Este fenómeno no solo viola los principios fundamentales de derechos humanos, sino que también contraviene numerosos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuales obligan al Estado venezolano a respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción, incluidos los presos.
Ahora bien, para un análisis profundo de la situación es importante recordar que durante el año 2023 se inició una serie de investigaciones por corrupción dentro de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y otras estatales, en la que más de 60 personas resultaron detenidas. Para abril del año 2024 se realizaron siete detenciones más, entre las que destacó la detención de Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo y expresidente de PDVSA.
La mayoría de las detenciones del año 2023 fueron ejecutadas por la Policía Anticorrupción de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), aunque los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede Plaza Venezuela, según los monitoreos que hicimos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Sobre sus condiciones de detención y reclusión se recibieron todo tipo de denuncias, en las cuales se aseguraba que algunos detenidos fueron presentados ante la justicia pasadas las 48 horas de aprehensión. Asimismo, denunciaron que en muchos casos se violó el derecho a la defensa, pues no se les permitió el acceso a abogados de confianza.
Entre estos casos hay dos que llaman profundamente la atención. Leoner Jesús Azuaje Urrea, de 40 años de edad y presidente de la estatal Cartón de Venezuela (Cartoven), fue hallado muerto en su lugar de reclusión el 20 de abril de 2023 cuando se encontraba bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Según el testimonio de sus familiares, Leoner Jesús fue detenido por la Policía Nacional contra la Corrupción el 14 de abril, solo seis días antes de su presunto suicidio. En ese entonces, fue el Fiscal general Tarek William Saab quien informó sobre el fallecimiento sin ofrecer mayor detalles, y sin que ni siquiera se conociera el resultado de la necropsia de ley.
Casi 24 horas después escribió un tuit que dejó más dudas que certezas: “El ciudadano se suspendió usando sábanas para ahorcarse en la habitación donde estaba recluido”. En este punto es importante señalar que, desde el momento de la detención, el Estado tiene la obligación de implementar sistemas de supervisión y vigilancia efectivos para prevenir el acceso a medios letales y detectar cualquier comportamiento de riesgo de suicidio.
Ante cualquier indicio de riesgo de suicidio, las autoridades deben intervenir de inmediato y proporcionar apoyo especializado. Además, es crucial realizar un seguimiento continuo del preso y ajustar el plan de atención según sea necesario.
En ese sentido, también llama la atención el caso de Marino José Lugo Aguilar, exdirector de mercado nacional de PDVSA, quien permanecía detenido por sus presuntos vínculos con la trama de corrupción. Este miércoles 17 de abril, a la 1:34 de la tarde, el periodista Eligio Rojas informó a través de sus redes sociales que Marino José era “sometido a interrogatorio en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)”.
Un poco más de dos horas después, a las 4:10 de la tarde, el Ministerio Público comunicó a través de su cuenta de X: “Funcionarios especializados en patología, medicina forense y criminalística adscritos a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público acudieron al centro de reclusión respectivo para realizar reconocimiento del sitio del suceso. En el sitio se pudo constatar que el ciudadano fallecido responde al nombre de Marino José Lugo Aguilar. La evidencia recabada por los especialistas establece preliminarmente que el deceso ocurrió por ahorcamiento”.
Cuando un preso muere en extrañas circunstancias, surge la sospecha de negligencia, complicidad o incluso participación directa por parte de agentes estatales. En el caso de Venezuela, son muchas las denuncias de tortura como una práctica común de funcionarios de los servicios de inteligencia, que incluso puede ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, al presentar uno de sus informes.
Por su parte, Francisco Cox, miembro de la Misión, sentenció: “Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación”.
En los últimos años, Venezuela ha sido testigo de un preocupante número de muertes de presos en extrañas circunstancias mientras se encontraban bajo custodia del Estado. Estos incidentes no solo son tragedias individuales, sino que también representan una grave violación de los derechos humanos y la falta de transparencia en el sistema de justicia.
Incluso, algunos informes internacionales han determinado que los organismos más torturadores son DGCIM, PNB, FAES y Sebin. En estos mismos informes se asegura que la cifra de fallecimientos por tortura podría ser incluso mayor, la mayoría de ellos por asfixia con bolsa o ahogamiento.
Otros modos de tortura son privación de la luz solar, ventilación natural y privación del sueño que ocasionan pérdida de orientación del día y la hora; también sometimiento a temperaturas extremas, privación de alimentos e hidratación acorde con sus necesidades, y privación de atención médica especializada para enfermedades previas o adquiridas durante su reclusión.
Asimismo, quienes están recluidos en organismos de inteligencia son sometidos a la falta absoluta de intimidad, encerrados en grupos de tres o cuatro personas en celdas mínimas durante las 24 horas del día, con un hueco séptico en el medio para hacer sus necesidades y con cámaras instaladas para grabarlos todo el tiempo.
Por si fuera poco, unas de las prácticas más frecuentes es que los funcionarios acuestan a la persona boca arriba, vierten agua sobre un paño y la sostienen sobre la boca y la nariz del prisionero. El vertido de agua podría durar hasta 20 segundos, luego pausarse, luego otros 20 segundos, y así sucesivamente.
En esta dantesca práctica, la víctima siente que se está ahogando, se producen espasmos, expulsa agua y mucosidad; a veces vomita, se retuerce y cae como si tuviera una convulsión. Todos estos tipos de tortura son causales de muerte por paro cardiaco o respiratorio, asfixia, lesiones graves como fracturas óseas o hemorragias internas, e incluso desnutrición o deshidratación.
En conclusión, cada muerte de un preso bajo custodia del régimen plantea preguntas que exigen respuestas. ¿Cómo ocurrió exactamente el fallecimiento?, ¿fueron torturados? o ¿cómo lograron quitarse la vida sin que ningún funcionario pudiera impedirlo?
Transcurren los años sin respuestas sobre ninguna de estas interrogantes y es por esta razón que organismos como la Corte Penal Internacional investigan a funcionarios venezolanos por crímenes de lesa humanidad.
