Los papeles de la prisión
Abandono penitenciario en Zulia El caso del CRPPJEZ
INTRODUCCIÓN
Tras la orden de la ministra de Servicios Penitenciarios para el traslado a diversos centros de reclusión fuera del estado Zulia de los procesados judiciales del Centro de Detenciones y Arrestos Preventivos Dr. Francisco Delgado -hecho ocurrido el 9 de abril de 2016-, surgió una manifiesta preocupación de los familiares de esos privados de libertad sobre sus condiciones de seguridad y sustento personal en los lugares de destino, así como reiteradas interrogantes acerca de la posibilidad de cumplir con el derecho a la visita.
Las organizaciones no gubernamentales Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) y Transparencia Venezuela, en conocimiento de testimonios directos de familiares y procesados relativos a esta situación, resolvieron hacer el seguimiento y documentación del caso.
Esta acción mancomunada condujo a la realización de dos inspecciones directas en el sitio dispuesto para la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ), obra prometida en 2012 por la ministra Iris Varela e iniciada en enero del año siguiente. Tales visitas exploratorias tuvieron por objeto corroborar la promesa oficial de que esas instalaciones contribuirían a reducir el hacinamiento penitenciario ya crónico en la región y aliviarían los problemas que motivaron al desalojo del retén ubicado en el sector El Marite, único centro de detenciones con el que contaba la ciudad de Maracaibo.
Desde la primera inspección fue ostensible para los activistas de OVP, CODHEZ y Transparencia Venezuela que el CRPPJEZ no estaba concluido, y peor aun, que los trabajos de construcción habían sido paralizados y las instalaciones sufrían un deterioro que pone en riesgo su recuperación. En el lugar de la obra, donde no había señales de vigilancia oficial ni privada, los representantes de las tres organizaciones fueron testigos de un hallazgo sorprendente: una copiosa e indeterminada cantidad de documentos de la contratista responsable de la construcción del centro revoloteaban entre sus escombros.
Los datos que aportó la revisión de informes, actas, comprobantes, comunicaciones escritas, fichas, memorias técnicas y planos y de ingeniería ayudaron a definir un caso de probable corrupción administrativa de grave pronóstico. El presente informe es producto, en gran medida, del análisis de esos documentos, los papeles de la prisión inconclusa y abandonada a su ruina por el Estado venezolano.
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