Desde el año 2005, Venezuela fue incluida en el capítulo IV.B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la “completa erosión del sistema democrático y la grave situación de derechos humanos” que azota a miles de venezolanos.
El más reciente informe de la CIDH expone una situación alarmante respecto a las personas privadas de libertad en Venezuela, que se destaca como una de las peores de la región. La falta de estadísticas oficiales actualizadas, la existencia de dos sistemas penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva son solo algunos de los problemas documentados.
“Se han denunciado condiciones de detención deplorables, así como actos de tortura y malos tratos. Esta situación ha aumentado los riesgos para las personas LGBTI y aquellas detenidas por motivos políticos (…) especialmente tras el completo deterioro del Estado de Derecho y la persecución por parte del Estado”, expone el informe de la CIDH, donde además aseguran que la dualidad del sistema penitenciario venezolano es un desafío importante.
Mientras que el sistema oficial alojaba en 2022 a 33.558 personas en 45 cárceles a cargo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, existe otro sistema paralelo de aproximadamente 500 calabozos de detención preventiva, donde para marzo de 2022 había alrededor de 35.000 personas en condiciones inhumanas y por períodos prolongados, a veces superiores a los 10 años. En el informe se resalta que la CIDH no logró acceder a información sobre la población detenida en 2023.
En otro orden de ideas, el hacinamiento es una de las principales preocupaciones, con tasas que superan el 200% en varios centros penitenciarios. En ese sentido, la CIDH enfatizó que el hacinamiento en sí mismo puede constituir un trato cruel e inhumano, violando el derecho a la integridad personal y urgió al Estado venezolano a tomar medidas urgentes para reducir el hacinamiento.
“Los elevados niveles de hacinamiento tienen como una de las causas el excesivo empleo de la medida cautelar de prisión preventiva observada en el país. De acuerdo con la sociedad civil, del total de las 33.558 personas detenidas en centros penitenciarios, 17.825 se encontraron sujetas a prisión preventiva. Estas cifras indicaron la aplicación de esta medida a una tasa del 53%”, reseña el capítulo IV.B del informe anual de la CIDH.
Usando como referencia la información enviada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) al sistema interamericano y universal de derechos humanos, el informe de la CIDH reseñó que, en 2023, las condiciones carcelarias de las mujeres en Venezuela presentaron problemáticas significativas.
“De las 2.560 mujeres privadas de libertad en el país, 82 son extranjeras, y se encuentran recluidas en espacios calificados como ‘improvisados’, con carencia de un enfoque de género adecuado. En su mayoría, las instalaciones destinadas para mujeres son anexos dentro de prisiones de hombres, lo que limita el bienestar y las necesidades específicas de las mujeres en reclusión. El hacinamiento crítico, alcanzando el 187,14 %, es una de las graves problemáticas, junto con la falta de asistencia médica, especialmente para las mujeres con hijos, y la ausencia de espacios adecuados para la maternidad dentro de las penitenciarias”.
Además, se identificaron problemáticas específicas para otros grupos vulnerables como las personas LGBTIQ+. “Especialmente las personas trans, no binarias o de género diverso, enfrentan dificultades significativas en los centros de detención, ya que los espacios no están adecuadamente preparados para alojar personas según sus identidades de género. A menudo, las personas trans se ven asignadas a centros de acuerdo con el sexo marcado en sus documentos de identidad, en lugar de ser considerados por su identidad de género. Asimismo, se conoció de la necesidad de esconder su orientación sexual o identidad de género para evitar agresiones y estigmatización tanto por parte de otros internos como por las autoridades penitenciarias es una triste realidad”.
Además, el informe resalta: “Los desafíos en el acceso a servicios de salud respetuosos para las personas LGBTI se evidencian en los obstáculos para obtener tratamientos hormonales y atención médica para enfermedades como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Incluso aquellas personas que previamente tenían acceso a antirretrovirales para el VIH dejaron de recibir tratamiento durante la pandemia de la COVID-19, actualmente careciendo de servicios para evaluar su estado de salud”. Esta información también fue recabada en nuestro informe “Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios en Venezuela”.
Persecución contra personas defensoras de derechos humanos
Según lo reseñado en el capítulo IV.B del informe anual de la CIDH, durante el año 2023 persistió un ambiente hostil para los defensores de derechos humanos en Venezuela. Este entorno estuvo marcado por campañas públicas de difamación promovidas por altos funcionarios estatales, así como por actos de estigmatización, hostigamiento y procesos de criminalización como represalia por su labor.
En el periodo 188 de sesiones de la CIDH, celebrado en noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil informaron que el Estado ha ajustado su enfoque represivo, pasando de una represión generalizada a un enfoque más selectivo.
“La organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) informó que, entre enero y septiembre de 2023, se registraron 421 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, lo que representa un aumento del 6,31% en comparación con 202232. En términos generales, la sociedad civil sostuvo que el Poder Ejecutivo intenta construir una narrativa del enemigo interno al vincular las acciones de personas defensoras de derechos con actividades delictivas, especialmente asociándolas con el terrorismo, la desestabilización y la amenaza a la paz del país”.
En ese sentido, sentenciaron: “La Comisión considera que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen liderazgos sindicales se enfrentan a una activa política pública de persecución, desacreditación y criminalización por parte del Estado. Es importante recordar que las personas defensoras, así como las organizaciones de la sociedad civil, son pilares fundamentales en toda sociedad democrática. Por tanto, es crucial que Venezuela se abstenga de manera urgente de tomar acciones o medidas que puedan representar una restricción desproporcionada al derecho de asociación y que puedan impactar negativamente en el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.
En torno a la situación de los presos políticos en Venezuela, el informe de la CIDH sentencia que en 2023 se continuó “observando la instrumentalización de la justicia en Venezuela para perseguir y detener a las personas opositoras o percibidas como tales, debido a la ausencia del Estado de Derecho y la cooptación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo”.
“Entre 2020 y 2023, la Misión Internacional Independiente documentó 58 detenciones arbitrarias, de las cuales, al menos 53 tendrían un carácter selectivo hacia opositores reales o percibidos. Tal es el caso de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, miembros de la oposición, profesores y otras personas que manifestaron reclamos hacia el gobierno como reivindicaciones laborales”.
En tanto, la Comisión urgió a Venezuela a “liberar a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y asegurar que sean respetadas todas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
