Este jueves 17 de mayo el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó su Informe del año 2017, donde se evidencia el colapso del sistema penitenciario en todo el territorio nacional y cuyo panorama se agrava cuando las personas recluidas sucumben como consecuencia del mal funcionamiento de las prisiones, sin que el Estado adopte medidas contundentes para evitarlo o solucionarlo.
Así lo informó Humberto Prado, director del OVP, quien destacó que la crisis del sistema penitenciario se verifica no sólo con las cifras de personas fallecidas y heridas que año tras año se repiten, sino también en la falta de interés y compromiso en el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los organismos internacionales.
“El funcionamiento de las cárceles se ve severamente afectado por una serie de problemas estructurales como el retardo procesal, hacinamiento, deterioro de las edificaciones, ausencia de una clasificación de presos, carencia de servicios básicos indispensables, posesión de armas y drogas por parte de la población reclusa, escaso número de funcionarios penitenciarios con poca o ninguna formación en el área, que no han sido atendidos de forma coordinada. La ministra de Servicios Penitenciarios prefiere ignorar nuestras recomendaciones”, sentenció Prado.
En tanto, el informe del OVP reveló que a cinco años del Plan Cayapa la mayoría de la población penal continúa siendo procesada. De un total 57.096 presos, 63% son procesados, 35% son penados y solo el 1% de encuentran bajo Destacamento de Trabajo.
El mismo informe reseña que para que las prisiones cumplan con la función preventiva especial de la pena y garanticen el respeto de los derechos humanos de los reclusos en general, es indispensable que los elementos que integran el Sistema Penitenciario: población, personal y edificaciones penitenciarias, sean gestionados armónicamente, pues la alteración de uno de ellos afecta automáticamente el funcionamiento de los restantes elementos. “El retardo procesal es el problema más alarmante, pues el hacinamiento carcelario, generado por la falta de celeridad de los tribunales, propicia no sólo el deterioro de las edificaciones, sino que también altera lo concerniente al número de personal penitenciario exigido para mantener el orden y preservar la seguridad de los detenidos y condenados”, añadió Prado.
Asimismo, se informó sobre la alarmante cifra del 161% de hacinamiento en las cárceles y los centros de prisión preventiva, pues a pesar de que hay 57.096 presos en todo el país, solo hay una capacidad instalada para 19.000 y el excedente es de 38.096. Las causas de esto son el hacinamiento, la falta de construcción de nuevos centros, las reformas al Código Procesal Penal y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva.
Los siete penales con mayor índice de hacinamiento son Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, Guanare, La Pica, Uribana y Coro. Entre todas tienen una capacidad instalada para 6.300 presos, pero realmente albergan a un total de 30.790, lo que se traduce en 3976% de hacinamiento.
Otro de los aspectos relevantes de la situación penitenciaria venezolana durante el año 2017 fue el referido a la violencia carcelaria, la cual es una constante dentro de las prisiones. En tanto, el año pasado se reportaron 143 muertos, 120 heridos y 28 muertos por desnutrición o tuberculosis.
En ese sentido, el informe reseña que si bien con respecto al año 2016 el saldo de heridos se redujo a un poco menos de la mitad (268) y la cantidad de fallecidos resultó similar (173), con relación al año 2015 se observa un alarmante incremento del 300% de personas heridas y 31% de fallecidos. En cualquier caso, la persistencia de las cifras de muertos y heridos confirma que dentro de las prisiones venezolanas los derechos a la vida e integridad física son reiterada y sistemáticamente violados. Ello lo avala también el hecho de que desde el año 1999 hasta el año 2017, 6.897 reclusos han fallecido y otros 16.805 han resultado heridos.
“La violencia dentro de las cárceles es consecuencia directa de la impunidad imperante en estos recintos, pues este tipo de hechos son pocas veces investigados y casi nunca enjuiciados. Estos hechos son propiciados también por la pretensión del Estado venezolano de resolver el problema delictivo dentro y fuera de las prisiones mediante la represión penal, la cual se ha venido agudizando escalonadamente desde el año 2001 a partir de las reformas que sufridas por la legislación penal y procesal penal”, sentenció el director del OVP.
Según la data investigada, del total de la población penal 53.670 son hombres (94%), y 3.044 son mujeres (6%). Al respecto, los coordinadores regionales del OVP reportaron dificultades para el cumplimiento de la visita conyugal, pues observaron disparidades notorias entre el trato que se le da a la población masculina y a la femenina, alegando que mientras que para los primeros las visitas de sus parejas son permitidas, para las mujeres este tipo de visitas se encuentran suspendidas en la mayoría de los recintos.
En cuanto a la alimentación, tanto mujeres como hombres realizan una sola comida diaria debido a la ineficiencia del Estado en garantizar el acceso a la misma, así como a las dificultades de los familiares para llevarles alimentos. En el presupuesto del año 2017 se aprobaron partidas para la alimentación de los reclusos, pero estas cifras resultan insuficientes para mantener a la población reclusa con un estándar calórico que garantice su desarrollo y calidad de vida.
Y la situación es igual de deprimente en cuanto al derecho a la salud, pues la escabiosis, la tuberculosis, el VIH y las enfermedades respiratorias atacan a los presos sin importar su género, quienes en su mayoría no reciben atención médica oportuna.
En cuanto a los casos más relevantes del 2017, el OVP menciona el hallazgo de los restos humanos luego de un desalojo en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico; el fallecimiento de 13 presos en la masacre de Puente Ayala y otros 39 fallecidos en el retén de Amazonas.
Presupuesto 2017
El presupuesto total del MPPSP para el año 2017, contando presupuesto inicial y créditos adicionales, alcanzó la cifra de Bs. 733.933.958.943, con una variación de 828% entre el presupuesto inicial y el total. Ese presupuesto total convertido en dólares asciende a USD 219.412.245 (tasa dicom) y USD 7.339.340 (tasa dólar paralelo).
El monto total estipulado para alimentos y bebidas del 2017 fue de Bs.294.340.182.927. Si consideramos el número de privados de libertad para diciembre de 2017, tenemos que a cada uno le fue asignado para todo el año Bs. 5.155.180, lo que resulta en la irrisoria cifra de Bs.14.124 diarios, Bs.4.708 por comida.
Recomendaciones del OVP
En torno a todo lo expuesto anteriormente, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones, liderado por Humberto Prado, emitió las siguientes recomendaciones:
- Darle cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 189 y 272.
- Reformar el Código Orgánico Penitenciario, el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal y demás leyes concernientes al tema penitenciario.
- Ajustar las normas a las Reglas Mínimas de las Naciones. Unidas para el de Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
- Evitar la prisión como sanción casi exclusiva y aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad para reducir el hacinamiento y el número de personas procesadas.
- Incrementar el presupuesto para la alimentación y atención médica.
- Conformar Comités de Derechos Humanos para la Paz en cada penal.
- Revisar y adaptar a la realidad nacional las Normas Penitenciarias Europeas que fueron aprobadas en el año 2006, ya que estas constituyen el instrumento más innovador en la materia.
- Investigar y sancionar a los responsables de homicidios perpetrados contra la población penitenciaria.
- Ubicar a los presos en situación de procesados en recintos cercanos de la jurisdicción del tribunal que los procesa y prescindir de los traslados arbitrarios.
- Adoptar medidas adecuadas para reducir el retardo procesal.
- Dar fin a los atropellos contra los familiares de los presos y adoptar medidas que garanticen la humanización de las requisas.
- Proscribir el trato discriminatorio contra las mujeres y garantizar recintos penitenciarios adecuados que les permita permanecer con los niños menores de tres años si así lo desean.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
