Los hombres armados que irrumpieron en la casa de la líder indígena hondureña Berta Cáceres el pasado 3 de marzo tenían un plan simple: Encontrar a la defensora de derechos humanos, matarla e irse.
Lo que no esperaban, es que Gustavo Castro, otro defensor de derechos humanos que trabaja con Friends of the Earth México y un amigo cercado de Berta, estaría en la habitación contigua.
“Estaba trabajando en una presentación cuando escuché un ruido muy fuerte,” dijo Gustavo que ahora está en México. “Pensé que se había caído algo pero cuando Berta gritó: ‘Quién anda ahí?” supe que se trataba de lo peor, que era el final.”
Cuando lo escucharon, uno de los hombres armados corrió hacia la habitación donde estaba Gustavo. Apuntó el arma a su cara, disparó y huyó.
“Todo pasó tan rápido que ni tuve tiempo de pensar,” dijo Gustavo. “Cuando llegó el sicario con su arma atiné a taparme la cara con las manos. El sicario se paró a tres metros de mí. Cuando salió la bala apenas me moví y el disparo me pasó por el oído. El sicario pensó que me había matado. Sobreviví de milagro.”
Cuando los sicarios se fueron, Gustavo fue rápidamente a la habitación de Berta. Ella estaba en el piso, sangrando profusamente, apenas podía hablar pero lo llamaba.
“Me sentí indefenso, no había nadie alrededor a quién pedir ayuda,” dijo Gustavo. “Intenté auxiliarla, animarla. Le dije que no se fuera y llamaba en el celular al mismo tiempo pero todo pasó muy rápido.”
Berta murió poco después de la medianoche el 3 de marzo, minutos después que le dispararan. Su asesinato arroja luz sobre los riesgos que enfrentan miles de personas que trabajan para defender los derechos humanos y el medioambiente en Honduras. Según información de la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso y letal del mundo para activistas de medio ambiente – 109 fueron asesinados entre 2010 y 2015.
La líder y co-fundadora del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres pasó décadas hacienda campaña en contra de proyectos que amenazaban los derechos de comunidades locales.
Más recientemente, fue una de las voces más vocales en la oposición de la construcción de la represa Agua Zarca en Río Blanco. La represa amenaza el caudal del río Gualcarque, que es sagrado para la comunidad indígena Lenca y les provee de comida y agua potable. COPINH asegura que, si se construye, forzaría a la comunidad a mudarse porque la vida en el área sería virtualmente imposible.
Berta lideró la campaña contra a represa, quejándose de que la comunidad nunca fue consultada efectivamente sobre el proyecto. Ayudó a la comunidad a organizar protestas pacíficas, presentar denuncias y decirle al mundo lo que estaba pasando.
Pero su fuerte y pacifico activismo no le caía buen a las autoridades y a aquellos con intereses en el proyecto. Quienes se oponían al proyecto denunciaron haber sido intimidados y amenazados de muerte. Las autoridades no les ofrecieron protección efectiva.
Un desastre anunciado
Gustavo llegó a La Esperanza un día antes del asesinato de Berta. Iba a participar de un encuentro con líderes y miembros de comunidades locales para discutir alternativas a los proyectos hidroeléctricos en el área.
“Tuvimos una reflexión muy rica con unos 80 miembros de comunidades locales,” dijo. “Nuestra idea es resistir pero también buscar alternativas. El sueño es construir otros mundos posibles, dar vida en medio de tanta violencia y tanta muerte pero ya ni eso nos dejan.”
Después de la reunión, Berta le sugirió a Gustavo que se quedara con ella esa noche porque su casa tenía mejor conexión de Internet que donde él estaba. Cenaron con la mamá de Berta y tuvieron oportunidad de ponerse al día sobre el trabajo que los dos venían realizando y las muchas amenazas de muerte que Berta había recibido en las semanas anteriores.
“Estaba cantado, a Berta la iban a asesinar en algún momento,” dijo Gustavo.
Comieron arroz y frijoles, hablaron, debatieron. Luego Berta sugirió que se fueran para su casa. Era tarde y no estaban en un área donde se pueda andar cuando baja el sol.
Gustavo recuerda que al llegar a la casa de Berta le dijo que el lugar no era seguro. La casa es pequeña, de tres habitaciones y rodeada solo por una reja de metal como única protección contra intrusos. Pero Berta intentó tranquilizarlo. Le dijo que no siempre se quedaba ahí.
Gustavo fumó un par de cigarrillos afuera mientras hablaron, antes que cada uno se fuera para su habitación, emocionados por los planes del día siguiente.
Pero la tragedia llegó esa noche, matando a una defensora de los derechos humanos y oscureciendo la esperanza de las comunidades que habían estado luchando por sus derechos.
Gustavo dice que el asesinato de Berta fue un desastre anunciado. La describe como la más reciente victima de un país que no hace nada para proteger a aquellas personas que se atreven a enfrentar a los poderosos.
Me siento como una ficha de intercambio
El brutal asesinato de su amiga fue solo el comienzo de su terrible experiencia.
Las autoridades de Honduras no le ofrecieron protección adecuada, a pesar del peligro que enfrentaba como el único testigo del asesinato de Berta y a pesar de haber apenas escapado de ser asesinado.
En lugar de eso, tuvo que visitar numerosos ministerios y cortes, contar su historia una y otra vez. Le impidieron salir del país por un mes y efectivamente lo trataron como sospechoso.
“Después de un mes, la jueza a cargo suspendió a mi abogada. Violaron todos mis derechos. Tenía mucho temor todos los días. Pensaba que en cualquier momento podía pasarme algo. Me sentía como una ficha de intercambio.”
Ya han pasado casi dos meses desde el asesinado de Berta pero las autoridades han hecho muy poco para encontrar a los responsables o establecer medidas para proteger de manera efectiva a las personas que defienden los derechos humanos que están en riesgo como ella, aquellas personas que están al frente de una lucha desigual.
El lunes, las autoridades hondureñas arrestaron a cinco hombres en relación con el asesinato de Berta — uno de ellos tienen vínculos con la compañía a cargo de la construcción de la represa. Los cuatro serán llevados ante un juez el lunes.
Ni el abogado de Berta ni su familia habían sido informados de los arrestos y denunciaron a las autoridades por la falta de transparencia en las investigaciones hasta la fecha.
Muchos sospechan que Berta fue asesinada porque protagonizaba una lucha contra la represa. El proyecto Agua Zarca publicó una declaración negando cualquier tipo de relación con el crimen. Las autoridades enfocaron sus investigaciones en miembros de la organización de Berta. Solo un mes después de su asesinato, las autoridades anunciaron que habían realizado un allanamiento en las oficinas de DESA 10 días después del asesinato de Berta y tomaron testimonio de los empleados de la empresa.
Gustavo dice que la solución se encuentra en generar mecanismos que “garanticen justicia” y “protejan a los defensores de derechos humanos y los mejores intereses de la población en Honduras”, independiente de cualquier interés económico.
Y recuerda una de las frases preferidas de Berta:
“Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo.”
