“Podemos decir que Tocuyito está cerrado; hemos acabado en Venezuela con las estructuras criminales mal denominadas ‘pranatos’, eso se acabó”, fueron las palabras del exministro en ese entonces. Sin embargo, un año después, las autoridades reportan con el mismo orgullo que en el Complejo Penitenciario de Oriente, mejor conocido como la cárcel de El Dorado, capturaron a 17 pranes.
Por si fuera poco durante el operativo también decomisaron 353 armas blancas, dos fusiles, siete pistolas, dos revólveres, una escopeta, una subametralladora y una granada fragmentaria, además de 278 celulares, dos antenas Starlink, 150 cargadores de teléfonos móviles, una tablet, 20 router y 200 metros de cables, según el diario Últimas Noticias, el 5 de noviembre de 2024.
Antes de continuar, recordemos que la responsabilidad del tráfico de armas y drogas dentro de los penales es compartida. La seguridad externa está en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que permite el contrabando a través de las garitas y el acceso de funcionarios, visitantes, entre otros; e internamente son los funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario quienes permiten la circulación de armas en las áreas de trabajo y deportivas, el comedor, etc. Algo es seguro, para que entre una aguja en un penal, primero pasó por las manos de la GNB.
Ahora bien, al parecer los pranes no solo no desaparecieron, sino que parece que estaban muy cómodos en sus puestos, azotando a las comunidades aledañas al penal y a 1396 presos que sobreviven en la cárcel de El Dorado, conformado por La Máxima, el Centro Precursor Hombre Nuevo y Casa Amarilla.
Muchas preguntas quedan en el aire: ¿cómo es posible que el “desmantelamiento total” de 2023, tras la intervención de siete penales, resulte en 17 pranes controlando una cárcel en 2024? Parece que las declaraciones oficiales sobre seguridad penitenciaria tienen vida propia, adaptándose como mejor les convenga. La ironía es evidente: mientras se dice que las cárceles están bajo control, la realidad muestra lo contrario.
Pero el pranato aparentemente no era el único problema de la cárcel de El Dorado, ya que dentro de ella también habitaban delincuentes que no solo azotan a diferentes estados de Venezuela, sino que sus tentáculos alcanzaron a algunos países de Latinoamérica con delitos como minería, secuestro, narcotráfico, trata de personas, homicidio y extorsiones.
“Las estructuras delincuenciales conocidas como Tren del Llano y Tren de Aragua habían tomado el Complejo Penitenciario de El Dorado, informó el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, quien proclamó la desarticulación de esas bandas con la toma de esos penales”, reseñó Últimas Noticias, el 6 de noviembre de 2024.
En este punto es importante recordar que, en un verdadero ejercicio de perseverancia, las autoridades venezolanas han “desmantelado” al Tren de Aragua no una, sino varias veces. La primera fue en 2019, la segunda en 2023 y, para asegurarse de que quede claro, en noviembre de 2024 informan nuevamente que estas peligrosas organizaciones ya no existen.
Durante la intervención en 2023 del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, el exministro Ceballos aseguró que el Tren de Aragua estaba desmantelado en su totalidad con la detención de 88 personas que aportaban “datos de interés criminalístico muy importantes”. El 19 de marzo de 2024, el fiscal general Tarek William Saab también confirmó el desmantelamiento de esta peligrosa banda criminal en dos etapas, una en 2019 y otra en 2023, con aproximadamente 100 detenidos y otras 100 órdenes de aprehensión con Interpol.
En este punto podemos imaginar que el Tren de Aragua tiene ya un manual de cómo reorganizarse después de cada desmantelamiento, sin importar cuántas veces lo “eliminen”.
Los privados de libertad y sus familiares son las únicas víctimas
Mientras las autoridades aseguran que “desmantelaron” las redes de control de los pranes y estructuras como el Tren de Aragua, la realidad dentro de las prisiones sigue siendo una historia de hacinamiento, vulneración de derechos humanos, violencia y condiciones inhumanas para quienes viven bajo el sistema penitenciario.
En este contexto, los privados de libertad no solo sufren el olvido y la precariedad, también están a merced de las mismas estructuras de poder que el régimen de Maduro dice haber desmantelado.
Los privados de libertad, muchas veces en espera de juicio o condenados por delitos menores, son en gran parte víctimas de un sistema que falla en garantizarles condiciones mínimas de vida digna. Mientras las cárceles permanecen supuestamente bajo control, muchos reclusos siguen bajo la amenaza y el control de los llamados pranes, enfrentando una violencia que las intervenciones y las promesas de desmantelamiento no han logrado erradicar.
Estos reclusos, privados de voz y visibilidad, no tienen acceso a una defensa justa, a atención médica o siquiera a servicios básicos. En algunos casos, son extorsionados por aquellos mismos que deberían estar bajo el control del sistema, y en otros se ven forzados a realizar trabajos o contribuir a actividades ilícitas de las que no pueden escapar.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), enfatizó que resulta fundamental que el sistema penitenciario en Venezuela adopte un enfoque centrado en los derechos humanos y la justicia para todos los internos.
“De las siete cárceles intervenidas en 2023, solo funcionan dos: Tocuyito y Tocorón, que además fueron abiertas nuevamente para detenidos arbitrariamente por el régimen y no para descongestionar los calabozos policiales, en los que hay presos que tienen hasta más de cuatro años, cuando no deberían permanecer en estos espacios durante más de 48 horas. Me pregunto: ¿Qué pasó con las demás cárceles intervenidas?”, agregó el director del OVP.
Destacó: “Me preocupa mucho el desalojo de la cárcel de El Dorado, ¿para dónde van a llevar a esos 1404 presos? Las cárceles más cercanas están cerradas, que son la de Vista Hermosa en Bolívar y La Pica en Maturín, entonces ¿los van a llevar a sus penales de origen o serán trasladados a otros recintos que tienen hacinamiento crítico? Definitivamente el problema penitenciario no son los presos ni las cárceles, sino las autoridades que no tienen experticia y lo que hacen es inventar políticas para experimentar con los seres humanos que están bajo su custodia”.
En ese sentido, el abogado y defensor de derechos humanos instó al ministro Julio García Zerpa para que solicite la retirada gradual de la GNB de todos los penales del país, y que el MPPSP asuma por completo la responsabilidad del control y seguridad en las cárceles.
“Mientras existan estos dobles mandos, donde el capitán de la GNB reporta a su comandante y el director de la cárcel a su ministro, el flujo de armas y corrupción seguirá sin control. ¿Se atreverá el ministro a tomar esta medida o no se lo permitirán?”, agregó.
Para finalizar, Prado lamentó que los privados de libertad sigan siendo las víctimas más vulnerables en este sistema que ha perdido su enfoque en la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos. “El verdadero desmantelamiento que necesita el sistema penitenciario es el de la indiferencia y la ineficiencia que dejan a estas personas en condiciones inhumanas”, concluyó.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Eligio Rojas
