Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció las irregularidades. Señala que participaron en dos eventos políticos
Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció ante el Ministerio Público que la ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela utilizó a reclusos de diferentes centros penitenciarios en actividades políticas, lo cual deja en evidencia hechos irregulares, por lo que pide que se inicie una investigación.
“Condenamos y rechazamos rotundamente la inaceptable conducta de la ministra por la violación de sus deberes y obligaciones constitucionales como funcionaria del Estado al utilizar a personas privadas de libertad para realizar claras actividades de proselitismo político”, indicó.
El 5 de junio Varela instaló una “tribuna antimperialista” en la urbanización El Rosal, municipio Chacao, donde funciona la sede del ministerio que tiene a su cargo. Al sitio fueron trasladados grupos de privados de libertad del Internado Judicial de la Región Capital Rodeo III, del Internado Judicial Yare III y presas del Instituto Nacional de Orientación Femenina –INOF– de Los Teques, quienes estuvieron presentes durante las declaraciones sobre la intervención extranjera en Venezuela, contra la violencia y en apoyo a la paz, “expresando su firme posición de defender el legado del comandante eterno Hugo Chávez Frías y la gestión revolucionaria del presidente Nicolás Maduro”, explicó Prado.
Once días después de este acto, la ministra Varela, acompañada de 300 presos de los centros penitenciarios INOF y Yare, que llegaron a Parque Carabobo en autobuses, manifestaron frente a la sede principal del Ministerio Público donde consignaron una denuncia y pidieron que se abriera una averiguación al gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, en rechazo a la presunta falsificación de 1.300 firmas para la activación del referéndum revocatorio.
Prado dijo que de conformidad con el artículo 141 de la Constitución, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, como ente de la Administración Pública, está al servicio de todos los ciudadanos y se fundamenta en principios como la honestidad, la transparencia y la responsabilidad.
Agregó que de acuerdo con ese artículo Varela “no puede actuar como ministra en función de su filiación u orientación política. Está manejando recursos del Estado, por lo que esa conducta inconstitucional e ilegal no solo viola el valor constitucional supremo del pluralismo político, sino el principio de legalidad de los gastos presupuestarios del Estado”.
Prado se preguntó quién autorizó a la ministra a hacer el traslado de esos privados de libertad porque la normativa penal establece que se hacen solo en caso de velorio de un familiar cercano o a un hospital por motivos de salud o por la presentación ante un tribunal.
Prado también denunciará estos dos hechos ante el Comité contra la Tortura, el Relator de Personas Detenidas en las Américas y el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
