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En el retén de Cabimas no dan las cuentas

Este martes 26 de octubre se dio inicio a la demolición  del Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos de la Costa Oriental del Lago, conocido como el retén de Cabimas, en el estado Zulia, lugar que fue centro de operaciones de bandas criminales y que fue escenario de muchas muertes.

El Gobernador de la región indicó que con su demolición se “cerraban las puertas del infierno”, haciendo referencia a la violencia que allí se generaba. Efectivamente para muchos presos el retén de Cabimas se volvió un infierno, en especial para los enfermos.

El retén de Cabimas pasó de ser un comando policial a una cárcel, pues allí albergaban la mayor cantidad de reclusos del estado Zulia. A través del monitoreo que realiza el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudimos observar como en los últimos tres años las muertes por condición salud se convirtieron en la principal causa de muerte de los privados de libertad.

El equipo de OVP pudo trasladarse al Retén de Cabimas en el primer semestre del año y constató las condiciones inhumanas en las que convivían los 1.028 reclusos. Se contabilizaron 117 presos con tuberculosis.

Los presos estaban distribuidos en cuatro áreas del Retén de Cabimas y según la información recabada en ese momento eran 70 los enfermos que estaban en el pabellón A, 18 presos en el pabellón B, 22 enfermos en el pabellón C y en el área de funcionarios 7 presos enfermos, para un total de 117, de los cuales 72 estaban en muy graves condiciones.

De la misma forma, había presos con otras patologías que también necesitaban atención médica. Observamos que convivían entre hacinamiento, basura y además tenían limitado el consumo de agua potable, ellos debían adquirirla, porque no les llegaba agua por tubería y solo tenían acceso a pozos, pero el agua que llegaba era del lago de Maracaibo, un líquido totalmente salada y contaminada que no es acto para el consumo humano.

Los presos de Cabimas no tenían acceso a atención médica, al menos que llegara una jornada que las hacían esporádicamente, y no había traslado a tribunales.

Según las cifras que manejaba Ricardo Lugo, Secretario de Seguridad del estado Zulia, para el mes de marzo había 417 penados y 611 procesados, para un total de 1.028 presos.

Ya para este 2021 se adelantaba el cierre del Retén de Cabimas y se hicieron algunos traslados a tribunales, así como revisiones en el mes de junio y julio pero oficialmente nunca se hablaron de grandes liberaciones, solamente se conocía a través de los mismos reclusos que llegaban algunas libertades.

También se supo que hubo fugas, pero no masivas, pues uno o dos pueden pasar desapercibidos ante la carencia de custodia interna, pero un grupo de más de diez alertaría a los funcionarios del Comando AntiExtorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional, que eran los encargados de la seguridad en la parte externa del retén, indicaban los mismos funcionarios.

Para el mes de agosto se instaló la comisión para la revolución judicial en el retén de Cabimas y trasladaron todos los jueces para dicho recinto.

Según la cuenta de Instagram

de Ricardo Lugo, secretario de Seguridad del Zulia el 24 de agosto publicó que se realizaron revisiones a 450 penados y 230 procesados para un total de 680 revisiones ese día y según la misma publicación ese mismo día se dieron 51 libertades. Se conoció por los mismos presos que se dieron otras libertades que llegaron a un total de 80 liberaciones.

Sobre esta cifra de 680 presos expresada por Lugo no se dio explicación si era el total de reclusos, de ser así desde OVP nos preguntamos ¿Qué pasó con el resto de la población penal?, ¿Cómo hicieron para reducirla desde el mes de marzo una población que pasaba los mil reclusos?

 Yonder Durán, diputado de la Asamblea Nacional y quien presidía la comisión para la revolución judicial,  el 7 de septiembre público en su cuenta en Instagram

y se pudo apreciar en varios videos que se hicieron virales que hubo una liberación masiva en el retén de Cabimas, los presos habían informado que eran 240, pero oficialmente se indicó que fueron 259 los presos a los que se le otorgaron libertad dando un total con los 80 ya liberados de 339, aunque otras publicaciones oficiales del mismo representante de la comisión hacen referencia del total de liberados ascendió a 370 y según informaron ese mismo día los presos calculaban una población que sobrepasaba los 400 presos que quedaban dentro del retén.

El 9 de septiembre el diputado de la Asamblea Nacional público otro video en Instagram

 en él se hace referencia de que en el penal había un total de 535 presos penados antes de la comisión comenzará el abordaje y no indica cuanto es la totalidad de presos procesados, se indica que se dieron liberaciones a 326 presos que estaban por delitos menores.

La comisión se retiró del retén con la promesa de entregar más de 100 libertades, pasaban los días y se vivieron en al menos dos oportunidades episodios de violencia entre los funcionarios del CONAS y los “pranes” o líderes negativos de ese recinto. El equipo de OVP conversó con varios presos que aseguraron que personal del Gobierno regional regresó para conversar con los líderes para procurar que los traslados que se iban a hacer desde el centro de detención se dieran sin violencia alguna, continuaron con las promesas de negociar las libertades entre esas la de algunos pranes.

El 20 de septiembre se registró la fuga de Óscar Enrique Guzmán Chirinos, alias “El Conas”, líder negativo del pabellón de funcionarios, esa eran unas de las libertades que se negociaban pero según develó este mismo recluso a través de un audio que fue distribuido por whatsapp, no le dieron su libertad porque no canceló los dólares que le pedían.

El 23 de septiembre llegó otra libertad, en esta ocasión era una medida humanitaria para otro líder negativo, esta vez el del pabellón A, quien tenía una herida por arma de fuego en un pie, tras una mala manipulación de un arma de alto calibre; esta fue la única libertad otorgada después de las liberaciones masiva.

El 08 de octubre llegaron tres autobuses y aunque no todas las mujeres estaban anotadas como traslado voluntario, se llevaron a las 36 que quedaban en el recinto, les permitieron llevarse un tobo de agua y las que tenía colchonetas. Las mujeres fueron trasladadas hasta el Centro de Formación Femenino Ana María Campos.

La población penal se reducía un poco más aun así según las cifras dadas oficialmente pasaban las 300 presos.

El 14 de octubre Yonder Durán publicaba en su cuenta Instagram

 que realizaron una jornada de vacunación contra la COVID-19 en el retén de Cabimas y fueron vacunados 213 reclusos, nuevamente no se informó si esa era la totalidad de presos, de ser así, estamos en presencia de otra reducción de presos inexplicable.

El 22 de octubre en horas de la mañana llegaron otros autobuses esta vez para la población masculina, buscarían a 90 presos que se habían anotado como traslado voluntario pero terminaron trasladando a 134 reclusos al Centro Penitenciario Dr. Francisco Delgado, antiguo retén de El Marite, ese mismo día llegaron en horas de la noche cuatro libertades, dos de ellas para presos que se habían ido a El Marite, entre esas la del líder negativo del pabellón B.

 El 23 de octubre llegaron otros autobuses y sacaron al resto de la población 64 reclusos, un grupo fue trasladado para el Centro de Formación Winnie Mandela, antigua cárcel de Sabaneta y otro grupo menor fue enviado a calabozos policiales, en total 198 traslados, más dos libertades para un total de 200, tomando en cuenta la cifra dada el día de la vacunación existe un faltante de 13 reclusos, es de resaltar que no habían sido otorgadas otras libertades salvo una humanitaria.

El 26 de octubre comenzó la demolición del retén de Cabimas. Es de resaltar que en la revisión del centro de detención no hubo incautación de armas, por lo que también nos preguntamos ¿Dónde están todas las armas que exhibían los presos del retén de Cabimas?, ¿Será que trasladaron a los presos con armas?

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.