Desde el año 2017 hasta 2022 han fallecido 1.032 personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado venezolano, 44.86% de ellos por condiciones de salud.
Esta dantesca realidad no fue muy distinta solo en el año 2022, cuando se registraron 76 fallecidos en las cárceles, 55 de ellos por condiciones de salud, y 17 heridos en diversos hechos.
En los calabozos se reportaron 53 fallecidos, 27 de ellos por condiciones de salud, y 30 heridos en diversos hechos.
Así lo informó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien añadió que, lejos de buscar soluciones enfocadas al cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales, la crisis penitenciaria se ha agudizado en los últimos años como consecuencia de la corrupción en el Ministerio de Servicios Penitenciarios y la falta de políticas efectivas para la reinserción social de los presos.
En este sentido, el abandono del sistema penitenciario no solo ha imposibilitado el fin último de la pena, la reinserción social, sino que, además, ha sido el desencadenante de situaciones atroces en las cárceles del país. Todo esto fue reflejado en el Informe Anual 2022: El hambre es sinónimo de muerte en las cárceles venezolanas.
De acuerdo a cifras del OVP, en el año 2022 se registraron 33.558 personas privadas de libertad, de las cuales 30.998 son hombres y 2.560 son mujeres, quienes sobreviven en 45 centros carcelarios con un hacinamiento crítico del 164.19%.
Cabe destacar que desde el año 1997 hasta la presentación de este informe, el Estado venezolano ha cerrado al menos 11 centros carcelarios , lo cual equivale al desalojo de 5.800 plazas, contando entonces con una capacidad real instalada de 20.438 plazas.
Asimismo, en 2022 se registraron 15.733 personas privadas de libertad condenadas y 17.825 procesados. En Venezuela, por sexto año consecutivo, la cantidad de procesados sobrepasó la de penados, lo que se traduce preocupantemente en una constante inversión de la pirámide judicial.
También se ha mantenido como un patrón la vulneración a la presunción de inocencia, irrespeto a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.
Tal como se refleja en el informe, las altas cifras de personas privadas de libertad, la falta de políticas públicas orientadas en los derechos humanos, la falta de acceso a los servicios fundamentales, las desatenciones a la salud, la escasez de alimentos, la violencia intra-carcelaria y los problemas de corrupción, no solo a nivel interno sino institucional, son solo algunos de los principales padecimientos de los cuales son víctimas las personas privadas de libertad en Venezuela.
Hacinamiento crítico
Los altos índices de hacinamiento en las cárceles venezolanas representan un riesgo la vida e integridad personal de las personas en prisión, enlazando un vínculo directo con el cumplimiento de las condiciones dignas de reclusión.
El impacto del hacinamiento ha traído consecuencias gravísimas, tal como la imposibilidad de cubrir con: los parámetros de salubridad e higiene, de satisfacer necesidades fisiológicas, y de contar con los espacios destinados para ello como duchas o retretes, incluso el acceso a celdas con las medidas necesarias para el descanso, las cuales se caracterizan por albergar más de 6 veces su capacidad instalada.
De igual manera, el hacinamiento ha trascendido a lo que en un momento fue destinado a centros de detención preventiva (calabozos policiales) y que hoy en día, a pesar de su naturaleza, se han convertido en cárceles paralelas, donde la larga permanencia de los internos y la propia estructura de dichos lugares eleva las tasas de hacinamiento a cifras de alto riesgo y gravedad.
En 2022 solo 14 centros penitenciarios albergaron el 70% de la población; dicho de otra forma, solo 30% de la población reclusa se encuentra distribuida en 31 centros restantes.
Resulta alarmante que, aún cuando los 14 centros expuestos solo cuentan con una capacidad instalada de 10.402, estos albergan a 23.845 personas privadas de libertad, duplicando su disponibilidad y representando un hacinamiento en riesgo crítico del 229.23%
Muertes por condiciones de salud
Las condiciones de insalubridad e higiene, la sobrepoblación y el déficit nutricional han fungido entonces como nichos de proliferación de enfermedades y deterioro de la salud de la población reclusa, a tal punto que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en prisión.
2022 fue el año con el porcentaje más elevado de fallecidos por salud. Representando un 72.37% del total de muertes, el año pasado fallecieron 55 reclusos por enfermedades en las cárceles y 27 en calabozos policiales.
Las principales patologías fueron la desnutrición y tuberculosis. Mientras que Lara, Carabobo y Bolívar fueron los estados con mayor número de fallecidos por salud.
La crisis de las prisiones en el sector salud abarca la falta de médicos y personal del área de salud, falta de medicinas, tratamientos especializados e insumos médicos, falta de acondicionamiento de espacios propicios para brindar atención médica, entre otros.
De igual forma, en el trabajo de campo del OVP se ha evidenciado que la mayoría de la población reclusa no cuenta con atención médica oportuna, por el contrario, los pocos traslados materializados a los hospitales más cercanos se dan a última instancia y cuando las personas privadas de libertad se encuentran en un estado de extrema gravedad.
Además, se ha identificado que dicha autorización de traslado al centro asistencial más cercano depende de factores como: la discrecionalidad del personal de guardia, las unidades disponibles de traslado y/o pago de cuotas monetarias.
Pago en dólares por beneficios
Según se relata en informe anual del OVP, los familiares han denunciado situaciones en las que se les exige cierta cantidad de dinero para el pase de paquetería —un kit preparado por el familiar que contiene alimentos, bebidas e insumos para el consumo del interno— para permitir visitas conyugales, para el acceso a alimentos y agua potable e incluso para gozar de los traslados a tribunales.
Con respecto a este último punto, resulta oportuno señalar que los continuos diferimientos en las audiencias mayormente se deben a la negativa de traslado, bien sea por falta de vehículo, cauchos o gasolina; de allí ha surgido la inaceptable modalidad de exigirle al interno una cuota monetaria para materializar el traslado a tribunales y aquellos que no puedan cancelar dicho monto no son subidos a la unidad de transporte; en varios casos, a pesar de realizar el pago por el traslado, la audiencia no se efectúa y el familiar irrisoriamente debe pagar doble, por un nuevo traslado.
Preocupación en la comunidad internacional
La grave situación penitenciaria venezolana ha despertado, en las últimas décadas, gran preocupación en la comunidad internacional, especialmente en lo que se refiere al Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, cuyos organismos, en conjunto con la sociedad civil, han accionado diferentes mecanismos de protección para la población reclusa.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de reclusos cuyas condiciones representan una situación de gravedad y urgencia para sus derechos; la Corte IDH se ha pronunciado sobre la responsabilidad del Estado venezolano en el incumplimiento de derechos de las personas privadas de libertad, así como también ha otorgado medidas provisionales a 9 cárceles del país, de las cuales 7 de ellas han sido representadas por el OVP.
En el ámbito de protección universal, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura el 2015, emitió una decisión de fondo sobre la desaparición de Francisco Guerrero Lárez, un recluso de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) que se encontraba bajo la custodia del Estado.
Los pranes tienen el control
El 46% de la población carcelaria venezolana está en sitios bajo el control del pranato, 43% de control mixto y 11% en control del Estado. Esta situación se ha extendido a los calabozos policiales, ya que, se identificó un primer pran en estos espacios, ubicado en el estado Zulia.
Los pranes han dotado las instalaciones de las cárceles con lujos, en estos espacios encontramos cajeros automáticos, piscinas, discotecas, canchas deportivas, negocios de alimentos y se permite el ingreso de vehículos.
Asimismo, trafican armas y drogas, proyectándose, inclusive, fuera de los recintos carcelarios, porque el líder negativo no se limita a dirigir solo los “carros”, sino también unas estructuras criminales denominadas “trenes”, usadas para extorsionar, asesinar y aterrar al ciudadano común.
Por su parte, el Estado venezolano se ha dado a la tarea de armarlos, al punto en que se han convertido en individuos que infunden temor, obediencia y respeto al resto de la población penal.
Para concluir, cabe destacar que frente a la inexistencia de cifras oficiales y objetivas, ha resultado un gran reto recopilar para nuestra organización los datos y cifras referente a la población reclusa, ello solo ha sido posible gracias al apoyo de un equipo multidisciplinario, coordinadores en los diferentes estados del país, familiares de personas privadas de libertad, y medios de comunicación.
Para leer el informe completo dale click acá: https://oveprisiones.com/
Para ver la presentación del informe dale click acá: https://youtu.be/
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
