El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, y el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, durante muchos años fueron foco de atención por la corrupción, riñas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, armas, esclavitud y otras violaciones contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
En una presunta respuesta del Estado a todos estos flagelos que ellos mismos permitieron, Tocuyito, Tocorón, Vista Hermosa, Trujillo, Yaracuy, La Pica y Puente Ayala fueron los siete penales intervenidos en 2023, con un total de más de 8 mil presos trasladados a otros sitios de reclusión. De ese total, más de 3.254 eran presos de Tocorón y Tocuyito, quienes confiaron en la promesa del ministro Remigio Ceballos que les aseguró que esos traslados eran “temporales y circunstanciales”.
El 23 de septiembre de 2023, Tocorón fue la primera cárcel intervenida. Según Ceballos, esta cárcel pasaría por un proceso de reestructuración y, a tales fines, se emprendieron “acciones de destrucción y desmantelamiento de todas las estructuras para un proceso de transformación completa y reordenamiento”.
No obstante, casi un año después de promesas olvidadas, Tocorón y Tocuyito vuelven a la palestra pública cuando Nicolás Maduro dijo que estas instalaciones serían reacondicionadas como cárceles de máxima seguridad para encarcelar a miembros de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, defensores de DDHH, abogados y dirigentes políticos que se opongan al régimen.
Ahora bien, ¿cuál debe ser el procedimiento para calificar a más de 2.000 detenidos para trasladarlos a un centro de reclusión de máxima seguridad? Primero es fundamental hacer una clasificación de los detenidos que esté vinculada al concepto de “evaluaciones individualizadas”.
Una evaluación individualizada, en el contexto penitenciario, se refiere al análisis sistemático del recluso utilizando técnicas como instrumentos estructurados, un examen de la documentación disponible, entrevistas y observaciones para determinar sus riesgos futuros (incluido el riesgo de lesiones autoinfligidas o suicidio, riesgo para el personal penitenciario o para otros reclusos, el riesgo de destrucción de infraestructura, riesgo de fuga y el riesgo para el público en caso de fuga), así como los factores que deben tenerse en cuenta para reducir o gestionar esos riesgos.
Lejos de ser cárceles de máxima seguridad donde se pueda implementar una debida clasificación de privados de libertad, es un hecho que las cárceles de Tocorón y Tocuyito reflejan la crisis del sistema penitenciario venezolano, donde destacan las condiciones de hacinamiento, corrupción y la falta de control por parte de las autoridades.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), catalogó esta iniciativa como “Locademia de Política Penitenciaria”, pues resulta evidente que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no tiene la capacidad para clasificar a más de 2 mil privados de libertad que deben ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
“Le preguntaría a estos sabios si saben quiénes deben estar en una cárcel de mínima, media y máxima seguridad, quién ha estudiado su perfil psicológico para determinar una clasificación penitenciaria de primer grado, segundo grado y tercer grado. Distorsionan y tergiversan este concepto, por ello me atrevo a decir que a estas cárceles deberían ser trasladados los mismos reclusos que fueron desalojados para que puedan estar cerca de sus seres queridos y dentro de su jurisdicción judicial natural, ese fue el compromiso y así lo deberían cumplir”, sentenció el director del OVP.
Amenaza a los derechos humanos
Aunado a la infraestructura, entre otras deficiencias del sistema penitenciario en Venezuela, es importante destacar que los presos políticos no deberían ser tratados como presos sociales porque su encarcelamiento no obedece a la comisión de delitos comunes, sino a razones políticas o ideológicas.
Este tipo de encarcelamiento viola principios fundamentales del derecho internacional, que protege la libertad de expresión y la participación política como derechos humanos básicos. Tratar a los presos políticos como criminales ignora la naturaleza injusta de su detención y perpetúa la represión estatal.
Además, la equiparación de presos políticos con presos sociales puede poner en riesgo su seguridad e integridad física. Los presos sociales están encarcelados por delitos que pueden involucrar violencia o peligro, lo que podría exponer a los presos políticos a un entorno hostil y violento.
Asimismo, los presos políticos, al ser objeto de persecución por sus ideas, requieren condiciones de detención que respeten su dignidad y garanticen sus derechos, como acceso a visitas, asistencia médica, y la posibilidad de recibir apoyo legal y humanitario. No hacerlo perpetúa una injusticia que afecta no solo a los individuos, sino a la sociedad en su conjunto, al socavar los valores democráticos y los derechos humanos.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones exigimos la liberación inmediata y sin restricciones de todos los hombres, mujeres y adolescentes que fueron privados de su libertad arbitrariamente, por razones políticas o ideológicas, en una flagrante violación contra sus derechos humanos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
