Este 11 de junio se cumple un año del nombramiento de Julio García Zerpa como Ministro de Servicios Penitenciarios de Venezuela. Su designación ocurrió en medio de una huelga de hambre protagonizada por los privados de libertad de más de 20 cárceles del país, así como por reclusas de al menos siete anexos femeninos y por personas detenidas en más de 30 calabozos policiales a lo largo del territorio nacional.
Su primera acción como ministro fue visitar los centros penitenciarios en protesta y solicitar el cese de la huelga con la promesa de atender los casos de retardo procesal y revisar algunos expedientes. Ante la contundente presión ejercida por los reclusos, se iniciaron planes de revisión en los penales y se otorgaron algunas libertades.
Todo parecía indicar que se estaban ofreciendo respuestas concretas, lo que llevó a los presos a levantar la huelga de hambre y otorgar un voto de confianza al nuevo ministro. Sin embargo, con el paso de las semanas, los equipos que estaban atendiendo a los privados de libertad comenzaron a retirarse, cesaron los traslados a los tribunales, y la situación de retardo procesal no solo persistió, sino que se agravó.
Además, no se registró ninguna mejora en la calidad de la alimentación: los reclusos siguen consumiendo granos, arepas sin acompañante y pasta; no reciben proteínas ni frutas. Los problemas con el suministro de agua potable persisten en la mayoría de los centros penitenciarios y la atención médica es prácticamente inexistente.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos monitoreado y documentado que este ministro no ha ejecutado acciones orientadas a dignificar los derechos de los privados de libertad. Su gestión ha estado marcada por el silencio.
Los familiares de los reclusos que acuden a la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios, sin importar de qué estado del país provengan, se enfrentan a la misma respuesta: los funcionarios no están autorizados para brindar información. Tampoco reciben respuestas por las vías digitales —números de contacto, correo electrónico o redes sociales— asociadas a García Zerpa, ni al Ministerio de Servicio Penitenciario.
No se conocen planes concretos del Ministerio, y según relatan los familiares, las fotografías difundidas donde supuestamente se evidencia atención a los privados de libertad no son más que una fachada. “Nada es real, lo único cierto es el sufrimiento que viven las mujeres y hombres encarcelados en Venezuela”, expresó la madre de un recluso.
Durante esta gestión han aumentado las requisas violentas, así como las suspensiones de visitas y de paquetería. A esto se suma el cierre del Centro Penitenciario Región Centro Oriental, mejor conocido como la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar.
Además, Zerpa no ha mostrado respeto alguno por lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece de manera clara e imperativa que los establecimientos penitenciarios deben funcionar bajo la dirección de penitenciaristas profesionales, con formación académica universitaria, y debe regirse bajo una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo incluso ser sometidos a modalidades de privatización.
Este artículo también contempla garantías de respeto a los derechos humanos, acceso al trabajo, estudio y visitas familiares. Lejos de cumplir este mandato constitucional, el Ministerio ha mantenido un modelo centralizado, militarizado y hermético, alejado de toda intención de descentralización o profesionalización del sistema penitenciario.
Desde el OVP también hemos documentado cómo Julio García Zerpa ha utilizado los traslados como forma de castigo para aquellos privados de libertad que alzan su voz, alejándolos de sus centros de reclusión originales y de sus familiares. Asimismo, el ministro se ha convertido en cómplice de torturas y de aislamientos prolongados, prácticas aplicadas particularmente a los presos políticos en distintas cárceles del país.
La gestión de García Zerpa se suma a la de otras tres ministras que pasaron por el Ministerio de Servicios Penitenciarios desde su creación en 2011 y que, al igual que él, fueron incapaces de generar políticas estructurales que mejoren las condiciones de reclusión. Iris Varela, Mirelys Contreras y Celsa Bautista también dejaron una estela de opacidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos en el sistema penitenciario venezolano, el cual continúa marcado por el hacinamiento, las condiciones inhumanas de reclusión y la sistemática violación de los derechos humanos.
Los ministros siguen pasando por este despacho sin implementar medidas eficaces ni mostrar voluntad de cambio y se han convertido en cómplices silenciosos de esta crisis, actuando únicamente bajo órdenes de altos funcionarios del régimen, quienes tampoco demuestran intención alguna de resolver la situación carcelaria en Venezuela.
