con planes desestabilizadores”.
Incluso la comunicación con otros familiares ha sido limitada, obstaculizando el apoyo emocional necesario para enfrentar la situación. Estas medidas, combinadas con la narrativa oficial, crean un entorno donde las familias son doblemente victimizadas: por el encarcelamiento injusto de sus hijos y por la criminalización de su búsqueda de justicia.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que el régimen recurre a una retórica que deslegitima cualquier tipo de denuncia pública, como una herramienta de propaganda política para ignorar las raíces del problema carcelario: corrupción, desatención estatal y violación sistemática de derechos humanos. En lugar de soluciones reales, estas acciones perpetúan un sistema punitivo y opresivo.
“Las amenazas y el discurso del régimen buscan desviar la atención de las violaciones de derechos humanos, enmarcando las críticas como ataques organizados por opositores o agentes externos. De cara al próximo 10 de enero, las denuncias de familiares son presentadas como intentos de generar caos cuando en realidad se trata de legítimos reclamos por justicia, transparencia y respeto a los derechos fundamentales”, agregó Prado.
El también abogado y defensor de derechos humanos señaló que “el miedo impuesto a los familiares no solo busca evitar que las denuncias lleguen a la comunidad internacional, sino también consolidar la narrativa oficial que presenta al régimen como víctima de una conspiración. Este doble propósito permite al Estado justificar la represión y mantener el control, mientras las familias y sus hijos continúan siendo vulnerados”.
Añadió que el derecho a la protesta pacífica está consagrado como un derecho humano en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual garantiza a todos los ciudadanos la posibilidad de manifestarse de manera libre para expresar sus demandas y preocupaciones.
Este derecho está estrechamente vinculado al derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 57 de la Carta Magna, que protege la posibilidad de expresar ideas sin temor a represalias; y al derecho a la libre asociación, establecido en el artículo 52, que permite a la sociedad civil organizarse y trabajar colectivamente en la defensa de sus intereses y derechos.
Por último, denunció que los defensores y defensoras de derechos humanos también enfrentan intimidaciones, amenazas y hostigamientos en el ejercicio de su labor, a pesar de que la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que los Estados tienen la obligación de proteger su trabajo y garantizar que puedan ejercerlo en condiciones de seguridad y libertad.
Este incumplimiento no solo vulnera los derechos fundamentales de quienes dedican sus esfuerzos a la justicia y la defensa de los derechos humanos, sino que perpetúa un ambiente de impunidad que silencia las denuncias y debilita la protección de las víctimas.
Citación a defensora de presos políticos
Como parte de las amenazas y el hostigamiento que reciben los familiares de los presos políticos para callar sus denuncias, Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano en octubre de 2021 y en los brazos de su hijo que se encontraba tras las rejas junto a él en el Sebin, fue citada a declarar en calidad de testigo en la División de Investigaciones contra Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
También es hermana de Josnars Baduel, preso político recluido en el Internado Judicial del Rodeo I, en el estado Miranda, quien ha sido víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos. Además de este centro penitenciario se desprendieron denuncias durante el fin de semana, familiares aseguraban que “había una situación irregular” y que desde las celdas se escuchaban gritos de los familiares pidiendo auxilio.
Andreina, quien es periodista, forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, quienes han llevado a cabo diversas acciones pacíficas, como vigilias y entrega de documentación en entes gubernamentales, para exigir la libertad de los detenidos.
“Hago voto de que esta citación sea para darme respuesta por las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos de las que ha sido objeto mi familia y muchos presos políticos, hago voto de que esta citación sea para darme respuesta sobre el asesinato de mi padre en cautiverio, no tengo nada que ocultar (…) Todas nuestras actuaciones han sido pacíficas y apegadas a la ley. Se han hecho denuncias en los diversos organismos del Estado que no han recibido respuestas”.
Violaciones a los derechos humanos
Es importante mencionar que el uso de amenazas e intimidación contra las familias de los presos políticos, sumado a la narrativa oficial de deslegitimación, viola principios fundamentales reconocidos internacionalmente, tales como la libertad de expresión. Restringir el derecho a denunciar y a compartir información sobre abusos contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso de adolescentes detenidos, estas prácticas violan la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a garantizar su protección integral en todo momento. De igual manera, la suspensión de visitas y la restricción de comunicación interfieren con el derecho de los detenidos y sus familias a mantener vínculos afectivos, esenciales para el bienestar emocional.
Además, las amenazas crean un entorno de intimidación que obstaculiza la transparencia y la equidad en los procesos judiciales, violando flagrantemente el derecho de todas las personas a un juicio justo.
En este contexto, es imperativo que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación trabajen juntos para visibilizar estas prácticas. Las voces de las madres y las familias deben ser protegidas y amplificadas, ya que denunciar los abusos no es un delito ni un acto de desestabilización, sino una exigencia legítima de justicia y respeto a los derechos humanos.
Una nueva tragedia bajo custodia del Estado venezolano
Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad, quien se encontraba detenido como preso político tras ser arrestado en el contexto de las manifestaciones poselectorales, falleció el 12 de diciembre en las instalaciones del Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo. Sin embargo, su familia no fue notificada del deceso.
Su cuerpo fue ingresado a la morgue del hospital local, pero el mayor de sus tres hijos se enteró del fallecimiento recién la noche del 13 de diciembre a través de las redes sociales. Al acudir al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef), le mostraron una fotografía con la que confirmó que se trataba de su padre. Allí le indicaron que debía trasladarse al penal para retirar un documento necesario para iniciar los trámites de retiro del cadáver ante el CICPC.
El joven fue hasta la cárcel de Tocuyito, pero las autoridades del penal negaron que había fallecido un interno. Desesperado, el joven denunció la situación al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y grabó un video exponiendo el caso. Al día siguiente, tras las múltiples denuncias y declaraciones a medios de comunicación regionales, finalmente fue atendido en el penal y desde allí lo trasladaron a la subdelegación del CICPC en Tocuyito.
En el CICPC, el joven ingresó a las 10:00 am para una supuesta entrevista breve que terminó extendiéndose por diez horas. Durante este tiempo, no se le permitió salir ni comer, y sus acompañantes no recibieron información sobre su paradero. Fue alrededor de las 8:00 pm cuando salió acompañado por funcionarios policiales, quienes lo llevaron escoltado hasta la morgue para retirar el cuerpo de su padre.
Sin embargo, las irregularidades continuaron. Sin explicaciones claras sobre la causa de muerte, el cadáver de Jesús Rafael fue colocado en una urna sellada y llevado bajo custodia de los mismos funcionarios hasta la población de Anaco, estado Anzoátegui, donde se realizó un entierro controlado con urna sellada. En este acto no se permitió la presencia de las otras dos hijas de Jesús Rafael, de 7 y 17 años, ni de otros familiares.
El joven fue presionado a no realizar más declaraciones sobre el caso. Antes de ser silenciado, logró suplicar públicamente por la libertad de su madre, Anny Suárez de Álvarez, quien permanece detenida en un destacamento de la GNB en el estado Bolívar.
Recordemos que Jesús Rafael Álvarez fue detenido junto a su esposa el 2 de agosto en la población de El Callao, estado Bolívar. Ambos fueron trasladados a la comandancia de la GNB en Puerto Ordaz, donde permanecieron un mes antes de que Jesús Rafael fuera enviado al penal de Tocuyito. Durante su reclusión, nunca recibió visitas de sus hijos ni de otros familiares.
Con su muerte, Jesús Rafael se convirtió en el segundo preso político, detenido en el contexto de manifestaciones poselectorales del 28 de julio, que falleció bajo custodia del Estado. Según cifras del OVP, ya son 21 las personas muertas mientras estaban bajo custodia del régimen venezolano, de las cuales 17 eran presos políticos y tres estaban vinculadas a la trama de corrupción conocida como “Pdvsa-Cripto”.
Una vez más, desde el OVP exigimos la libertad inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos, especialmente aquellos adolescentes que se encuentran injustamente detenidos en condiciones que violan sus derechos fundamentales. Esta exigencia está respaldada por declaraciones internacionales, como las del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien recientemente aseguró que tras las elecciones de este año insistió en sus comunicaciones con Venezuela por “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que debe ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”.
Asimismo, durante la actualización oral sobre Venezuela, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo referencia al cierre del espacio cívico en Venezuela y aseguró que su oficina recibió informes creíbles de que defensores de DDHH, líderes sindicales, periodistas, personal de mesas electorales y miembros de la oposición son víctimas de amenazas y hostigamiento. Por ello, instó a los Estados de la región a garantizar su protección, ya que muchos abandonaron el país.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
