La exposición estuvo dirigida por su presidenta, Marta Valiñas, quien inició haciendo referencia al último informe de la Misión, donde concluyó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el gobierno lo estimara necesario.
En esta oportunidad, reiteró que la represión funciona a través de dos modalidades dependiendo del contexto: i) una más violenta, que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso, mediante la comisión de delitos; y ii) otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales.
Actualmente, indicó que nos encontramos en una fase de reactivación de la modalidad más violenta, y que la Misión observó una repetición de los patrones de violación de DDHH contra personas opositoras o percibidas como tales, incluyendo a personas defensoras de DDHH que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno.
Valiñas precisó que los últimos acontecimientos en Venezuela, de cara a la celebración de las elecciones presidenciales, como el inicio de una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria, sus juntas regionales y tres dirigentes nacionales, la decisión del TSJ de emitir una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias, y la ratificación de la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, evidencian graves dificultades para garantizar que los comicios se desarrollen conforme al derecho a participar en los asuntos públicos, previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Con respecto a las liberaciones ocurridas entre octubre y diciembre de 2023, la Misión informó que de las 25 personas excarceladas, 16 de ellas habían sido mencionadas como víctimas de violaciones de sus DDHH en sus informes previos. Asimismo, indicó que de los 20 venezolanos excarcelados como resultado del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno venezolano, la totalidad de ellos habían sido liberados con medidas alternativas, por lo que seguían sometidos a un proceso penal.
La Misión constató que, como práctica recurrente por parte de las autoridades venezolanas, en el período de esta actualización se invocaron “conspiraciones” reales o ficticias para intimidar, detener y procesar a críticos del gobierno. Al respectó, señaló las órdenes de detención solicitadas para 14 personas en diciembre de 2023 por presuntamente “conspirar” contra la celebración del referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba. Igualmente se refirió a las 4 “conspiraciones” desarticuladas que fueron señaladas por Nicolás Maduro el 15 de enero de 2024 y a la “Operación Brazalete Blanco” dada a conocer por el Fiscal General.
Como resultado de estos anuncios, la Misión tomó nota de una ola de detenciones que se efectuaron contra miembros de partidos políticos de la oposición, dirigentes sindicales, militares defensores de derechos humanos y periodistas. Así, advirtió que la detención selectiva de personas opositoras vinculadas a la denominada “Operación Brazalete Blanco” continúa hasta la fecha.
La Misión destacó la detención sin orden judicial de la defensora de DDHH, Rocío San Miguel, y la posterior aprehensión de su hija junto a cuatro familiares y allegados. Al respecto, identificó que esta es una práctica que consiste en intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades, siendo un patrón ya reportado en informes anteriores. Es importante destacar que la señora San Miguel hasta la fecha cumple 40 días detenida, y no se le ha permitido al Dr. Joel García designarse y juramentarse como su abogado de confianza.
Indicó que, junto a San Miguel, la Misión registró los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años.
La Misión concluyó que los hechos ocurridos en estos meses, ponen de manifiesto los ataques del gobierno sobre “un espacio cívico y democrático cada vez más frágil”, como fue documentado en su informe anterior. Al respecto, se refirió al proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, calificado como “un intento de restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país”.
Aunado a ello, que la Misión identificó indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, los cuales permanecen impunes. Al mismo tiempo, que el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Sobre la Guardia Nacional Bolivariana, que actualmente está investigando su papel en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales.
Concluyó indicando que, pese a que se han dirigido repetidamente al Gobierno para solicitar información y autorización para acceder al país, no han obtenido respuesta. No obstante, reiteraron su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas en el ámbito de su mandato. Por último, se despidió con la promesa de que la Misión seguirá llevando a cabo sus investigaciones de manera independiente y rigurosa para elaborar el informe que presentará al Consejo en septiembre de 2024.
En la sesión, la delegación de Canadá, en nombre del “grupo básico sobre Venezuela”, manifestó preocupación ante las violaciones a los DDHH en Venezuela, por casos como detención arbitraria, tortura, violencia de género y asesinatos extrajudiciales. Aunado a casos de desaparición forzada de líderes de oposición y defensores de DDHH, como Rocío San Miguel, instando a la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente.
La delegación de la Unión Europea, expuso su preocupación por las amenazas y restricciones a los defensores de DDHH, organizaciones de la sociedad civil, recientes incidentes de detención arbitraria de opositores políticos, y la reactivación del proceso legislativo para adoptar leyes que atacan a las ONGs. Igualmente, realizó un llamamiento para que se acabe la impunidad, hacer que rindan cuentas los perpetradores a través de investigaciones imparciales, y que liberen a todos los presos políticos. Además, que cooperen con la ONU, todas las recomendaciones de los órganos de tratados, y con la Misión.
La delegación de Suiza expresó preocupación por la represión y aumento de ataque a defensores de los derechos humanos, incluyendo la de Rocío San Miguel y sus familiares, así como la de Javier Tarazona. Pidieron a las autoridades que cesen todo tipo de represión a la sociedad civil y de las voces disidentes. Suiza instó a que Venezuela no limite su libertad de acción.
La reciente actualización oral presentada por la Misión refleja una vez más las constantes y graves violaciones de los DDHH cometidas por el régimen de Venezuela contra defensores, opositores, periodistas, militares y cualquier persona que sea considerada como disidente político. Desde el OVP, queremos resaltar la importante labor que realiza la Misión en el esclarecimiento de los hechos y la identificación de presuntos responsables a través de investigaciones exhaustivas e imparciales. Recordamos que estas investigaciones son insumos de vital importancia para el trabajo a realizar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la investigación formal de la Situación Venezuela I.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
