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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron ayer el cierre de espacios de participación política en Venezuela y alertaron sobre su impacto en la democracia del país.
En un comunicado emitido desde su sede en Washington, la CIDH afirma haber “seguido con suma preocupación las distintas formas en que, a través de la aplicación de la ley o al margen de ella, se han impuesto serias limitaciones al pluralismo en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión” en Venezuela.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, lamenta “los obstáculos impuestos por las autoridades para que los ciudadanos venezolanos puedan participar en elecciones libres y confiables”.
El organismo también reprocha la progresiva supresión de facultades constitucionales del Congreso mayoritariamente opositor, y la detención arbitraria y el encarcelamiento de opositores y de aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno o se expresan a través de los medios de comunicación, entre otras acciones.
La Comisión y su Relatoría Especial manifiestan especial preocupación por la decisión del 20 de octubre del Consejo Nacional Electoral de suspender, de manera indefinida, el proceso de recolección de firmas del referéndum revocatorio presidencial impulsado por partidos de la oposición y sectores sociales.
“Todas estas medidas –precisa la nota– han tenido lugar en un contexto de profundo debilitamiento de la separación de poderes públicos en el país y de crisis económica, alimentaria y sanitaria que continúa afectando los derechos a la salud, vida e integridad personal de la población en general”, agrega.
La CIDH hace un llamado urgente al Estado venezolano a “cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
En concreto, la Comisión Interamericana pide: “Respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación en la vida política en el país de todos los sectores”.
