9-10-2016
HUMBERTO PRADO S. @humbertoprados
En el año 1947 fue construida la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en el estado Guárico, como institución para el cumplimiento de penas, donde se instauraría un sistema penitenciario idóneo para la reinserción social del recluso. No obstante, 69 años después y principalmente durante los últimos 16 años, en nuestro país no se ha establecido un sistema perdurable que garantice la no reincidencia de los ex reclusos y, por el contrario, las cárceles fungen como una especie de universidad del delito.
Más recientemente, el pasado 5 de agosto, la titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, corroboró que el control total de la PGV lo tienen los líderes negativos, quienes desde el inicio de la gestión de esta ministra no han obtenido más que beneficios. En ese entonces, Varela accedió al traslado de dos mil detenidos que ahora se ven obligados a cancelar la “causa semanal”, a cambio de la libertad de 47 trabajadores del penal que mantuvieron secuestrados durante cinco días. Entonces, ¿Cómo pretenden lograr la reinserción de los reclusos si los obligan a defenderse a sangre fría contra los más cruentos enemigos?
Un verdadero negocio es lo que se ha instaurado en la Penitenciaria General de Venezuela, pues semanalmente los “líderes” cobran 2.500 bolívares por cada recluso, lo que les deja ganancias de hasta 7 millones 250 mil bolívares. ¿Qué obtienen los reclusos con este pago? Pues no mucho, simplemente garantizan su derecho a la vida y actualmente, debido a la galopante crisis económica, los líderes negativos les reparten sopa o bollitos tres veces a la semana.
También hay otros negocios como la venta de cigarrillos, alimentos, drogas y las extorsiones que perpetran a través de llamadas telefónicas y en complicidad con algunos “beneficiados” que salen y entran del penal cuando les da la gana. Aunado a esto, está la muerte de siete privados de libertad por presunta tuberculosis y es que, por si fuera poco, los 11.700 presos de la PGV no solo deben cumplir con la sentencia del juez por el delito cometido, sino también con la sentencia impuesta por la ineficacia del Estado, que los expone a una violación absoluta de sus derechos humanos.
Familiares de los reclusos aseguran que al menos 27 hombres padecen tuberculosis, pero no reciben tratamiento e incluso a varios de ellos les han negado su petición de medida humanitaria. Estas mismas familias, quienes están cansados de protestar y pedir una mesa de diálogo con el Gobierno, también se han visto en la necesidad de organizar colectas para comprar comida, pues el ministerio solo les envía de vez en cuando 25 sacos de arroz y 25 cestas de pollo, que obviamente no alcanzan para la totalidad de los reos.
Otro de los hechos violentos que ocurrió dentro de la PGV y causó consternación a nivel nacional fue la explosión de una granada que dejó al menos 12 personas muertas, entre ellos un visitante y dos decoradores, y más de 30 heridos. El hecho ocurrió cuando uno de los “pranes” iniciaba los preparativos para su fiesta de cumpleaños, que de igual manera se llevó a cabo luego de que la Guardia Nacional Bolivariana trasladó a las víctimas.
Ésta evidentemente es la cárcel de lo posible, pues desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también conocimos que el 26 de mayo de este mismo año, los “pranes” secuestraron a tres sargentos y a un capitán de la Guardia Nacional porque no les permitían que pasaran motos y vehículos, donde se trasladaban sus respectivas parejas durante la visita conyugal. Tras 40 minutos, los “pranes” fueron complacidos.
No obstante, en uno de sus tantos intentos por controlar la PGV, la ministra Iris Varela anunció la puesta en marcha del Plan de Pacificación Penitenciario, con el cual pretenden decomisar una gran cantidad de armas de fuego y explosivos, que según han difundido los “pranes” a través de las redes sociales, están escondidos dentro de las celdas. Obviamente esto contradice las frecuentes declaraciones de la ministra, quien no se cansa de asegurar que las cárceles venezolanas están libres de armas.
A través de un comunicado, el ministerio de Servicios Penitenciarios aseguró que este plan será ejecutado en conjunto con funcionarios del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público y medios de comunicación. “A los internos que entreguen en forma urgente y pacífica, la totalidad de los privados de libertad que tengan afectación en su salud para que se les pueda brindar la atención que ameritan. A los que se encuentran en actitud hostil los exhortamos a deponer la violencia y desalojar pacíficamente los recintos”, refiere el comunicado.
Mientras tanto los familiares siguen sometidos a una política de desinformación y no son oídas pese a sus protestas, será, que el Estado se olvida de sus responsabilidades que no es otra cosa que dar sino oportuna y adecuada respuesta.
